El PRI intenta regresar a la Presidencia de la República sobre el desastre de las administraciones panistas y un cúmulo de promesas poco viables. La carta del Partido para regresar al poder se funda en la necesidad de “cambio”en un país con profunda crisis social y económica, señalan politólogos
Luego de 12 años en la oposición, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aspira a sentarse
nuevamente en la silla presidencial que por más de 70 años ocupó.
Debilitado en su estructura y con una militancia dividida entre los
colaboradores de Enrique Peña Nieto y los que no lo son, el priísmo
pretende capitalizar el clima de violencia de los últimos años y trabaja
para su retorno.
A través de un proceso cuestionado,
Enrique Peña Nieto fue elegido para mostrar el “nuevo” rostro de la
organización política; no obstante, el candidato lucha por mantener su
posición privilegiada de preferencia en las encuestas, en medio de
protestas de repudio protagonizadas por la sociedad civil.
El candidato ha sido constantemente
cuestionado porque durante su administración, en el Estado de México, la
entidad se colocó en primer lugar en cuanto a feminicidios se refiere.
Además, la represión ejercida contra los campesinos de San Salvador
Atenco llamó la atención de organismos internacionales.
En un país con un presidencialismo
todavía muy poderoso, refiere Carlos Imaz, profesor en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y exfuncionario vinculado a
gobiernos del Partido de la Revolución Democrática, las características
de quien ocupe ese espacio cobran importancia: “Lo que veo es a un tipo
hueco, un tipo vacío, sin ideas, con muchos cadáveres en el clóset, suyos y de su partido”.
Peña Nieto se ha hecho acompañar
durante su campaña de personajes como Tomás Yarrington o Mario Marín, lo
que ha causado aún más escepticismo entre la población de encontrarse
frente a un “nuevo” Partido Revolucionario Institucional.
“De ‘nuevo’ no tiene nada. Atenco,
Michoacán… Las matanzas campesinas, la represión a los ferrocarrileros, a
los maestros, Aguas Blancas… 10 de junio, 2 de octubre… No sólo son
gente poco honesta en el manejo de los recursos, sino que tienen las
manos manchadas de sangre. No es quién las tuvo, [sino que] Peña Nieto, Ulises Ruiz [en estos tiempos] tienen las manos manchadas de sangre. Está en su naturaleza, es parte de su genética, de su ADN…”, indica el político Carlos Imaz.
Para el politólogo Valeriano Ramírez,
también profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el de
ahora es un “nuevo PRI” con los viejos esquemas y los viejos vicios. Un
nuevo PRI con caras nuevas y nuevos estilos que habrá de
reestructurarse para acordar y superar los cacicazgos locales. “Van a
tener que negociar con los gobernadores”.
A decir de Hector Zamitiz, doctor en
ciencia política y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la
UNAM, no hay un PRI que se haya reformado. La designación de
gobernadores jóvenes o de un candidato joven, dice, no demuestra que hay
una renovación de la clase política priísta: “ni se renovó la clase
política del PRI, ni sus estructuras estatutarias para la selección de
candidatos”; claro ejemplo de ello, señala el investigador, es la
designación de Enrique Peña Nieto: “no fue propiamente una contienda
interna, no hubo consulta a la base, no hubo pronunciamiento de una
asamblea. El senador Beltrones declinó a participar en el proceso”.
Las propuestas
En
su Plataforma Electoral y Programa de Gobierno, un legajo de 102 hojas,
el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México
diagnostican la política de los gobiernos de la alternancia, Vicente
Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Falta de empleo, crecimiento
“mediocre de la economía”, un clima de violencia generalizado,
corrupción, pobreza, escaso acceso a la salud y rezago educativo son
algunas de las deficiencias que señalan; y que también sirven como base
para definir su propuesta de gobierno, bajo seis ejes principales:
democracia, seguridad y justicia; crecimiento económico, competitividad y
empleo; desarrollo, equidad social y educación de calidad; medio
ambiente y desarrollo sustentable; política internacional; y áreas
estratégicas.
El profesor Valeriano Ramírez indica
que, pese a que las propuestas son “necesarias”, no son asunto de
partido, sino del modelo de acumulación del capital: “En este momento se
requiere la reactivación de la economía. Si no se hace, el capital no
funciona”.
Las políticas, dice, lejos de ser
iniciativa del candidato son dictadas por organismos internacionales,
como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo.
De acuerdo con el también sociólogo,
cualquier candidato, al llegar a la Presidencia, tendrá que aplicar esas
políticas de desarrollo. De ahí la similitud entre la plataforma
política del PRI y el Proyecto Alternativo de Nación, de Andrés Manuel
López Obrador. Son, dice Valeriano Ramírez, una necesidad para el
crecimiento del país, para mantener los equilibrios internacionales y
para mantener una región económicamente funcional que permita la
reactivación económica y funcional del capital.
