Escrito por Jenaro Villamil
El desenlace del proyecto de fusión de
las dos grandes televisoras (Televisa y TV Azteca) a través de la
sociedad al 50 por ciento en Grupo Iusacell, la tercera empresa de
telefonía celular más importante del país, no dejó satisfechos ni a los
involucrados ni a especialistas ni a las principales empresas vinculadas
con las telecomunicaciones y con la industria publicitaria y televisiva
del país.
Los más satisfechos, en todo caso,
fueron los operadores de Los Pinos que consideran esta medida como “uno
de los mejores legados” del calderonismo en esta materia, aunque la
decisión se haya adoptado en uno de los momentos más delicados del
proceso electoral federal y en medio de severas críticas de los jóvenes
universitarios y de la prensa extranjera al poder desmedido que han
adquirido las dos empresas de televisión abierta más importantes del
país.
Con un voto dividido de 4 contra 1, la
aprobación de la Comisión Federal de Competencia, el organismo
responsable de evitar las prácticas monopólicas, está condicionada al
cumplimiento de siete medidas, entre ellas la licitación de una tercera
cadena de televisión digital terrestre, que si no se cumplen en dos años
“detonará automáticamente el mecanismo de disolución” de la sociedad
Televisa-Iusacell.
Esta sociedad, anunciada en abril del
2011, implicó una operación de inversión de Televisa de 1,565 millones
de dólares de la empresa en deuda convertible en acciones y de 37.5
millones de dólares en capital, es decir, 1,600 millones de dólares. El
24 de enero pasado, por 3 votos contra 2, el pleno de la CFC rechazó la
fusión. Tras intensas negociaciones y presiones de Televisa, a través de
sus funcionarios y mediante los representantes de Los Pinos, la CFC
decidió aprobarla, a cambio de estas siete condiciones.
Las otras seis condiciones importantes
son: la no discriminación en venta de publicidad en las pantallas de
Televisa y de TV Azteca a las otras compañías de telecomunicaciones
(Telcel, Nextel, MVS, Telefónica, entre otras); la prohibición de las
llamadas “ventas atadas” a la contratación de servicios de Iusacell; la
venta separada de contenidos de televisión abierta y restringida,
segmentos en donde Televisa y TV Azteca acaparan el 88 por ciento de las
frecuencias (224 concesiones para Televisa y 180 para Azteca), el 90
por ciento de los contenidos y el 57 por ciento de la publicidad en
medios; la prohibición del llamado “empaquetamiento” de los canales de
televisión abierta a los concesionarios de televisión restringida; y la
prohibición de que Televisa participe en la empresa Total Play, de TV Azteca.
La resolución incluye un anexo, firmado
por los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade Kuribeña, y el de
Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, así como el
comisionado presidente de Cofetel, Mony de Swaan, y el presidente de la
CFC, Eduardo Pérez Motta, para que se publiquen “a más tardar el 30 de
noviembre de este año”, un día antes de que termine la administración
calderonista, la convocatoria a la licitación correspondiente a los
frecuencias de televisión abierta en tecnología digital.
El acuerdo indica que tanto los
secretarios de Estado como los presidentes de los órganos reguladores
“manifiestan su compromiso de conducir, procurar y/o apoyar, en la
esfera de sus atribuciones, los procesos regulatorios y la toma de
decisiones” para el cumplimiento puntual de la licitación de la tercera
cadena.
Este documento no establece ninguna
sanción a los funcionarios que incumplan con lo establecido.
Especialistas involucrados en las negociaciones consideraron que se
trata de un “acuerdo de buena fe”.
Las Presiones de Iusacell y su Plan B
Los primeros en reaccionar fueron los
voceros y representantes jurídicos de Grupo Salinas, concesionario de TV
Azteca y de Iusacell. Luis Niño de Rivera calificó de “onerosas,
restrictivas, excesivas y muy duras” las condiciones impuestas por la
CFC.
Niño de Rivera afirmó que uno de los
condicionamientos “más graves” es el plazo de dos años para disolver la
sociedad si no se licita de manera exitosa una tercera cadena de
televisión abierta.
