Enrique Calderón Alzati /II
Continuando con mi reflexión en torno al enorme costo que hubo de
pagar el país durante estos años por el fraude electoral que hizo posible a
Felipe Calderón acceder a la Presidencia de la República, con todos los riesgos
que este personaje implicaba y que a lo largo de casi seis años se han hecho
evidentes, procedo a comentar lo que hoy surge como una amenaza más para nuestro
país; a la luz de los hechos y tomando en cuenta las formas y los medios por los
que el señor Enrique Peña Nieto
obtuvo la mayor votaciónen las pasadas elecciones, con una interrogante medular: ¿cuál será el costo de este nuevo fraude electoral, si las actuales manifestaciones sociales no hacen cambiar de opinión a las autoridades electorales, tal como lo vienen afirmando cotidianamente en torno a la anulación de este proceso, que ya es hoy un referente de oprobio y desprestigio para nuestro país, a la vez que un motivo de indignación generalizada?
Hoy es claro que el estancamiento de la economía mexicana, su pérdida de
liderazgo, su creciente lejanía del progreso y su triste imagen en el entorno
internacional, como resultado de la creciente corrupción, la impunidad, la
violencia y la inseguridad, así como el modelo de desarrollo que los sucesivos
gobiernos nos han impuesto desde hace más de dos décadas, habrán de continuar
sin el menor cambio, con todas sus consecuencias para millones de mexicanos que
seguirán tratando de emigrar al extranjero, aun bajo riesgo de perder la vida o
al menos su libertad en el intento, en virtud de la imposibilidad de obtener un
empleo digno, ya que el modelo de liberalismo económico impuesto por Carlos
Salinas continuará no sólo vigente, sino amplificado a partir de las
experiencias acumuladas en este tiempo.
Para el resto de la población, los que por una razón o por otra decidamos, o
nos veamos forzados a seguir viviendo en nuestro país, las posibilidades de un
cambio y mejoría económica para nuestras familias y comunidades, simplemente no
existen, pues al igual que las de su antecesor Felipe Calderón, las promesas de
Peña Nieto sólo serán válidas para la minoría privilegiada, que ha sido
beneficiada por este gobierno y los anteriores y a la que por supuesto le
interesa seguir en lo mismo. A ello obedecen, desde luego, los intentos de
acallar y minimizar las manifestaciones generalizadas y crecientes en todo el
país de rechazo al proceso electoral, pidiendo su anulación y restitución
inmediata.
Del combate a la impunidad y la corrupción, dos de los grandes problemas
nacionales, nada debemos esperar con sólo observar quiénes son los individuos
que conforman el círculo cercano al candidato Peña Nieto, pues si los de Felipe
Calderón sin experiencia previa lograron hacerse de enormes fortunas en unos
cuantos años, imaginemos las nuevas actuaciones de los Salinas de Gortari, los
Osorio Chong y demás colaboradores de vieja y
nuevaestirpe que conforman el círculo cercano de Peña Nieto, de los cuales nos han dado ya una clara muestra de su capacidad e inventiva. Por otra parte, ¿qué podemos esperar de alguien que fue capaz de exonerar a su antecesor y pariente, el señor Arturo Montiel, respecto a la impunidad? De hecho, es posible vaticinar desde ahora el magnífico futuro que tendrá el mismo Felipe Calderón, quien lejos de tener que responder por sus delitos, omisiones e irresponsabilidad, y los enormes daños causados a miles de familias sumidas en la tragedia, podrá gozar de una vida de abundancia, producto de esas acciones y omisiones, seguramente hoy con un pacto que le asegure no ser tocado, a cambio de su aval al supuesto triunfo de Peña Nieto, así como su permisividad ante el desvío ilegal de recursos públicos millonarios, usados para la campaña y la compra de votos por los gobiernos estatales priístas.
Debemos pensar también en los costos que tendría una posible consumación de
este nuevo fraude electoral en los términos –ya vividos– de un presidente que
inicie su gobierno bajo la sombra de la ilegitimidad, en un escenario de
violencia e incertidumbre generada por el creciente poder de los grupos
delictivos que hoy parecen controlar amplios territorios de la nación, como
resultado de las facilidades de lavado de dinero e introducción y tráfico de
armamento. Todo ello se traducirá necesariamente en una crisis de
ingobernabilidad de facto, que podría reducirnos al establecimiento de
una dictadura militar, sin garantías individuales (de lo cual parecemos estar
cada día más cerca) ni posibilidades de crecimiento económico y desarrollo
social alguno, como consecuencia de la incertidumbre en que vivimos, o bajo la
intromisión mayor de intereses extranjeros con un gobierno a su modo y
conveniencia, para después lavarse las manos y decir plácidamente, como un
funcionario dijo hace unos años en relación con la caída de la inversión
extranjera:
... todos tenemos la culpa.
Suponiendo que un posible gobierno de Peña Nieto pudiese imponerse, nos debe
quedar claro que mucho de lo que hoy tenemos continuará vigente, en virtud de
que quienes realmente estarán ejerciendo el control de las políticas
gubernamentales serán los mismos que lo han ejercido en este sexenio, en el de
Fox y en los últimos y lamentables gobiernos priístas, que ven ambos partidos
como una especie de ropaje que pueden cambiar mientras el anterior es mandado a
la tintorería para recibir desmanchado.
De esta manera, seguiremos viviendo en un sexenio caracterizado por el
tráfico de influencias, el derroche de recursos públicos para la promoción
personal del presidente de la República, de los gobernadores y de algunas
figuras complementarias y huecas, todo ello con grandes beneficios para las
televisoras y sus empresas satélites. Del mismo modo, estaremos enfrentándonos a
las mismas políticas clientelares de otorgamiento de migajas, como sustitución
de los derechos sociales básicos en materia de salud, educación y empleo, en
virtud de la carencia de un verdadero plan de desarrollo, orientado a impulsar
la productividad del país mediante la generación de empresas capaces de competir
en el mercado internacional.
Del mismo modo, la producción de energía eléctrica y el manejo de los
recursos no renovables como el petróleo y los minerales seguirán inmersos en las
mismas políticas de parálisis, estancamiento del desarrollo tecnológico interno,
centralismo y explotación irresponsable, como sustitutos para una reforma fiscal
orientada a que pague más quien más tiene y quien más beneficios recibe,
convirtiendo a México en una especie de paraíso fiscal para los bancos, los
negocios financieros y las operaciones accionarias.
Hoy me atrevo a pensar que todo esto junto es lo que motiva la imperiosa
necesidad que se viene expresando cada día con más fuerza en todos los rincones
del país, de anular el proceso electoral, considerándolo como la violación de la
voluntad popular misma, mediante millones de votos comprados en una operación
totalmente ilícita, de acuerdo con los preceptos constitucionales que conforman
el verdadero pacto nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario