TEPJF: legalidad o descrédito

Tras la conclusión del plazo legal para la recepción de recursos de inconformidad por las pasadas elecciones federales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó haber recibido 364 recursos de impugnación contra los comicios por la Presidencia, tres de los cuales solicitan la invalidez total de proceso –entre ellos, el presentado por el Movimiento Progresista–, y el resto señalan anomalías diversas en los cómputos distritales. Al conjunto de quejas ante el órgano jurisdiccional por la comisión de delitos propiamente electorales deben sumarse las acusaciones sobre el flujo de recursos presumiblemente ilícitos a la campaña del abanderado presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, que forman parte de las pruebas supervenientes presentadas por la coalición de izquierdas y que deberán, como tales, ser analizadas por el TEPJF, amén de las pesquisas de las autoridades correspondientes más allá del ámbito comicial.

El elevado número de impugnaciones interpuestas ante el TEPJF constituye un mentís a las afirmaciones realizadas por el Instituto Federal Electoral sobre el supuesto carácter limpio y ejemplar de las elecciones del 1º de julio, y contradice lo expuesto en días recientes por la dirigencia del tricolor de que las acusaciones y cuestionamientos contra la legalidad de la elección son consecuencia de un empeño y hasta de un capricho del Movimiento Progresista y de su candidato, Andrés Manuel López Obrador.

Si bien es cierto que el juicio de inconformidad interpuesto por la coalición de izquierda es el que acapara mayormente la atención pública y los reflectores mediáticos, la cifra revelada ayer por el máximo órgano de justicia electoral refleja que el malestar por los comicios no es privativo de los partidos y organizaciones que forman dicha coalición, sino está presente también en otras fuerzas partidistas y sobre todo en amplios sectores sociales que han documentado los vicios, el desaseo y la opacidad que caracterizaron a los pasados comicios. Significativamente, una parte sustancial de esos sectores se manifestaron ayer en la capital de este país, en la Marcha Nacional contra la Imposición, convocada por un conjunto de organizaciones que se mueven en forma paralela e independiente de los partidos políticos, como el movimiento estudiantil #YoSoy132, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

En tal circunstancia, resultan injustificables las expresiones formuladas ayer mismo por el dirigente nacional priísta, Pedro Joaquín Coldwell, de que las impugnaciones a la legalidad de la elección ofenden la dignidad de los mexicanos que votaron en libertad. Lo ofensivo, en todo caso, sería que la autoridad jurisdiccional desechara el cúmulo de elementos y evidencias documentales en que se basa la inconformidad de actores políticos y grupos de la sociedad organizada, sin analizarlos con el detenimiento y la responsabilidad correspondientes, y sin considerar sus efectos de cara a la legalidad y la legitimidad de la elección en su conjunto. El PRI debiera ser el principal interesado en que el tribunal electoral estudie y esclarezca todos esos elementos, así sea para conjurar los regateos al supuestro triunfo de su candidato.

Para despejar toda duda que pudiera haber sobre la validez de los comicios, el TEPJF deberá actuar con total apego a la letra y al espíritu de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. Si dicho órgano no cumple a cabalidad con esa tarea y opta por declarar válida la elección del 1º de julio sin desvirtuar en forma convincente y sin argumentos legales sólidos los distintos recursos de impungación de esos comicios, no sólo erosionará severamente las bases de la democracia en el país, sino causará daño grave a la credibilidad de los órganos electorales y a las perspectivas de gobernabilidad en el futuro inmediato.