Sobre este punto, el catedrático
explica que la plataforma de Josefina Vázquez Mota difiere de este plan,
pues se mantiene en la idea de que el esquema se tiene que desarrollar
pero con la iniciativa privada: “el PAN [Partido Acción Nacional] no
ofrece un fortalecimiento del Estado. Ésa es la crítica que
permanentemente se le ha hecho al PAN desde que surgió en 1934. Ellos
están en contra de la rectoría del Estado”.
Derechos humanos
En “Memorias de una infamia. Atenco no se olvida”, artículo publicado en La Jornada
el 9 de junio de 2012, Adolfo Gilly hace una selección de crónicas,
memorias de lo ocurrido hace seis años en San Salvador Atenco. Represión
policial lanzada por el entonces gobernador del Estado de México,
Enrique Peña Nieto, y el expresidente del país, Vicente Fox Quesada,
quienes ahora unidos en campaña han asumido públicamente la autoría y la
responsabilidad de los hechos.
Desde entonces, escribe Gilly, nadie
ha sido castigado por la muerte de dos jóvenes, de 14 y 20 años; por
golpear y humillar a los pobladores; por el cateo de casas, por el
destrozo de viviendas; el robo; por la aprehensión con violencia de más
de 200 personas. Tampoco por los 12 pobladores encarcelados más de
cuatro años o por las decenas de mujeres violadas y humilladas por las
fuerzas policiales de Fox y Peña Nieto.
Con la sombra de los hechos
sucedidos en San Salvador Atenco, el Revolucionario Institucional
asegura que, de llegar al poder, apuntalará la defensa de los derechos
humanos, impulsará la universalización y mejorará las convenciones
correspondientes, promocionará la legitimidad de los órganos de
jurisdicción internacional.
Sobre el tema, Carlos Imaz refiere: “¿Pues no decía su padrino político Arturo Montiel, en un spot,
que los derechos humanos son para las ratas? ¿Él que va a decirnos de
los derechos humanos? ¿Que se aplican así como en Atenco: violando
muchachas, asesinando a dos personas y golpeando hasta la muerte a dos
(por lo menos), encarcelando por más de 60 años a los pobladores y
acusándolos de terrorismo? Fue una vil y vulgar venganza de quien tiene
un podercito y lo ejerce salvajemente, sin respeto a los derechos humanos, sin ley”.
Equidad de género
Con alrededor de 686 homicidios
dolosos de mujeres perpetrados entre 2007 y agosto de 2010, el Estado de
México ocupó el segundo lugar en feminicidios durante la administración
de Enrique Peña Nieto, tan sólo después de Chihuahua, entidad que ocupa
el primer sitio con 796 crímenes contra mujeres durante el mismo
periodo (Contralínea 274 ).
Proponemos –consigna el Programa de
Gobierno de la coalición– reducir los índices de violencia contra las
mujeres a través de consolidar acciones integrales para la prevención y
la efectiva sanción. El impulso a la equidad de género y la creación de
programas específicos para la mujer como prioridad presupuestal, además
de la creación del programa nacional para la igualdad entre mujeres y
hombres.
Infraestructura
Desde la oposición, el priísmo en el
Congreso impulsó la Ley de Asociaciones Público-Privadas que hoy se
encuentra vigente. La iniciativa de Felipe Calderón Hinojosa legaliza
los contratos de casi medio siglo, las expropiaciones a favor de
privados y la entrega de recursos naturales propiedad de la nación para
el desarrollo de negocios financiados con dinero público.
En México, al menos 29 proyectos
operan bajo este esquema. Adjudicados al capital privado por el gobierno
federal y los gobiernos estatales, principalmente panistas y priístas:
prisiones, escuelas, carreteras, hospitales, transportes y generadores
de energía fueron construidos –y son explotados– principalmente por
capital español en contratos de hasta 30 años (Contralínea 266).
En este rubro, el Plan de Gobierno
del PRI establece la creación de un programa nacional de
infraestructura, la promoción de nuevos esquemas de financiamiento y
presupuestación multianual que incentiven las obras a largo plazo y de
alto impacto social en los municipios; el impulso de un fondo nacional
de infraestructura y un modelo de la banca de desarrollo que financie
los grandes proyectos de inversión en áreas “prioritarias”, como la
innovación industrial, la generación de energías alternativas y el
desarrollo agropecuario.
La construcción de nuevas presas, la
reconstrucción de la infraestructura hidráulica y mejorar la
infraestructura para racionalizar el consumo del agua; la construcción
de carreteras y autopistas, transporte de pasajeros sustentable,
aeropuertos, puertos, energía limpia, escuelas, hospitales y clínicas
abastecidas, atendidas y con oferta de personal médico y camas
suficientes, son algunos de los rubros que proyecta concretar el PRI.
En materia energética, Enrique Peña
Nieto se ha pronunciado por la apertura al capital privado de Petróleos
Mexicanos (Pemex). Aunque el documento también hace referencia al tema,
no se explicita en qué consiste la “modernización”, tachada por algunos
como una forma de privatización: “Nos proponemos impulsar las
transformaciones necesarias para que Pemex sea palanca efectiva del desarrollo y crecimiento de la economía del país”.
