Jesusa Cervantes y
José Gil Olmos
Finalmente José Luis Ponce de Aquino fue tomado en serio por las
autoridades electorales en el caso de la compra masiva de votos por parte del
PRI y el presunto financiamiento ilegal de la campaña peñista… O al menos eso
parece por lo pronto. El empresario estadunidense que demandó en una corte de
California al equipo de Enrique Peña Nieto, presuntamente por incumplimiento de
un pago millonario, lanza acusaciones más graves, que documenta ahora
Proceso. Según él, la maraña de maniobras financieras
para alimentar la campaña priista tiene alcance internacional, así como
probables nexos con el crimen organizado.
Desde México pero con ramificaciones en otros países, varios políticos y
empresarios echaron a andar una compleja operación financiera a fin de
triangular recursos millonarios y comprar la Presidencia de la República en
favor de Enrique Peña Nieto. En esta compleja operación además hay indicios de
lavado de dinero.
Datos en poder de Proceso indican que se trata de una
operación financiera con alcances en España, Italia, Israel y Estados Unidos
donde se triangularon los recursos que finalmente fueron depositados en Banca
Monex para ser usados por el PRI en la campaña de Peña Nieto.
En este entramado salen a relucir los nombres de personajes ligados al
candidato presidencial del PRI y de las empresas GAP, HIGO, Jiramos y GM Global,
así como de los bancos Monex y Mifel.
El esquema es similar al de las operaciones de lavado de dinero del crimen
organizado, sostiene el diputado petista Jaime Cárdenas, cabeza del equipo
jurídico de la coalición Movimiento Progresista y quien siendo consejero del
Instituto Federal Electoral (IFE) participó en la investigación del caso Amigos
del Fox, donde se triangularon millones de pesos del extranjero para la campaña
del candidato presidencial panista en 2000.
La investigación pendiente
La Unidad de Fiscalización del IFE ya tiene una línea de investigación que
apunta hacia la localización de dinero presumiblemente transferido desde el
exterior. Así está considerado en su informe sobre el avance de las
investigaciones derivadas de las quejas que por separado hicieron el PRD y el
PAN contra el PRI por la presunta compra de votos a través de las tarjetas Monex
Recompensas, usadas también para pagar a delegados y representantes de
casilla.
Entre las líneas de investigación incluidas en el expediente Q-UFRPP 58/12 de
dicha Unidad a cargo de Alfredo Cristalinas Kaulitz, en lo referente al cuarto
punto –establecimiento del uso y vinculación de las tarjetas Monex con el
proceso electoral– se prevé investigar desde cuáles países se dispusieron los
recursos y las empresas relacionadas con los partidos políticos para el fondeo y
uso de dichas tarjetas.
En la ruta de indagación –hecha pública en la sesión del jueves 26– en primer
lugar está la identificación de las modalidades de fondeo y uso de las tarjetas.
En segundo, la determinación de las erogaciones realizadas en cada una de las
tarjetas de todos los lotes y aquí es donde se señala que verían la fecha de las
operaciones, su monto y la ciudad y país de disposición de los recursos.
Además se investigará la relación de las personas físicas “representaciones
legales, socios accionistas, apoderados, empleados de las personas morales,
entre otros”, con los partidos políticos.
Es aquí donde la Unidad de Fiscalización busca la hebra para desentrañar la
compleja estrategia financiera de millones de dólares para la campaña de Enrique
Peña Nieto, que el pasado 14 de junio reveló el empresario estadunidense de
origen mexicano José Luis Ponce de Aquino, propietario de la empresa televisiva
Frontera Televisión Network LLP.
En una denuncia interpuesta en Estados Unidos, Ponce de Aquino dijo que en
octubre del año pasado operadores de Enrique Peña Nieto le ofrecieron un
contrato de 56 millones de dólares a cambio de promover en ese país al candidato
presidencial del PRI el tiempo en que durara la campaña en México.
El empresario afirmó que le constaba haber visto que esta cantidad de dinero
fue depositada por los representantes del candidato presidencial del PRI en
Banco Monex y Banca Mifel en un solo día.
No sólo eso sino que dijo haber atestiguado la transferencia bancaria de
supuestas cuentas con dinero de procedencia desconocida, radicadas en bancos de
Italia, Israel “y otro portugués o brasileño” a una cuenta en la sucursal de
Banca Monex en la Ciudad de México a nombre de la empresa Jiramos, propiedad de
Alejandro Carrillo Garza Sada, quien lo contactó para hacer la campaña
publicitaria del priista en Estados Unidos.
En la demanda interpuesta en la Corte de Distrito Central de California por
fraude, luego de que presuntamente los representantes de Peña Nieto incumplieron
el pago para hacer circular los 56 millones de dólares en depósitos realizados
en Monex y Mifel, el empresario dice algo más grave: sospecha que pudiera haber
dinero del crimen organizado en esas transacciones.
En el expediente de la Unidad de Fiscalización del IFE se señala al respecto:
“Que el C. José Luis Ponce de Aquino afirma haber recibido amenazas de muerte de
los C. José Carrillo Chontkowsky y Alfredo Carrillo Chontkowsky, así como de
Hugo Vigues, quienes le advirtieron que los 56 millones de dólares que iba a
recibir por una campaña de imagen en Estados Unidos para el aspirante priista
‘procedían de empresas relacionadas con el narco’, que el empresario Alejandro
Carrillo Garza Sada le advirtió: ‘Más vale que no haga nada porque hasta le voy
a prohibir que entre a México y le voy a quitar su empresa’, esto último por
conducto de su representante, el C. Francisco Torres”.
Al denunciar públicamente esta historia, Ponce de Aquino hizo que el
Movimiento Progresista y el PAN interpusieran por separado sendas quejas ante el
IFE contra el PRI por presunto manejo de recursos “de procedencia desconocida” y
que las autoridades financieras comenzaran a buscar el país de origen y la ruta
de esos 56 millones de dólares que el empresario asegura fueron depositados en
Monex y Mifel y que sirvieron para la campaña de Peña Nieto.
Camerino Eleazar Márquez, representante del PRD ante el IFE, sostiene que la
Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores así como la Unidad de Fiscalización del Instituto ya deben tener los
datos duros y concretos de estas transferencias y los números de cuentas,
montos, flujo financiero y dispersión de los recursos.
El pasado 19 de junio el perredista hizo una petición a la Unidad de
Fiscalización para que se le informara de los avances de la investigación sobre
este caso. Alfredo Cristalinas respondió en el oficio UF/DRN/7194/2012 que esa
información estaba reservada hasta concluir las indagatorias.
“No hay manera de poder ocultar el escándalo de los recursos que triangularon
en Monex. Es evidente que el sistema financiero no es exclusivo para México,
estamos en una época en la que todo está interactuando; vimos en el caso del
banco HSBC que fueron instancias externas las que detectaron el lavado de
dinero. Además hay antecedentes de averiguaciones previas de lavado de dinero en
Monex producto del trasiego de la droga en España y otros países de Europa. Esto
obra en expedientes y por lo tanto sería una línea de investigación que las
autoridades deben de investigar”, sostiene el perredista.
(Extracto del reportaje que aparece esta semana en la revista
Proceso 1865)
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