Rebasó su competencia al descalificar argumentos y pruebas del Movimiento
Progresista
Los consejeros electorales sólo están interesados en demostrar que todo lo
hicieron bien, dice
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Andrés Manuel López Obrador con los dirigentes del Movimiento Progresista: Jesús Zambrano, PRD; Luis Walton, Movimiento Ciudadano, y Alberto Anaya, PT, escuchan al diputado Jaime Cárdenas en el anuncio del plan nacional para la defensa de la democraciaFoto José Carlo González
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Periódico La Jornada
Domingo 22 de julio de 2012
Domingo 22 de julio de 2012
El informe circunstanciado elaborado por el Instituto Federal
Electoral (IFE) y que remitió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) sólo tiene la finalidad, en el terreno legal, de describir
hechos;
pero, ahora, con ese documento el Consejo General del instituto se excedió, y se colocó como abogado defensor del PRI.
Jaime Cárdenas Gracia, jurista y ex consejero electoral, refiere en
entrevista que el artículo 18 párrafo 2 inciso C de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral ordena a la autoridad rendir el
citado informe con fundamentos jurídicos, para sostener la constitucionalidad o
ilegalidad del acto impugnado.
Pero –repuso– los consejeros sólo están interesados en demostrar que todo lo
hicieron bien;
están preocupados por su imagen pública en este momento, y calificó el contenido del informe circunstanciado como acto que margina al Movimiento Progresista y a Andrés Manuel López Obrador.
“Nos sentimos marginados por los consejeros, no atendidos debidamente por
ellos. Te voy a poner dos ejemplos, que no son simplemente mi subjetividad.
Andrés Manuel López Obrador propuso el 8 de febrero 12 medidas. Les dijo:
consejeros, yo les propongo estas medidas para prevenir la compra y coacción del
voto, y esa solicitud fue contestada por el IFE tres meses y medio después.
“Por supuesto, la contestación no fue favorable al señalar que la compra y
coacción de voto corresponde a la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (Fepade). Nos bateó. Ese es un ejemplo de como nos
trataron.
Otro ejemplo es con el asunto de los debates. Andrés Manuel propuso por
escrito a los consejeros 12 debates y nunca quisieron hacer una interpretación
de ese tema tomando en cuenta el derecho a la información, previsto en el
artículo 6 de la Constitución; es decir, nunca quisieron hacer una lectura de la
ley desde la Constitución, a lo que estaban obligados porque en México desde
2011 todas las autoridades están obligadas a realizar información para
interpretar la ley tomando en cuenta la Constitución. No leyeron la ley.
–Tales respuestas del órgano electoral no son halagüeñas para la tambaleante
democracia –se le comentó.
–No es una buena noticia para la democracia del país. Yo creo que después de
esta elección, independientemente de lo que ocurra, tiene que haber una reforma
electoral profunda, amplia. Que dote al IFE de más independencia y de más
instrumentos para sancionar prácticas como la compra de votos, el uso de las
encuestas con fines electorales, así como el desvío de recursos públicos para
fines electorales.
El artículo citado de la ley de medios advierte que la autoridad debe rendir
su informe con los fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener
la constitucionalidad o legalidad del acto o resolución impugnado. Es decir, la
autoridad solamente debe decir por qué lo que se hizo es constitucional y legal.
Esa es su obligación, pero no tiene como deber contestar los agravios que
recurre la decisión de la autoridad.
–¿Qué error cometió el IFE?
–Debió haberse concretado a decir que se instalaron las casillas, se
integraron los funcionarios, que se contaron los votos, que el PREP funcionó, en
fin, describir los hechos y que todo eso lo hizo con apego a la Constitución y a
la ley.
Eso era lo que correspondía, pero se dedicó (en buena parte del mismo) a descalificar los argumentos y las pruebas de la coalición Movimiento Progresista, y a mí me parece que ahí hay un exceso por parte del IFE, pues implica hacerle el trabajo al PRI; la está haciendo de abogado defensor del PRI. No hizo un informe circunstanciado, sino una suerte de contestación a los agravios de la coalición y está cometiendo un exceso que implica una actuación ilegal, porque va más allá de su competencia prevista en la misma ley de medios.
–¿A qué circunstancia obedece la postura de los consejeros?
–Yo creo que los consejeros están interesados en demostrar que lo hicieron
todo bien. Están preocupados por su imagen pública en este momento y también
hacia la historia. Ellos lo que quieren decir es que nosotros actuamos
correctamente, bien, y estos señalamientos que hace la coalición Movimiento
Progresista no son atendibles. No les gustó que hubiera impugnación porque eso
pone en duda el trabajo que han realizado, ya sea por acción u omisión. Entonces
esto en buena medida depende de esta cuestión institucional, de cuerpo, de decir
hay que proteger al cuerpo, nuestro trabajo.
–¿El IFE puede rectificar aún o es cosa juzgada desde su ámbito de
competencia?
–El IFE ya no puede rectificar. Ellos legalmente ya concluyeron. Lo único que
pueden hacer es el avance en las investigaciones de las quejas de fiscalización.
No tienen remedio, no quieren rectificar; ellos van a seguir su guión de hacer
su investigación en los plazos legales y no quieren dar marcha atrás. Esa es la
única manera en la que podrían rectificar: acelerando las investigaciones de las
quejas que están planteadas en la unidad de fiscalización. Vamos a ver qué pasa,
porque en estos días puede haber mucha presión social. El tribunal podría hasta
ordenar que concluyan las investigaciones.
–Lo sucedido es producto de la partidización evidente de las entrañas del IFE
–se le dijo.
–Mucho tiene que ver con la manera en que son designados los consejeros.
Estoy convencido de que deben ser elegidos por voto ciudadano. Entonces, el
hecho de que los partidos los designen a través de la Cámara de Diputados,
constituye de alguna manera una suerte de pecado original.
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