EDITORIAL
Un día después de que el aspirante presidencial de las izquierdas,
Andrés Manuel López Obrador, presentó evidencia documental sobre operaciones
financieras irregulares por conducto del grupo financiero Monex –presumiblemente
realizadas en favor de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto–, los
dirigentes nacionales del PAN, Gustavo Madero, y el PRD, Jesús Zambrano,
anunciaron que interpondrán una denuncia conjunta ante la Procuraduría General
de la República (PGR) por presunto lavado de dinero durante la pasada contienda
electoral, y exigieron a la dependencia encabezada por Marisela Morales que
resuelva el caso a la brevedad, antes de que concluya el proceso de validación
de los comicios presidenciales por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF).
Adicionalmente, en horas recientes han salido a la luz pública elementos de
información que despejan dudas sobre los vínculos entre las turbias operaciones
financieras de Monex y la candidatura presidencial del PRI, como el hallazgo de
que el domicilio fiscal de una de las empresas que fondearon al grupo financiero
–Comercializadora Efra– corresponde a la dirección de un despacho de abogados
cercanos al tricolor y al propio Peña Nieto. Dicho elemento consolida
los indicios de que el supuesto triunfo electoral del candidato priísta pudo
fabricarse –al menos en parte– sobre la base de delitos graves, como el lavado
de dinero, y hace que la petición de los dirigentes del sol azteca y el
blanquiazul adquiera mayor pertinencia y necesidad: sin un pleno
esclarecimiento del caso de las autoridades judiciales correspondientes, el
fallo del TEPJF sobre la validez de los comicios quedaría obligadamente
incompleto, y se corre el riesgo de que ese órgano jurisdiccional termine por
avalar prácticas que no sólo vulneran los preceptos democráticos más
elementales, sino el marco legal del país en su conjunto.
Por otra parte, la petición de los dirigentes partidistas es imprescindible
ante el desempeño errático, complaciente y omiso de las autoridades formalmente
encargadas de supervisar los presuntos financiamientos irregulares en las
campañas electorales y fuera de ellas. Ayer mismo, el Instituto Federal
Electoral (IFE) sostuvo que
hasta el momento no se ha acreditado ningún delito por partido algunodurante la elección presidencial, señalamiento que resulta improcedente, porque contradice lo expresado por el propio titular del organismo, Leonardo Valdés –en el sentido de que el PRI no ha sido exonerado por el caso Monex y que sigue abierta esa investigación–, porque soslaya la masiva documentación sobre delitos propiamente electorales que ha sido ampliamente difundida y conocida por la opinión pública, y porque pasa por alto una consideración elemental: para que una elección sea legal y válida no basta con que cumpla los criterios de la normativa electoral: también debe apegarse a lo estipulado en los códigos civiles y penales vigentes y al marco constitucional. Ese requerimiento incluye, desde luego, la ausencia de sospechas sobre el uso de recursos de procedencia ilícita por alguno de los contendientes.
En ese sentido, los reclamos formulados por los consejeros Lorenzo Córdova y
Marco Baños a los presidentes nacionales de PAN y PRD de que deben ser
responsablesy no pedir al IFE violentar la legalidad tendrían que ir dirigidos antes al propio órgano electoral que a los partidos.
En lo que toca al gobierno federal, la manifiesta incapacidad de éste para
impedir el flujo de dinero presumiblemente ilícito a la campañas presidenciales
se agrava con actos como la reunión sostenida entre su titular, Felipe Calderón,
y el propio Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos, el pasado
miércoles: ese hecho, improcedente y apresurado por donde se le mire, por cuanto
el político mexiquense no es aún presidente electo, podría además colocar al
jefe del Ejecutivo federal como anfitrión de un candidato beneficiado por lavado
de dinero en caso de que se confirmen las acusaciones del Movimiento
Progresista, y ello daría un nuevo duro golpe a la investidura presidencial y
socavaría aun más el pretendido afán legalista de la administración que está por
terminar.
En suma, el esclarecimiento no sólo es necesario para transparentar una
elección presidencial que ha distado mucho de ser
limpia y ejemplar, como sostuvo el IFE desde la noche del primero de julio, sino también para restañar en alguna medida el daño que las autoridades se han provocado a sí mismas por su actitud omisa, parcial y poco responsable. Si el IFE, el TEPJF y la propia PGR no actúan en ese sentido, podrían llevar el descrédito del conjunto de la institucionalidad política a un punto de no retorno.
Publicado originalmente en:
No hay comentarios:
Publicar un comentario