Por: Juan Pablo Cruz Alvizo
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imagen tomada de publimetro.com.mx
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Twitter: @jpcruzalvizo
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Nuevamente la muerte acecha a la región carbonífera con la explosión de un pocito minero en la localidad de La Florida, Coahuila en el Municipio de Muzquiz.
Siete mineros muertos es el saldo que ha dejado esta nueva tragedia, en un pocito, como son llamadas estas estrechas minas, propiedad del ex alcalde de Progreso, Coahuila, Federico Quintanilla.
En mayo de 2011 fueron 14 los mineros caidos en un pocito en el municipio de Sabinas y en 2006 fueron 65 los mineros que perdieron la vida, por mencionar sólo algunos de los muchos otros accidentes que han enlutado a las familias mineras de la región carbonífera a lo largo de su historia.
Lo interesante de esto es que cuando estos accidentes suceden, la gente se indigna, los políticos hacen presencia y se comprometen a hacer <<algo>>, y los diputados prometen inicativas de ley para evitar que se sigan perdiendo vidas pero finalmente, como buenos mexicanos, todos terminamos olvidando hasta que se vuelve a presentar otra situación igual o peor.
Una constante queja de los empresarios es que la legislación mexicana no permite extraer el gas grisú que se acumula en el interior de las minas, pues no se puede duplicar la concesión a quien ya ha recibido la de la extracción del carbón y los señores diputados en lugar de hacer algo, simplemente se preocupan de hacerle la tarea a su partido, dejando al pueblo que los llevo a ocupar los curules en el completo olvido.
Curiosamente para acceder a la concesión de los pocitos, es de muchos conocidos los requisitos son mucho menores que para una mina grande y los pequeños productores de carbón genralmente se hacen empresarios a cambio de favores políticos.
Ejemplo de ello es el Grupo México, dueño de Pasta de Conchos, Grupo Acerero del Norte y una gran cantidad de pequeños productores que apoyaban al anterior gobernador Humberto Moreira, quizás sea esa la razón por la que nunca se castigó a los culpables del accidente de Pasta de Conchos o de muchos otros accidentes. Parte del apoyo era un impuesto estatal que tenían que pagar al gobernador. No es un secreto que esto ha generado problemas políticos, pero no ha ayudado en nada a la solución del problema de fondo.
Contrario a las minas grandes la seguridad en los pocitos es prácticamente nula y los supervisores de la Secretaría del Trabajo Federal son muy pocos, a pesar de ser una región eminentemente minera.
Para empeorar la situación, en últimos tiempos se ha hablado de posible intromisión en estos pequeños negocios por parte de la delincuencia organizada… por si fuera poco.
Lo que queda claro es que mientras sigamos siendo <<olvidadizos>>, este tipo de accidentes seguirán llenando de sangre nuestro estado; y a nuestros empresarios y políticos, en un desfiguro de cinismo tal que aún saldrán a declarar que se sienten apenados por la situación, pero siguen sin hacer nada; y nosotros sin exigírselo.
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