Diálogo democrático para un nuevo pacto nacional

Jaime martínez Veloz

 

Los graves problemas del país trascienden a la clase política y los grupos de poder. Estamos sumidos en la más severa crisis económica, política y social de la que se tenga memoria en el México contemporáneo.

La creciente inseguridad pública, el incremento de la pobreza de millones de mexicanos, la falta de expectativas para los jóvenes y de esperanza para los adultos mayores, la agudización del fenómeno
migratorio, el deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales, la desigual e inequitativa distribución de la riqueza nacional, la desintegración y violencia intrafamiliar, la ruptura del tejido social, el narcotráfico, la existencia de grupos criminales en varios estados, la discriminación a las minorías y la pérdida de confianza en las instituciones, forman parte de una más amplia y compleja problemática que es necesario enfrentar con una estrategia que sume la voz y la acción de todas las fuerzas políticas y sociales de la nación en la búsqueda de un México mejor y más justo para todos. Al margen de quién sea el ganador en cada uno de los procesos electorales, la crisis actual tenderá a profundizarse si no se construye un acuerdo nacional que configure un nuevo proyecto de país para enfrentar, el estado permanente de crisis en que vivimos los mexicanos.

Al deterioro de la vida política y social han contribuido en forma importante los medios de comunicación electrónica que, según sea el caso, han fustigado aquellas posturas que no convengan a sus intereses. El Poder Legislativo en México tiene la obligación de reconfigurarse, enmendar errores y darle respuesta a los reclamos nacionales. Sin embargo, hay que apuntar que la dureza con la que este poder ha sido cuestionado por las televisoras nacionales contrasta con las omisiones frente a los incumplimientos de los diferentes ejecutivos federales y estatales, de quienes han recibido apoyos, respaldos y contratos.

Televisa logró lo que quiso con la administración panista de Vicente Fox, saneó sus finanzas, que arrastraban adeudos por más de mil millones de dólares; consiguió la eliminación del 12.5 por ciento de los tiempos oficiales a través de un decreto presidencial; estableció una alianza informal con Tv Azteca para evitar cualquier otra opción televisiva; frustró desde el 2004 una nueva ley de medios electrónicos; garantizó hasta el 2030 su dominio y concentración sobre un bien público concesionado como son las señales de radio y televisión; consiguió 165 permisos para abrir centros de apuestas y salas de juego remotas. ¿Y todavía llora?

Las decisiones legislativas que debieran ser cuestionadas por su incorrecto procesamiento, a los ojos de las televisoras aparecen como un acto de responsabilidad republicana, como cuando el primero de diciembre de 2005 –un mes antes de que iniciaran las campañas presidenciales del 2006– en una extraña votación unánime de 321 diputados de todos (incluidas las izquierdas) los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, en menos de siete minutos aprobaron reformas a las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión que le permitieron a Televisa una apropiación del espectro radioeléctrico por 30 años, sin necesidad de licitar y menos de pagar contraprestación alguna al Estado mexicano. Todos los partidos sin excepción, sin berrinches ni pucheros, contribuyeron a fortalecer a las televisoras nacionales y darles patentes de corso para intervenir a sus anchas y sin recato en los asuntos nacionales.

Sin embargo, el dinamismo de la vida política nacional es impresionante. Su efecto más directo es que las tareas de desarrollo político se han extendido hasta involucrar a nuevos agentes, quienes ahora resultan indispensables protagonistas en el diseño de soluciones de alcance nacional. La fórmula constitucional garantiza la integración democrática de las representaciones federal y estatal con base en criterios territoriales. Ésta no debe ser exclusiva, sino debe entenderse como un espacio inicial para el diseño creativo de fórmulas que incorporen expresiones y propuestas de otros segmentos del Estado y de la sociedad; en el caso de agrupaciones sociales, asumiendo las formas orgánicas que han decidido darse a sí mismas y reconociéndoles legitimidad sin objetar su diversidad y autonomía.

Por ello el nuevo pacto que México reclama tiene la misma dimensión histórica de la Independencia, la Reforma o la propia Revolución. Ni más ni menos. La orientación, profundidad y extensión de los cambios que habrán de impulsarse son el punto de inicio de coincidencias y controversias. El Congreso de la Unión constituye el escenario natural para convocar a todas las fuerzas políticas y organizaciones sociales y discutir los grandes temas de interés nacional. Este es el compromiso que deben asumir todas las formaciones partidarias, sin mezquindad ni regateos. Lo que está en juego no son sus triunfos o derrotas, sino el destino del país.

El nuevo pacto debe ser construido a través de un proceso de diálogo nacional en el que participen los partidos, las organizaciones y agrupaciones sociales y políticas, los organismos no gubernamentales, el sector productivo y de servicios, las instituciones educativas, artistas e intelectuales, los medios de comunicación, los trabajadores de la ciudad y del campo, los ayuntamientos, los congresos y gobiernos locales, los poderes de la Federación y los ciudadanos que, sin importar su filiación partidista o credo religioso, quieran participar y comprometerse en la solución de los problemas nacionales.

El nuevo pacto nacional debe trascender cúpulas y elites para convertirse en un ejercicio profundamente democrático, cuyo requisito es la presencia activa de la sociedad en la reformulación de sus relaciones con el Estado, concebido éste como entidad subordinada a la voluntad colectiva. La transición de nuestro país hacia una democracia moderna no podrá omitir esta sentencia. Al gobierno de la República, al Congreso de la Unión, a los partidos y corrientes políticas como suma, y en particular a cada uno, tocará decidir el carácter de su participación: como compañero de viaje en el gran curso nacional o como escollo avasallado.