“Si no se lleva a cabo la licitación por
razones ajenas a las empresas, en qué precepto legal puede sustentar la
CFC para disolver la existencia de la inversión; yo esperaría que no se
llegue a ese extremo ridículo”, afirmó Niño de Rivera.
Más cauto, Grupo Televisa envió un
comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, señalando que analizará los
términos y condiciones impuestos por la CFC, ya sea para aceptarlos o
impugnarlos en un plazo de cinco días, a partir del 14 de junio.
El anuncio benefició a Grupo Televisa en
la Bolsa Mexicana de Valores. La cotización de sus acciones cerró con
un alza de 3.5 por ciento, después de haber perdido más de 20 por ciento
tras conocerse el rechazo inicial, en febrero de 2012.
El comisionado presidente de la CFC,
Eduardo Pérez Motta, afirmó que si las empresas no aceptan en cinco
días, tienen la libertad de no concentrarse. “Si el perro ya no existe,
ya no hay rabia, nosotros atacamos la rabia a través de estos
compromisos y si no les gusta, pues ya no hay perro y ya no hay rabia.
Es una decisión que está en manos de ellos”, afirmó Pérez Motta en
declaraciones a la prensa.
Distintos observadores consultados por Proceso coincidieron
en afirmar que acepten o no las condiciones impuestas por la CFC, Grupo
Iusacell ya ganó porque la inyección de 1,600 millones de dólares que
realizó Grupo Televisa permitió sanear las finanzas de una empresa con
severos problemas de deuda.
Además, existe un “plan B” por si no
aceptan las condiciones: la alianza con la empresa española Telefónica
Movistar, la segunda empresa más importante de telefonía móvil en el
país, hasta hace unos meses un enemigo acérrimo de Grupo Iusacell, y que
se mantuvo al margen de la guerra de las telecomunicaciones armada
entre las dos televisoras contra Telcel-Telmex, de Carlos Slim.
Dos días antes de que se conociera la
resolución de la CFC, Grupo Iusacell firmó un acuerdo con Telefónica
para aumentar la penetración del servicio móvil y beneficiar a más de 27
millones de usuarios, a través del servicio de roamming y de
la ampliación de 36 mil kilómetros de fibra óptica que permitirá
aumentar la calidad, cantidad y velocidad de los servicios.
Telefónica y Grupo Iusacell afirmaron
que a través de esta alianza tendrán cerca del 30 por ciento del mercado
de telefonía móvil que controla Telcel.
Juan Abellán, presidente ejecutivo de
Telefónica, dijo que la alianza busca beneficiar a la competencia, en
contra de “un monopolio que ha impedido que millones de mexicanos
accedan a los beneficios de la tecnología por los altos precios de los
servicios”, en clara referencia a Telcel.
Unos meses antes de esta resolución, la
CFC le canceló la “megamulta” de 1 mil millones de dólares a Telcel, a
cambio de que cumpliera 5 condiciones en materia de interconexión. Esta
resolución dejó sin efecto, en los hechos, el acuerdo de tarifas de
interconexión entre Telefónica y Telcel, de diciembre 2010, que aceleró
la “guerra” entre las televisoras y las empresas del magnate Carlos
Slim.
Otro actor importante en el escenario,
la telefónica Nextel, afirmó que si se concreta la fusión
Televisa-Iusacell no afectará a esta empresa que fue socia de Grupo
Televisa en la polémica Licitación 21 de la banda 1.7Ghz.
“En nuestro escenario más competido, ya
habíamos descontado que se diera la unión”, afirmó Gustavo Cantú,
vicepresidente de la telefónica en México. Antes de que se diera a
conocer la resolución de la CFC, la Fundación Nextel convocó a un
concurso para documentar la “propiedad cruzada de los medios” de
comunicación en México, en clara referencia a los riesgos de la alianza
entre las dos televisoras más importantes.
Nextel es el cuarto operador por
usuarios del país, con cerca del 4 por ciento del mercado, mientras que
Grupo Iusacell tiene cerca del 6 por ciento, de acuerdo con los datos de
la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Continúa mañana.
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