Álvaro
Delgado
La derrota en las urnas profundizó aún más las diferencias entre las
corrientes del PAN, tanto que sus militantes no se ponen de acuerdo acerca de
cómo y cuándo se reunirán para “reflexionar” sobre el futuro de ese partido.
Juan José Rodríguez Prats, de vieja militancia y ninguneado por el propio
presidente Felipe Calderón y Gustavo Madero, sostiene que el reto es deslindar
la relación gobierno-partido. “Eso es lo fundamental”. También pone el acento en
los miles de panistas –muchos de ellos de la casta dorada de la burocracia
federal– que pasarán al desempleo a partir del 1 de diciembre.
En medio de la disputa de facciones por el control del Partido Acción
Nacional (PAN) y la “reflexión” cupular de la debacle, así como el activismo de
Felipe Calderón para mantener el control partidario y neutralizar la sospecha de
pactar con el priista Enrique Peña Nieto, hay una única certeza: Miles de
panistas en el gobierno federal se sumarán a las filas del desempleo a partir
del 1 de diciembre.
La nómina federal –una casta de funcionarios con onerosos sueldos y
prestaciones– fue precisamente un instrumento de Calderón para controlar y
cohesionar a su grupo político que, ahora dividido y hasta confrontado, fue
hegemónico en el sexenio en los órganos de dirección del PAN, particularmente el
Consejo Nacional y el CEN.
Ante la renuncia que deben presentar en el gobierno federal, a más tardar el
1 de diciembre, los panistas de la alta burocracia federal exploran a qué
dedicarse: Unos a asociarse en consultorías, otros quieren cabildear en el
Congreso, algunos incorporarse al sector privado y hasta cancelar su afiliación
para quedarse en el próximo gobierno.
Pero el drama del desempleo de miles de burócratas panistas, como el que
padecen más de 2 millones y medio de mexicanos –el 4.98% de la población
económicamente activa–, es sólo una parte de lo que sufre el PAN tras el
desastre del 1 de julio, explica el exsenador Juan José Rodríguez Prats:
“Hay varios grupos. Los preocupados: qué voy a hacer el próximo sexenio; los
desertores, que están pensando en largarse; los felices, que ya resolvieron su
problema económico; los decepcionados, que dicen que los principios no sirven;
los soñadores, que preguntan dónde está el PAN de los fundadores, y los que
seguimos continuando (sic).”
La nómina federal –que en los mandos medios y superiores son unos 25 mil
servidores públicos, 2 mil de ellos de la casta dorada– fue uno de los
mecanismos de poder que usó Calderón para someter al PAN, en contravención a lo
que dispone el Código de Ética de los Servidores Públicos, de carácter
obligatorio para todos los militantes.
Esa disposición establece en el artículo 31: “Evitaré usar o permitir el uso
del cargo o comisión para coaccionar o inducir alguna conducta a la militancia
panista. Respetaré el derecho de los subalternos a votar libremente en las
asambleas o convenciones partidarias.”
La realidad fue la contraria, asegura Rodríguez Prats: Calderón manipuló,
desde que asumió el Ejecutivo, los órganos del PAN para imponer a Germán
Martínez y César Nava, a cuyo sometimiento se sumó Gustavo Madero, el actual
presidente. “El Código de Ética fue una burla. Se violó desde el principio”.
Pero así como Calderón usó la nómina federal para colocar a sus
incondicionales y comprar lealtades, observa Rodríguez Prats, también integró
“listas negras” de quienes son identificados como enemigos del “calderonismo”,
como fue su propio caso.
“Además de intervenir en la vida interna del PAN, otro problema desde el
origen del gobierno de Calderón fue el de las listas negras y las fobias. Sembró
la discordia en el PAN, en un partido que se había caracterizado por un ambiente
de generosidad y de camaradería. Esa también es culpa de Felipe Calderón, porque
empezó con eso de que quién es calderonista y quién no es calderonista.”
Crítico del gobierno de Calderón –a cuyo gabinete calificó de “mediocre”– y
de su intervencionismo en el PAN, que le valió la marginación, Rodríguez Prats
reafirma que el principal problema de ese partido no es, como quieren Calderón y
Madero, una simple reforma a los estatutos.
“Eso es maquillaje. Lo que se requieren son decisiones para asumir el reto de
deslindar lo que desafortunadamente se estuvo postergando: la relación
gobierno-partido. Eso es lo fundamental.”
Explica: “Son dos instituciones con tareas específicas que no deben
imbricarse y desafortunadamente el PAN incurrió en los errores del partido de
Estado, que eso fue el PRI. Se arraigó tan fuerte la cultura priista que el PAN
la imitó”.
A diferencia de Vicente Fox, quien “fue respetuoso del PAN”, Calderón lo
avasalló al imponer a Germán Martínez y César Nava como presidentes y luego,
acusa el exlegislador, someter a Madero con su consentimiento.
“A Felipe, como conocía al PAN y a todos sus cuadros, se le permitió más
intervenir en su vida interna, y eso Gustavo lo permitió. Ese es el error, esa
es la falla del PAN”.
–¿No hay entonces una disputa de Calderón-Madero por el PAN?
–Lo que estamos esperando todos los panistas es que Gustavo tenga los
arrestos para sumir el liderazgo, pero lo que sucedió, desde que tomó posesión,
es simplemente someterse a la voluntad de Calderón. Y ese es su mayor
pecado.
A la calle…
La derrota del 1 de julio no sólo generó las reyertas en curso en el PAN,
sino que cimbró a la alta burocracia federal que vivió con holgura y con lujo en
al menos uno de los dos sexenios panistas.
El sector central de la Administración Pública Federal está constituido por
51 mil plazas de mandos medios y superiores, desde el titular del Ejecutivo
hasta directores de área. Estos últimos forman el grueso de las plazas de
confianza, con 40 mil.
Pero la casta dorada de la alta burocracia federal la constituyen 4 mil 318
funcionarios con nivel de secretarios, subsecretarios, jefes de unidad,
oficiales mayores, directores generales, y 7 mil 200 con rango de directores
generales adjuntos.
Todos éstos, sobre todo los 4 mil 318, son designaciones presidenciales, de
secretarios y subsecretarios, y casi todos son militantes panistas o
simpatizantes, la mayoría contratados por el gobierno de Calderón.
Sólo un personaje de jerarquía trascendió los sexenios de Fox y Calderón:
Luis H. Álvarez, el expresidente del PAN que no ha dejado de cobrar una sola
quincena. Su plaza es de director general: Cobra al mes 192 mil pesos brutos y
136 mil netos.
Además de los 19 secretarios de Estado, hay 765 plazas del mismo nivel en
toda la administración pública: Uno es Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina
de la Presidencia, quien devenga 205 mil pesos mensuales brutos y 145 mil libres
de impuestos.
La vocera de Calderón, Alejandra Sota Mirafuentes, tiene rango de
subsecretario de Estado, con sueldo mensual bruto de 203 mil pesos y 144 mil
libres, el mismo que devenga la coordinadora de opinión pública de la
Presidencia, Fernanda Vergara Audiffred.
(Extracto del reportaje que aparece esta semana en la revista
Proceso 1865, ya en circulación)
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