Aspectos elementales como descripciones detalladas de los activos
y pasivos de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro siguen
siendo escamoteados por el gobierno de Felipe Calderón, que en octubre
de 2009 disolvió el organismo descentralizado y trasladó su
infraestructura a la Comisión Federal de Electricidad. Este ocultamiento
de cifras correspondientes a los estados financieros de LFC prevalece
no obstante la reciente desclasificación de algunos de los documentos
relativos al proceso de extinción, los cuales muestran ya, con todo,
evidencias claras de la naturaleza perversa del decreto calderonista.
A
punto de que se cumplan tres años del decreto mediante el cual el
presidente Felipe Calderón extinguió la Compañía de Luz y Fuerza del
Centro, prevalece la opacidad en lo relativo a los inventarios de la
infraestructura de la empresa y la incógnita respecto de lo qué sucederá
en octubre próximo, cuando venza la entrega en comodato de los bienes
del organismo descentralizado a la Comisión Federal de Electricidad
(CFE).
El pasado 22 de febrero, la dirigencia del Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME) y un grupo de diputados del PRD lograron
que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (IFAI) ordenara la desclasificación de una serie de
documentos sobre la extinción de LFC, toda vez que el gobierno de
Calderón había determinado mantenerlos en reserva por un periodo de 12
años, lo que fue considerado improcedente por el IFAI.
Entre la
información desclasificada figura el convenio mediante el cual el
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) asumió la
administración de LFC y de un plumazo la otorgó en comodato a la CFE.
El
comodato es un tipo de contrato consistente en otorgar a una persona
física o moral el usufructo de un bien de manera gratuita pero con un
plazo establecido de restitución. Para este caso, el comodato vence en
octubre próximo y, de no haber ninguna acción en contrario, se
prorrogará por tres años más.
La operación de extinción de LFC se
inició con la negativa de la Secretaría del Trabajo, el 5 de octubre de
2009, de conceder la toma de nota al dirigente del SME, Martín Esparza.
El mismo día la Comisión Intersecretarial de Gasto Público,
Financiamiento y Desincorporación dictaminó en secreto la extinción.
Durante
los primeros minutos del 11 de octubre de 2009, Calderón emitió el
decreto referido mientras miles de policías federales y soldados tomaban
las instalaciones del organismo que abastecía de electricidad a la
región centro del país y se realizaban los trámites administrativos para
la extinción, considerados inconstitucionales por la dirigencia del
SME.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1859, ya en circulación)
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