Bernardo Bátiz V.
De un juez se espera imparcialidad y libertad para dictar sus
resoluciones; cuando hay alguna circunstancia personal o social que constituya
un obstáculo para que en un caso bajo su responsabilidad deje de contar con esas
calidades, el juez debe inhibirse de conocer del asunto y dejar a otro juzgador
que resuelva.
En todos los sistemas judiciales del mundo, cuando el juez, con anterioridad
al conocimiento del caso, tiene alguna razón para inclinarse a favor o en contra
de una de las partes en el juicio, está obligado a excusarse; esto es, declinar
la carga de dictar una sentencia que puede estar influida por las circunstancias
que le resten imparcialidad o independencia. Un juez con formación ética lo hará
inmediatamente, pero si no lo hace, cualquiera de las partes tiene el derecho de
recusarlo para que aun en contra de su voluntad sea apartado del asunto frente
al que no es imparcial.
Un juez está impedido en un asunto cuando es amigo o enemigo de alguno de los
litigantes, si tiene parentesco, dependencia económica, le debe favores o tiene
odio, animadversión, enemistad con una de las partes, casos en los cuales,
evidentemente, debe separarse del asunto.
En mi opinión, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la federación, que resolverá sobre el trascendente asunto de la
validez o invalidez del proceso electoral para elegir presidente, está por
varias razones impedido para resolver con imparcialidad; en primer lugar porque
expresó públicamente que las elecciones se ganan en las urnas y no en la mesa.
Con esa aseveración adelanta que, para él, el asunto puesto a su consideración
ya está decidido, lo reduce a contar votos sin mayor juicio de valor, sin tomar
en cuenta la equidad de la elección, la libertad de los votantes o la
autenticidad y constitucionalidad del proceso, temas que son materia de la
impugnación, en especial el gasto de campaña, muy por encima del tope legal.
Es como si un tahúr mostrara sobre la mesa los cuatro ases con los que
pretende ganar una partida y nadie se preocupara por saber y reclamar que del
bolsillo de su chaleco los sacó; no se trata, como pretende el magistrado, tan
sólo de sumar boletas extraídas de las urnas, sino de saber cómo llegaron a
ella, si el proceso fue auténtico, equitativo, como exige la Constitución, o no
lo fue.
Pero la razón de mayor peso por la que el magistrado Alejandro Luna Ramos no
puede continuar como juez en la calificación de la elección para presidente de
la República es que ha sido señalado como favorecido y por tanto deudor de
favores de alguien indudablemente interesado en que la resolución resulte en
contra del Movimiento Progresista, los partidos que lo integran y el candidato
López Obrador.
Carlos Ahumada, el empresario argentino convicto de la acusación en su contra
por haber recibido sumas de dinero por obra no realizada en alguna delegación
del Distrito Federal, publicó un libro con el título Derecho de réplica
y relata en él que el magistrado presidente fue su amigo muy cercano.
Compartí (con él dice entre otras cosas) durante más de diez años un sinfín de reuniones en su casa y en la mía.
Un capítulo del libro se denomina precisamente
Los Luna Ramosy en él se queja Ahumada de la ingratitud de sus antiguos amigos, que no le ayudaron como esperaba cuando estuvo en la cárcel; se duele de la actitud ingrata del magistrado, que no compagina con la ayuda que él le prestó al interceder ante el entonces senador Diego Fernández de Cevallos para que su hermana Margarita, rechazada en diciembre de 2003 para ser ministra de la Suprema Corte, fuera aprobada para el cargo en febrero del año siguiente..
Ahumada dice en su libro, en cuya confección intervinieron varios periodistas
muy conocidos, que él puso en contacto al magistrado con el senador y que éste
aceptó ayudar a los Luna Ramos, en especial a doña Margarita, con lo cual debió
quedar necesariamente agradecido y obligado.
Hoy, el conocido litigante Fernández de Cevallos sale del ostracismo en que
estaba para abiertamente ponerse en contra de quienes interpusieron el recurso
de invalidez de la elección, con lo cual pone al juez, a quien en su momento
favoreció impulsando a su hermana, en situación de parcialidad.
Ciertamente Diego no es parte directa en la controversia, pero ha manifestado
varias veces su opinión contraria al recurso interpuesto y su animadversión por
el candidato Andrés Manuel López Obrador; por tanto, el magistrado tendrá que
tomar en cuenta la opinión de su benefactor o favorecedor si no se excusa
oportunamente.
Se trata de saber si la ética de un alto funcionario del Poder Judicial está
por encima de compromisos políticos, de amistades y de enemistades o no lo está;
se trata de saber si un integrante del Poder Judicial se inhibe de conocer un
caso que le interesa al litigante que en su momento hizo a su familia, y a él
mismo, un importante favor, o no lo hace y se queda tan campante.
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