Carta enviada a Reporte Indigo por Andrea Pérez y Pérez, abogada constitucionalista.
Por Indigo Staff
Le envío un cordial saludo y le recuerdo nuestra conversación con Porfirio Muñoz Ledo en Quito, Ecuador, sobre las elecciones en México.
Quiero comentarle que sus declaraciones han causado estupor en segmentos importantes de la sociedad mexicana que admiran y reconocen en usted toda una vida de lucha por la democracia y los derechos humanos. Por ello me tomo el atrevimiento para manifestarle mi opinión sobre su artículo “Saber ganar y saber perder”, publicado por Reporte Indigo el día 16 de julio del presente. Comentaré sus ideas en el mismo orden como aparecen en su escrito:
Es polémica la apología que usted hace a la democracia representativa cuando ésta se encuentra en crisis, el tema merece una discusión mayor, que ya se está manifestando en la academia, en el análisis político, pero sobretodo en la movilidad social de nuestro tiempo. Ejemplo de ello, en América, es la República del Ecuador que la ha complementado con modelos de democracia directa y participativa; en Europa, de manera particular en España, los indignados han puesto en tela de juicio los esquemas de representación política vigentes y en oposición a ellos han reivindicado una democracia auténtica y real que supere las intermediaciones y posibilite de manera directa la participación ciudadana en las decisiones públicas.
Coincido con su planteamiento de elevar el fraude electoral a la categoría de golpe de Estado.
Quienes vivimos en México conocemos perfectamente el grado de intromisión y vileza con el que los poderes fácticos han tratado de doblegar a las instituciones públicas del país, el ilegal apuntalamiento de la campaña de Peña Nieto por parte de las televisoras desde hace más de 5 años, el descomunal rebase a los topes de campaña, la inducción del voto vía encuestas notoriamente propagandísticas, la coacción y compra del voto, la abusiva puesta en práctica de programas sociales en los meses previos a la elección por parte de los gobernadores del PRI en los estados, el usufructo político de la miseria de la población, entre otros hechos, que desde nuestra perspectiva constituyen una maquinación por fases de un fraude electoral.
Refiere usted una presunta debilidad de las pruebas del candidato de la izquierda, como si todo se pudiese probar con un cuerpo material del delito (como tradicionalmente lo exige el derecho penal), en relación a esto quiero comentarle que la legislación y la jurisprudencia electoral mexicanas prevén figuras como la anulación genérica de la elección, la invalidez de la elección por violaciones a principios constitucionales, la causa abstracta de nulidad y otras que pudiera interpretar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todas ellas previstas para sancionar escenarios donde se hubiesen desplegado prácticas generalizadas con la intención de adulterar la voluntad ciudadana, que sin ser cuantificables, sí son determinantes en el resultado de la elección.
De hecho Alianza Cívica, A. C. -un organismo no gubernamental de mi país que cuenta con reconocido prestigio nacional e internacional- documentó con una rigurosa metodología que al menos el 28 por ciento de los encuestados (considerando que el padrón electoral cuenta con 79.5 millones de electores, por lo cual dicho porcentaje representaría cerca de 24 millones de votantes) había sufrido coacción o compra del voto, de cuya práctica se señala como responsable en un 71 por ciento al PRI (lo cual representa una cantidad por mucho superior a la diferencia que existe entre el primer y segundo lugar). El estudio está disponible en línea, consultado en julio de 2012.
Por razones semejantes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidó la elección municipal de Morelia en el Estado de Michoacán, consideró que se habían conculcado los principios constitucionales en materia electoral consagrados en el artículo 41, párrafo segundo que señala: “La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas…”.
Por otra parte me resulta sorprendente -por el carácter inédito- su afirmación de que Peña Nieto es un demócrata. En mi país, ni sus más histéricos defensores han llegado a esos extremos de adjetivación.
Afirma también que la diferencia de 3 millones de votos es la mayor razón para que el candidato de la izquierda se desista de impugnar. Con ello se le niega el elemental derecho que tiene para defender la legalidad del proceso electoral y para sentar precedentes de que este tipo de prácticas no deben repetirse jamás. Se le exige una rendición incondicional, se soslaya que representa la voluntad de más de 15 millones de mexicanos y se pretende colocar a todos en un lamentable estado de indefensión frente a violaciones de autoridad graves e irreparables. En suma se le niega su derecho a la justicia.
Andrés Manuel López Obrador ha actuado con gran responsabilidad, se ha abstenido de convocar a seguidores siquiera al ejercicio de sus derechos constitucionales como sería la manifestación pública. Con espíritu republicano se encuentra a la espera de que resuelvan las autoridades competentes y, no obstante ello, ha sido el centro de ataques calumniosos –desde México y el exterior— por supuestamente generar inestabilidad política y social.
Desconcierta la condición de víctima que atribuye usted a Enrique Peña Nieto y la calificación de legítima que concede ya a la elección, cuando en México sabemos que la inmensa mayoría de los medios de comunicación, sobretodo los más poderosos, se encuentran atrás y al lado de él. Han mantenido un silencio cómplice ante la aparición de evidencias sobre la ilegal triangulación de fondos cuyo origen aún se desconoce. También callaron ominosamente ante el despropósito de las declaraciones del presidente del Tribunal Electoral en las cuales, sin haber recibido formalmente la impugnación, se anticipó y prejuzgó sobre el resolutivo final al afirmar que “no se ganará en la mesa lo que no se ganó en las urnas” y de manera cínica no se abstiene de participar de dicho debate judicial, cuando la ley lo obliga a recusarse de este litigio.
Hago eco de sus palabras: es necesario saber ganar y saber perder, también es necesario y sobretodo una obligación cívica saber defender la legalidad cuando las circunstancias así lo exigen.
Quedo en atenta espera de sus comentarios y le envío un abrazo fraterno.
Atentamente
Andrea Pérez y Pérez
Abogada constitucionalista
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