En respuesta al anuncio de que el gobierno federal planea instalar
una
mesa de diálogopara discutir la Ley General de Víctimas –aprobada por las cámaras de diputados y senadores en abril pasado, y vetada hace unos días por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón–, integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dijeron ayer que, en caso de que la autoridad federal no cumpla con su obligación de promulgar dicha normativa, sus integrantes estarían incurriendo en desacato.
En días recientes, el titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro
Poiré Romero, ha defendido la decisión de Calderón de vetar la ley de referencia
–que estipula, entre otras cosas, el derecho a la reparación integral del daño y
a la asistencia jurídica, médica y económica de quienes padezcan ataques de la
delincuencia o abuso de las autoridades–, con el argumento de que carece de
sustento constitucional, pese a que la Carta Magna estipula claramente en su artículo primero la obligación de todas las autoridades del país de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a las garantías individuales. Con tal postura, el gobierno federal ha alimentado la percepción de que lo que en realidad busca es obstaculizar, mediante tecnicismos jurídicos, el cumplimiento de una normativa fundamental, que corrige una grave laguna en el marco legal mexicano y obedece a un amplio reclamo popular.
Es de saludar, pues, la respuesta de los representantes del Legislativo a una
postura que refleja la falta de respeto del Ejecutivo a los procesos soberanos y
a la división de poderes, así como su indolencia frente a los reclamos de las
organizaciones sociales que en meses previos se movilizaron por la pacificación
del país y por la justicia para las víctimas y sus deudos; que formularon
severas críticas a la estrategia de seguridad en curso y que presionaron por la
aprobación de la ley hoy vetada por Calderón. Si ya resultaba inadmisible la
negativa presidencial a ensayar una variación real en su impugnada estrategia de
combate a la delincuencia organizada, como se lo exigieron organizaciones de la
sociedad civil durante los encuentros en el Alcázar de Chapultepec, ahora, con
su renuencia a promulgar la Ley General de Víctimas, el jefe del Ejecutivo
federal desmiente su supuesto compromiso con quienes han sufrido los embates de
la violencia derivada de la estrategia de seguridad en curso, y exhibe los
encuentros citados como ejercicios de simulación.
La misma tendencia del grupo en el poder a gobernar desde una dimensión
meramente formal y hasta ficticia puede observarse, por lo demás, en la
convocatoria a integrar
de manera permanentea cinco representantes de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el supuesto fin de que
tengan una participación directa en la agendade ese órgano colegiado y puedan
dar un seguimiento más efectivoa las actividades del Ejectivo en materia de seguridad, según informó ayer el propio Alejandro Poiré. Si bien esa incorporación habría tenido sentido en algún momento, hoy por hoy, cuando la actual administración está por concluir, cuando sus funcionarios han desoído una y otra vez los reclamos de la sociedad civil en materia de seguridad pública y cuando el citado consejo ha quedado reducido a la condición de mera sigla burocrática, el ofrecimiento realizado por el titular de Gobernación luce tardío e insuficiente.
Ambas posturas revelan, en suma, el talante de un gobierno que concluirá sin
haber manifestado un mínimo de voluntad por resarcir el daño provocado a la
población por una política de seguridad fallida y contraproducente, que desoyó
en todo momento los reclamos de la sociedad ante los desastrosos resultados de
la misma y que se mostró siempre empecinado en continuarla, aun a costa del
sacrificio humano, de la pérdida de la paz pública, del deterioro institucional
y de la debacle nacional.
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