Rescatar la voluntad popular

Julio Pimentel Ramírez

Al analizar lo sucedido en los comicios que tuvieron su jornada fundamental el primero de julio, día en que los ciudadanos depositaron su sufragio en las urnas, no hay que perder de vista que este proceso de la democracia formal se desarrolla en el marco de la disputa por el poder y que los partidos, así como sus candidatos, representan a algunas de las diversas fuerzas económicas y sociales que conforman la realidad mexicana.

En un país que no ha tenido una verdadera transición democrática, sino un simple relevo de partidos que coinciden en lo esencial, en el que predominan prácticas políticas autoritarias y fraudulentas y en el que tres décadas de neoliberalismo se traducen en una sociedad profundamente polarizada, con un puñado de millonarios y decenas de millones de personas empobrecidas, que sobreviven en la ignorancia y desesperanza, es iluso pensar que se tendrán elecciones ejemplares en las que se exprese de manera libre y consciente la voluntad ciudadana.

La lucha por la presidencia de la República no es cosa menor, se trata de una posición de enorme importancia desde la que se incide en la continuidad o el cambio del proyecto de nación. Están muchas cosas en juego, por eso desde hace años los llamados poderes fácticos, en primera fila los grandes medios de comunicación, diseñaron al lado de grupos políticos de la cúspide (en este caso Carlos Salinas-Grupo Atlacomulco) una estrategia para crear una figura e instalar su imagen en el imaginario social como un personaje predestinado a ganar la elección del 2012.

Los multimillonarios convenios de Televisa con Enrique Peña Nieto, desde los tiempos en que éste era gobernador del Estado de México, para imponer su “atractiva” imagen como si se tratará de un galán de telenovela, con historia de amor incluida, se encuentran documentados en serios trabajos periodísticos nacionales y extranjeros.

No olvidemos que en este “paquete” mediático se encontraba continuar con la labor de zapa en contra de Andrés Manuel López Obrador, cuya imagen era denostada no solamente en espacios noticiosos sino también en programas de comedia.

Algunos podrán aducir que es válido y legal establecer convenios con medios de comunicación para mejorar la imagen de los políticos, transmitir sus ideas y propuestas: esto se hace en la mayoría de los países de la democracia occidental. En este caso lo que sucede es que se instrumentan campañas no de interés social sino para cumplir ambiciones personales –que se corresponden con los intereses de la oligarquía-, además de que se usan recursos públicos que podrían ser utilizados para atender algunas de las múltiples necesidades de un pueblo empobrecido.

Ya en meses recientes y como parte de la estrategia acordada para imponer a Peña Nieto en la presidencia de la República, se utilizó la difusión sistemática en los medios de comunicación de encuestas no elaboradas con rigor estadístico sino como herramientas de campaña para reforzar la idea de que el candidato del PRI llevaba una ventaja de dos dígitos al del Movimiento Progresista.

Difícilmente sabremos cuánto pagó el tricolor por la cascada de encuestas, diarias en el caso de un periódico, que abrumaron a los mexicanos. ¿O se trató de favores de los medios, que en su momento deberá corresponder quien pretende instalarse en Los Pinos “haiga sido como haiga sido”?

Hasta aquí podemos ver que se violentó el principio constitucional de la equidad en las elecciones, en específico en los medios de comunicación. Si bien el monitoreo oficial asegura que los tiempos dedicados a los cuatro candidatos presidenciales fue proporcionalmente adecuado, para ningún observador medianamente objetivo escapan las diferencias cualitativas que recibieron cada uno de ellos. Televisa, por ejemplo, tenía en Peña Nieto al aspirante predilecto y en AMLO al enemigo a vencer.

La pinza de la estrategia de la cúpula del PRI y sus aliados del poder económico y político para garantizar la continuidad neoliberal vía el triunfo de Peña Nieto (con EPN no retorna al gobierno federal el “viejo” tricolor sino los nuevos priístas privatizadores y depredadores del erario público que a la vez conservan lo autoritario y antidemocrático de sus antecesores) se cerró con la masiva coacción y compra del voto, cuya punta del iceberg es el escándalo de Soriana y Monex.

Por lo pronto millones de indignados mexicanos están a la expectativa, conscientes de que el fraude no debe aceptarse resignadamente, esperando la orientación de AMLO quien en estos momentos define la estrategia legal para buscar que la elección presidencial se anule o invalide -objetivo difícil de alcanzar a la luz de la actuación del Tribunal electoral-, pero que no puede dejar de lado el papel que deben jugar sectores de la sociedad organizada y el ciudadano reflexivo, consecuente.