Rosalía
Vergara
La combinación de política y dinero fue el arma privilegiada del PRI para
arrasar en las elecciones desde que tenía la Presidencia. Dos sexenios sin ella
obligaron al expartido de Estado a encontrar otras formas de financiamiento para
saturar al país de propaganda y comprar votos. Con la elección del gobernador
mexiquense Eruviel Ávila como ensayo general, la generación de Enrique Peña
Nieto armó un entramado financiero digno de aquella a la que pertenecieron Pedro
Joaquín Coldwell y Jesús Murillo Karam. Hasta ahora los testimonios, los
documentos y las denuncias del PAN y la izquierda sobre el rebase de topes de
campaña, el financiamiento ilegal y hasta los indicios de lavado de dinero no
han derribado las barreras del calendario electoral, la carencia de facultades
legales del IFE y el TEPJF o las omisiones de las autoridades judiciales, tras
las cuales se atrinchera el priismo. Pero más datos y pruebas siguen
apareciendo…
La complicada ruta de la triangulación de casi 400 millones de pesos
que según el Movimiento Progresista se usaron para comprar 5 millones de votos a
favor de Enrique Peña Nieto, involucra a priistas vinculados con el Grupo
Atlacomulco, así conocido por el municipio natal del candidato en el Estado de
México.
Pasados 20 días de la elección la izquierda ha ido armando el rompecabezas
del financiamiento de la campaña del PRI. Hasta ahora al menos lo obligó a
reconocer lo que negaba tajantemente: que sí firmó contratos, respaldados con
fondos de origen hasta hoy desconocido, los cuales destinó a adquirir tarjetas
de prepago, telefónicas y de “recompensas”.
En la demanda que la izquierda presentó el jueves 19, Jaime Cárdenas, asesor
jurídico de López Obrador, incluyó varios elementos para tratar de demostrar que
Peña Nieto utilizó recursos de procedencia ilícita en su campaña, por lo que
demandó declarar la invalidez de la elección presidencial.
Los nombres que por ahora se han asociado con la triangulación son de
priistas vinculados con el Grupo de Abogacía Profesional (GAP), de la familia
Fraga, y la empresa Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de C.V., cliente
número 10240970 del Grupo Financiero Monex y que facturó más de 70 millones de
pesos para comprar 750 tarjetas y hacer cargos de “saldo prepago”.
El lazo entre priistas mexiquenses y el GAP tiene nombre y apellido: Rodrigo
Fernández Noriega, un abogado que el 20 de abril le depositó 3 millones 485 mil
797 pesos a Monex.
Es la única persona física mencionada en la denuncia presentada el jueves 19
por el representante del Movimiento Progresista, Camerino Márquez, en el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra Peña Nieto
“por haberse beneficiado en su campaña política con recursos de procedencia
ilícita”, delito tipificado en el Código Penal Federal como “lavado de
dinero”.
Fernández Noriega “nació el 22 de julio de 1973, con domicilio en Calle Blas
Pascal No. 129, Interior 301, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C. P.
11560”, se especifica en la denuncia. Esta dirección es la misma del GAP,
propiedad de la familia Fraga desde 1992, de acuerdo con el folio 9265089 del
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.
El documento del Movimiento Progresista abunda: “Su RFC es FENR730722592.
Tiene como actividad preponderante calzado, zapaterías, incluye compra de
calzado usado. Con fecha de inicio de operaciones el 15 de abril de 2003, su
domicilio fiscal se encuentra en la calle Blas Pascal No. 129, Interior 301,
Colonia Chapultepec Morales, Delegación Miguel Hidalgo, C. P 11560”.
Una búsqueda en el directorio telefónico arrojó que Fernández Noriega
registró la dirección de ambas formas y con distintos números telefónicos. En el
teléfono correspondiente a “Polanco”, el miércoles por la tarde una voz de mujer
le dijo a esta reportera que el abogado no asistiría al despacho hasta el lunes
23. En el otro número, correspondiente a “Chapultepec Morales”, nadie
contestó.
