Por: Redacción / Sinembargo
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó ayer las primeras cuatro impugnaciones de la elección presidencial, mismas que había sido presentadas por ciudadanos y por el PRD, para casos de Baja California Sur y el Estado de México.
Sin embargo, esto apenas comienza.
No hay que olvidar que, en total, se han presentado 364 recursos de para impugnar y, luego, invalidar la elección presidencial bajo el argumento de que no fue “libre, equitativa e imparcial”, por lo que, en los siguientes días, los magistrados que integran la Comisión Calificadora del proceso electoral para la Presidencia de la República, Flavio Galván Rivera, Constancio Carrasco Daza y Salvador Olimpo Nava Gomar, estarán en la mira de los ciudadanos, los partidos y los medios.
Pero no sólo ellos, también el resto de los magistrados del TEPJF –José Alejandro Luna Ramos, María del Carmen Alanís Figueroa, Manuel González Oropeza, Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López– tienen el reto de actuar con transparencia y en los plazos legales que rigen el proceso electoral.
El plazo máximo para resolver la elección presidencial es el 6 de septiembre, aunque en el caso de los juicios de inconformidad relacionados con el Congreso de la Unión, ese órgano colegiado informó que antes del 19 de agosto deberán quedar resueltos, ya que las tareas legislativas deberán arrancar el 1 de septiembre.
Hasta que se agote el proceso iniciado ayer, cada una de sus diligencias, requerimientos, informes, visitas y demás actuaciones, también serán vigiladas por los ciudadanos, particularmente por los millones de mexicanos que han mostrado su inconformidad contra el pasado proceso de elección presidencial, desde el inicio de la campaña y hasta el 1 de julio pasado.
Los magistrados, como juzgadores, tienen en sus manos una enorme responsabilidad. No se trata sólo de declarar un ganador de los comicios para Presidente de la República –que ahora se debate entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador– sino de convencer a todos los mexicanos de que la sentencia será justa y aplicada a las leyes vigentes.
Abrir más vertientes a las dudas que ahora se intercambian entre los ciudadanos de a pie y que también acaparan espacios en los medios de comunicación, no le conviene a nadie. Menos todavía a quien, finalmente, sea declarado vencedor de la contienda.
De esos magistrados depende entonces que las resoluciones sean claras y no dejen cabos sueltos, para no repetir el escenario de 2006, donde aun con violaciones a la Constitución y a la ley electoral en la promoción de la imagen de Felipe Calderón Hinojosa –reconocidas por el propio organismo–los magistrados no se atrevieron a detenerlo en su camino a Los Pinos.
El costo de tener un Presidente deslegitimado ha sido alto. Ellos bien que lo saben.
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