El Tepache

viernes, 20 de julio de 2012

Democracia pirata

Roberto Ehrman

“Comprar votos piratas habla mucho de quién eres, ¿qué crees que dice de ti?“. 

El pasado miércoles, en una entrevista de Radio Fórmula, Jorge Castañeda dio a conocer que el cincuenta por ciento de las personas en México creen que hubo coacción y compra de votos[1].
Por otra parte, empiezan ya a circular a través de comentarios radiofónicos, entrevistas y artículos de opinión, algunas declaraciones y argumentos que discuten y hasta justifican la compra-venta de votos[2].

La intención aparente es la de justificar lo injustificable, sin argumentos sustantivos aduciendo a un supuesto “derecho” de los ciudadanos a vender su voto como si fuera una propiedad o bien privado.
Lo anterior suma al daño la injuria de tratar de tapar una aberración con falsos argumentos.
Por ello, trataremos de esclarecer el tema juntándome con quienes creen que en una democracia no es jurídicamente ni políticamente aceptable la compra-venta de votos.
Desde el punto de vista legal, la coacción y la compra de votos está prohibida expresamente por el artículo 403 del Código Penal Federal, en la fracción VI; y la venta en la fracción IX.
Lamentablemente no están tipificados como delitos graves y, peor aún, si bien la coacción es causal de nulidad, no así la compra-venta[3].
No obstante, existe el precedente, sentado en una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el año 2008, que al resolver el caso de la impugnación de la elección del Presidente Municipal, sostuvo que una elección, más allá de las causales de nulidad mencionadas en la Ley, se puede anular si se estaría ante una violación directa a los preceptos constitucionales que garantizan la equidad en la contienda[4].
Lo anterior abre la puerta para que Tribunal Electoral pueda dar entrada a pruebas que demuestren de manera contundente una compra-venta masiva de votos, y así anular la elección.
Aclarado el tema legal, entramos en la cuestión de la legitimidad.
¿Es legítimo un Presidente cuya elección haya sido producto de una compra masiva de votos?
Aquí está el tema a tratar.
Para empezar, necesitamos entender qué significa votar en un sistema representativo de un Estado democrático (no autoritario ni dictatorial, que allí también hay elecciones).
En un Estado democrático los electores deciden ceder sus facultades o poderes personales en materia de políticas públicas en favor de un representante.
Lo mencionado, sin menoscabo al debido proceso de evaluación de la política gubernamental, y para realizar de manera eficaz y eficiente programas de políticas públicas de interés colectivo.
Ahora bien, la decisión es un acto irreversible, es decir, no puedo después del voto cambiar opinión respecto al candidato que elegí, y tengo que esperar hasta la próxima elección.
Por ello, no existe un contrato entre el representante y el representado, y si no hay un contrato, tampoco puede haber una compra-venta.
Por lo cual, no se pueden aplicar argumentos de carácter económico.
En efecto, si, hipotéticamente, se diera el acto de compra-venta, yo, como elector, tendría el derecho de revertir mi decisión en caso de incumplimiento de las cláusulas del contrato por parte del representante. Existiría, entonces, una autoridad encargada de resolver las controversias económico-electorales que de allí se derivaran.
Sin embargo, no hay y no podría haber tal mecanismo e institución, por la simple razón que sería causante de un gravísimo problema de ingobernabilidad política.
Un segundo nivel de argumentación reside sobre el contenido de la representación, que caracteriza el sentido mismo de la legitimidad política.
La decisión de votar, en un Estado democrático, se lleva a cabo con base en la elección entre una serie de propuestas y candidatos, el famoso “mercado electoral”.
Ahora bien, los representados eligen a los representantes evaluando distintas propuestas sobre las formas y los métodos para realizar programas de pública utilidad (bienes públicos), y respecto las cualidades y las competencias de gobierno requeridas por los candidatos.
Para ello, es fundamental que se garanticen, para los electores, las condiciones mínimas para que haya libertad sufragio (libertad de información, de expresión y de asociación), para que los electores puedan elegir razonablemente las opciones más convenientes (para ellos y para todos).
En este caso, el proceso de coacción y compraventa de votos manifiesta un evidente ataque a la libertad de sufragio, por un lado; y una reducción de las propuestas electorales y de la imagen de los candidatos a pura demagogia y propaganda electoral, por el otro.
La conclusión es que los principios y argumentos que deberían constituir el fundamento mismo de la legitimidad política de la opción ganadora, se reducen a artificios retorico-populistas, que esconden claramente intereses de otra índole.
Es por ello que ¿quién va a creer que un candidato electo a través de una masiva compra-venta de votos pueda, ya en el ejercicio de su cargo, respetar un programa de gobierno y los derechos ciudadanos, si no los respetó en un inicio?
Un tercer argumento reside en las consecuencias para terceros de la compraventa de votos.
En una competencia electoral, en donde el uso de la coacción y la compra masiva de votos pudieran resultar exitosos para un candidato, se desvirtuaría el sentido mismo de la legitimidad democrática, quitando, a los que votaron libremente, el control sobre los resultados de su decisión.
De esta manera, el candidato ganador sería el producto más bien de una exitosa campaña de comercialización electoral, en lugar de libres decisiones ciudadanas.
En este caso, de ser el “proceso comercial” el factor decisivo para el éxito electoral, se produciría un grave fenómeno de distanciamiento del electorado “no comprado” frente al candidato ganador, con dos consecuencias, la primera, un rencor y sentimiento de venganza que se traduciría en un conflicto político latente y una abierta hostilidad; y la segunda, un difuso cinismo y desafección respecto al proceso político electoral en su conjunto.

Las dos, premisas muy peligrosas de una involución autoritaria en la política nacional.

Publicado originalmente en:
ehrman@dynamisconsultores.com Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
 Twitter: @EhrmanR

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