El “Monexgate”
Por la negativa del Instituto Federal Electoral (IFE) a investigar la compra
del voto porque no está tipificado como delito electoral, y el surgimiento de
nuevos datos sobre movimientos financieros sospechosos, la coalición que postuló
a López Obrador modificó su estrategia para impugnar la elección
presidencial.
Su primera queja ante el TEPJF después de los comicios fue por el presunto
rebase, por parte del PRI, del tope de gastos de campaña (328 millones 608 mil
267 pesos). Pero en pocos días el equipo jurídico de la izquierda fue recabando
indicios de que la triangulación de recursos entraba en la descripción del
lavado de dinero de procedencia ilícita, o bien de origen lícito pero que se
habría utilizado para fondear ilegalmente la campaña de Peña Nieto al permitirle
disponer de una estructura no reportada de financiamiento y rebasar el tope de
campaña.
“Son recursos que podrían provenir del peculado –de la desviación de los
recursos públicos estatales para fines electorales que están prohibidos por la
ley– o del crimen organizado”, dice la denuncia al respecto.
La coalición afirmó que su equipo de investigadores detectó tres empresas que
participaron en la triangulación de fondos para favorecer a Peña Nieto:
Comercializadora Atama, Grupo Koleos y Grupo Empresarial Tiguan, así como el
particular Rodrigo Fernández Noriega, que en total depositaron 29 millones 971
mil 864.93 pesos en la cuenta de Monex.
Esta operación no sería sospechosa si no fuera porque Atama y Grupo Comercial
Inizzio –otra de las empresas implicadas– están integradas por los mismos
accionistas y apoderados legales; lo mismo ocurre con Koleos y Tiguan.
Atama e Inizzio se constituyeron el 27 de octubre de 2006 ante el notario
público165 del Distrito Federal, Carlos Alberto Sotelo Regil. Los accionistas
son Ramón Paz Morales y Juan O. Fragoso Oscoy Paz, quienes se presentan como
obrero y empleado, respectivamente. Sin embargo, de 2007 a 2010 reportaron
ganancias por más de mil millones de pesos. Su apoderado legal es Alejandro
Pérez Lizárraga.
Koleos y Tiguan fueron formalizadas el 11 de septiembre de 2008 ante el
notario 44 del Distrito Federal, Carlos Hermosillo Pérez, por los accionistas
Juan A. Hodrogo Guerra y Luis Vivero Valero. Como apoderado legal aparece
Demetrio Jordem Sabat.
Monex facturó, de manera paralela, 108 millones 200 mil 764.29 pesos a Grupo
Comercial Inizzio, S.A. de C.V. y a Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de
C.V. De ese monto, 140 mil 173 pesos fueron usados para comprar 10 mil 674
tarjetas y 106 millones 744 mil 33.80 pesos para la carga de “saldos de prepago”
de las mismas. Monex recibió una comisión de 1 millón 89 mil 853.28 pesos más
IVA por la transacción.
El 26 de junio el PAN pidió a la comisión de quejas y denuncias del IFE
medidas cautelares para suspender las cuentas de Monex, ante la sospecha de que
el PRI estuviera financiando su campaña a través de esa empresa.
Al día siguiente, en un comunicado, el PRI rechazó las acusaciones: “Los
dichos de Roberto Gil –el coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota, que
hizo el anuncio en un debate radiofónico con sus pares del PRI y del Movimiento
Progresista– son falsos, absurdos y temerarios. Ni el CEN del PRI ni la
coordinación de la campaña presidencial manejan recursos a través del Grupo
Financiero Monex…”
El instituto desechó la solicitud como improcedente, según se consigna en el
expediente SCG/QPAN/CG/132/PEF/156/2012.
(Extracto del reportaje que aparece esta semana en la revista
Proceso 1864, ya en circulación)
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