El candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel
López Obrador, dio a conocer ayer que sus simpatizantes han encontrado
inconsistencias en 113 mil de las más de 143 mil casillas electorales instaladas
en los comicios del pasado domingo, y solicitó, en consecuencia, que la
autoridad electoral realice un recuento total de los sufragios.
La proliferación de anomalías aritméticas en casillas de todos los distritos
electorales, en conjunto con las denuncias y la evidencia documental de compra
masiva de sufragios y de prácticas de distorsión o cooptación de la voluntad
popular en la jornada del pasado domingo, ha instalado al país en un escenario
de incertidumbre y sospechas similar al que se vivió en 2006, en el que el papel
de las autoridades electorales –y por consecuencia, los resultados oficiales de
la elección– comienza a ser ampliamente cuestionado por un creciente sector del
electorado.
Resulta claro que la institucionalidad electoral difícilmente podrá disipar
las dudas sobre la transparencia de los comicios y ayudar a distender la
exasperación ciudadana en ciernes si no es mediante un nuevo cómputo total de
las boletas. Es importante recordar que, a diferencia de lo ocurrido hace seis
años, cuando el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se negaron al recuento voto por voto que
pedía el entonces abanderado presidencial de la Coalición por el Bien de Todos,
el marco legal vigente observa una diferencia fundamental: a raíz de la reforma
de 2007, la legislación electoral incorpora diversas causales que obligan a la
autoridad a acceder a un conteo total de los votos, entre las cuales se
encuentra, precisamente, la existencia de inconsistencias en las actas de
escrutinio. No hay, pues, obstáculo legal alguno para no atender la petición
formulada por el Movimiento Progresista: al contrario, si la jornada cívica del
domingo fue
limpiay
ejemplar, como afirmó el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, ese organismo debiera ser el principal interesado en dotar a los resultados comiciales de una base de certidumbre electoral y transparencia.
Por lo que hace al candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique
Peña Nieto –quien hasta el momento es favorecido por las tendencias oficiales–,
éste tendría que respaldar el recuento voto por voto por elementales motivos de
apego a la legalidad, pero también por conveniencia política: una confirmación,
durante esos recuentos, de los datos disponibles hasta ahora daría a la
delantera del priísta una credibilidad que no han podido darle ni el PREP ni los
conteos rápidos. En cambio, una negativa de su parte a respaldar el nuevo
cómputo total de los sufragios lo marcaría con un estigma de ilegitimidad y
opacidad similar al que afectó al aún titular del Ejecutivo federal, Felipe
Calderón, a lo largo de toda su administración.
Sea cual fuere el escenario que pueda arrojar un eventual recuento de los
votos –la confirmación de las irregularidades denunciadas y la consecuente
reconfiguración de los porcentajes de los candidatos, o bien la ratificación del
triunfo del aspirante tricolor–, será preferible a la incertidumbre y
la sospecha de fraude que recorren actualmente a importantes sectores de la
ciudadanía. Más que hacerlo por atender a la demanda de uno de los aspirantes
presidenciales, el IFE debe ordenar el recuento voto por voto como una acción de
cabal cumplimiento de la legalidad y de sentido común, y como una medida
tendiente a evitar una nueva fractura social cuyas consecuencias serían
obligadamente catastróficas.
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