Sobre si el modelo planteado por el
priísmo es el camino a la privatización, Valeriano Ramírez señala que
éste es la tercera vía, en referencia al sociólogo británico Anthony
Giddens: “el PRI propone una sociedad de corresponsabilidades. La
vinculación de la rectoría del Estado con participación privada. Es
decir, ni el Estado de bienestar, ni el Estado liberal, la tercera vía
que es la parte intermedia. Una participación privada en la política
económica pero con rectoría del Estado”.
Sin política clara para combatir el desempleo
En el país, más de 8 millones de
personas se encuentran en el desempleo, de acuerdo con información del
Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la
UNAM. La cifra rebasa en un 300 por ciento a la reportada por el Inegi
(que apenas alcanza los 2 millones de “desocupados”) y más de la mitad
de la población se emplea en la informalidad.
Pese a las propuestas de generar
programas de empleo orientado particularmente a jóvenes desempleados y
sin opciones educativas inmediatas; apoyar las iniciativas comunitarias y
la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, el documento no
ofrece respuestas de cómo resolver el desempleo en el país, y en los
hechos, el PRI ha impulsado la reforma laboral.
El Revolucionario Institucional,
acompañado de los integrantes del Partido Acción Nacional, ha impulsado
en el Congreso la reforma a la Ley Laboral. Reforma que de acuerdo con
Francisco Hernández Juárez, diputado federal de extracción perredista,
no es la solución a la falta de empleos. Lo que pretende, explica, es
precarizar más el empleo, facilitarle a las empresas los conflictos con
los trabajadores, otorgarle ventajas al empresario y limitar los
derechos de los trabajadores: “100 años de retroceso en el derecho
laboral”, con el objetivo de legalizar lo que ya se hace en la práctica
para evadir responsabilidades: contratar a través de terceras empresas.
Seguridad
De la continuidad en la “guerra”
contra el narcotráfico, Imaz Gispert no tiene dudas, pues a su
consideración, para dar solución a la violencia hay que ir a las causas y
“queda claro que eso no lo pretende hacer el PRI”.
En su Programa de Gobierno, el PRI
planea fortalecer con nuevas tecnologías a los cuerpos de seguridad,
crear un centro de inteligencia único para la efectiva lucha contra el
crimen organizado, crear órganos de procuración de justicia y de policía
especializados en la lucha contra el consumo y tráfico de drogas,
alentar la participación de la sociedad, consolidar el Programa Nacional
de Prevención del Delito como un eje estratégico de la lucha
anticrimen, combatir los circuitos financieros del dinero de origen
ilegal, incrementar el producto interno bruto al combate a la
inseguridad y replantear el sistema penitenciario; así como el
fortalecimiento de la prevención del delito, preservar la vida y la
integridad de las personas, de sus familias y su patrimonio, disminuir
la violencia y elevar la eficacia con la que se combate al crimen
organizado y aplicar una estrategia con respeto a los derechos humanos.
Si bien se habla de una política
integral, el Revolucionario Institucional no define si va a continuar
con la guerra en contra del narcotráfico, señala Valeriano Ramírez.
Sin obligación de cumplir
Aunque los partidos políticos deben
registrar su Programa de Gobierno y Plataforma Electoral ante el
Instituto Federal Electoral como requisito para contender por la
Presidencia de la República, “no hay nada que los obligue a cumplir la
Plataforma”, reconoce el también investigador Hector Zamitiz Gamboa,
pues carecen de carácter vinculante.
El problema, refiere Valeriano
Ramírez, no es que respeten las plataformas, sino, cuáles son las
presiones nacionales e internacionales que padecen.
Señala Zamitiz Gamboa que hay que
esperar para ver cuáles son aquellas definiciones de política que se
extraen del discurso de campaña y después ver cuáles se establecen en el
Programa Nacional de Desarrollo, “porque una cosa es el discurso de
campaña y otra lo que se traduce en ley y llega a las cámaras para su
discusión.
El regreso del PRI
De regresar el PRI al poder, dice
Imaz, significaría el regreso al pasado, a las mismas prácticas, los
mismos vicios que el partido desarrolló durante 70 años. “No creo que
podamos esperar algo diferente de lo que fue el giro de las políticas
públicas en la década de 1980, conocido como giro neoliberal: el
abandono de la responsabilidad social del Estado, apostar todo al
mercado y terminar de desmantelar lo que desmanteló De la Madrid y luego
Salinas”.
“El regreso [del PRI] implicaría,
desde mi punto de vista, restablecer algunas cuestiones del viejo
sistema político: el regreso de las formas de organización del otrora
sistema político priísta”, concluye Hector Zamitiz.
—De recuperar el PRI la Presidencia,
quién va a gobernar, Salinas de Gortari o Enrique Peña Nieto –se les
pregunta a Carlos Imaz y a Valeriano Ramírez.
—El poder económico –coinciden
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