Autor: Martin Esparza
Hueca como buena parte de las propuestas electorales del Partido
Revolucionario Institucional, la promesa de bajar las tarifas eléctricas
en el país implicaría en los hechos un verdadero análisis y debate
nacionales sobre la situación que guarda en su conjunto la industria
eléctrica en el país, ya que la medida no sería viable únicamente
fomentando la inversión privada en Pemex para generar más energía a
través del combustóleo, como lo planteó el coordinador de la campaña de
Enrique Peña Nieto, el diputado [con licencia] Luis Videgaray.
El filón electoral que representan en todo el país los millones de
usuarios inconformes con los altos cobros en sus recibos por parte de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) es por demás apetecible, y
atraer su intención del voto con la promesa de cobrarles menos se
explica por sí misma. El problema es que el mecanismo planteado por los
priístas no resuelve de fondo no sólo el problema de las altas tarifas,
sino que deja intocables a las empresas trasnacionales que se han
adueñado de la generación de energía en el país y que son las
principales responsables de un multimillonario quebranto a las finanzas
públicas.
En una mesa de opinión posterior al debate organizada por una
conocida televisora, el panista Roberto Gil Zuarth se opuso abiertamente
al planteamiento de Videgaray, al que calificó como inviable, pues en
su opinión bajar las tarifas representaría aumentar los subsidios. Otra
falacia más del binomio Partido Revolucionario Institucional
(PRI)-Partido Acción Nacional (PAN), que de común acuerdo ha permitido
desde 1992 el desmantelamiento de la industria eléctrica nacional, año
en que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari modificó la Ley
del Servicio Público de Energía Eléctrica, abriendo las puertas de una
gradual privatización del sector mediante la creación de figuras como
los productores independientes y la cogeneración.
Los panistas han culminado con el exterminio de la infraestructura
eléctrica en el país, propiedad de todos los mexicanos, pues en tan sólo
dos sexenios autorizaron –a través de la Comisión Reguladora de Energía
Eléctrica– un total de 772 permisos a poderosas trasnacionales (como
Iberdrola, Unión Fenosa, Intergen, Mitsubishi y AES, entre las más
importantes) para controlar el 50 por ciento de la generación de energía
eléctrica en el país.
Y en efecto, bajo la miope y antinacionalista óptica del
PAN, bajar las tarifas requeriría de mayores subsidios por la simple
razón de que ellos hipotecaron ya a los millones de usuarios del país,
al haber aceptado desventajosos contratos con las trasnacionales nada
menos que para comprarles su energía a precios muy por encima de su
valor real y de manera obligatoria por los próximos 25 años. Bajo su
esquema, reducir las tarifas implicaría subsidiar la energía que ellos
mismos están comprando a desorbitados sobreprecios.
Panistas y priístas se guardan bien de decir a los mexicanos que
tan sólo en los últimos 10 años se han pagado más de 300 mil millones de
pesos a las empresas extranjeras por la compra de una energía que bien
pudiera haberse generado con nuestra propia infraestructura [de la CFE] a
cotos más bajos. Los compromisos adquiridos por los panistas, y
avalados por el PRI, costarán al país en las próximas dos décadas nada
menos que 1.6 billones de pesos.
Claro está que quienes terminarán pagando los costos de tan absurda
y entreguista política energética serán los usuarios, a quienes el PRI
intenta engañar nuevamente bajo el falso argumento de que es necesario
fomentar la inversión privada en Pemex, para que la empresa produzca más
combustóleo y éste a su vez energía eléctrica. Una excusa absurda para
aniquilar a uno de los últimos bastiones de nuestra soberanía económica y
aniquilarla como sucedió con Luz y Fuerza del Centro en octubre de
2009.
Pero hay otras millonarias fugas de recursos que terminan pagando
los usuarios tanto de la zona del centro como del resto del país; por
ejemplo, el gobierno de Felipe Calderón dijo hasta el cansancio que con
el cierre de Luz y Fuerza del Centro y el despido de 44 mil
electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se mejoraría
el servicio, se ahorrarían 40 mil millones de pesos anuales y se
reducirían las tarifas.
A casi tres años del ilegal decreto de extinción del 11 de octubre
de 2009, ninguna de las tres premisas se ha cumplido, porque además de
que la medida no tuvo ni pies ni cabeza se dejaron las manos libres
a los corruptos funcionarios de la CFE, que como Néstor Moreno Díaz
desaparecieron de la noche a la mañana inventarios con valor de 2 mil
582 millones de pesos, con los que la extinta empresa contaba en 2009,
según quedó establecido en la minuta de su Junta de Gobierno elaborada
en agosto de ese año. Ni el Servicio de Administración de Bienes ni
alguna autoridad han informado qué ocurrió con tales recursos, propiedad
de la nación.
Moreno Díaz, el exdirector operativo hoy preso, también entregó sin
licitación alguna la materia de trabajo –que antes desempeñaban los
trabajadores del SME en la zona centro del país– a empresas
contratistas, con las consecuencias por todos conocidas: pésima
prestación del servicio e innumerables fallas. Hasta la fecha, la CFE ha
pagado a las irresponsables firmas más de 10 mil millones de pesos,
cantidad que sumada a los 12 mil millones de pesos a que ascendió el
finiquito de los 28 mil electricistas que decidieron liquidarse, hace un
total de 22 mil millones de pesos.
Además de los altos costos enumerados, hay otros a los que la CFE
rehúye enfrentar, como son las millonarias pérdidas que por las
reiteradas fallas han tenido miles de comercios, industrias y hogares en
la zona centro del país, y también el alto costo de vidas humanas por
los crímenes industriales consentidos por la CFE y el charro
cetemista Víctor Fuentes del Villar, líder del Sindicato Único de
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, al no exigir a las
empresas contratistas que brinden la capacitación necesaria y los
equipos de seguridad mínimos al personal que contratan; humildes
trabajadores que por sueldos de hambre han sido enviados a una muerte
segura, sin el menor de los escrúpulos, a manejar redes de alta tensión.
Eso sí, Fuentes del Villar cobra a los contratistas el 2 por ciento del
valor de sus contratos por permitirles desplazar la mano de obra de sus
propios agremiados.
Por eso, cuando se habla de reducir las tarifas eléctricas, debe ponerse
sobre la mesa de las realidades nacionales el panorama actual que
guarda el sector en su conjunto. Y debe lucharse por recobrar la
aplicación exacta de lo contenido en los artículos 27 y 28 de nuestra
Constitución, para que se opere lo que hemos calificado como una
“renacionalización” de nuestra industria eléctrica que nos permita el
manejo libre y soberano de nuestros recursos energéticos como puntales
de nuestro desarrollo económico.
Las posturas demagógicas y electoreras de panistas y priístas,
distan mucho de ser parte de un proyecto de país nacionalista que cierre
las puertas al desmedido saqueo de las trasnacionales y recobre el
bienestar social para la mayoría de los mexicanos.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
Fuente: Contralínea 290
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