Autor: Miguel Badillo *
Oficio de Papel
El miedo se apodera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), en donde sus siete medrosos magistrados ordenaron
blindar sus instalaciones ante cualquier contingencia postelectoral.
Convencidos de que cualquier resultado electoral del próximo
domingo, en donde está en juego la Presidencia de la República y una vez
más la alternancia en el poder, generará reacciones violentas en el
país, los magistrados ordenaron que las puertas de ingreso al Tribunal
fueran blindadas, en especial la correspondiente a la Sala Superior (en
donde sesionan), que tiene acceso por la avenida Carlota Armero, en el
Distrito Federal.
Con la omnipotencia que ejercen estos siete servidores públicos, no
tienen por qué dar explicaciones de sus decisiones y mucho menos del
ejercicio que hacen del dinero público; sin embargo, para justificar el
cuantioso gasto del blindaje argumentaron que estaban preocupados y
asustados por su seguridad personal. El área encargada del blindaje fue
Protección Institucional y el gasto ascendió a 300 mil pesos, más otros
38 mil de una “puerta acorazada” con capacidad de resistir disparos de
bazucas y hasta bombas.
Pero el temor de los magistrados no quedó allí, también se
autorizaron camionetas blindadas marca Gran Cherokee, con valor
aproximado a 1.5 millones de pesos por cada vehículo.
Pero el abuso del dinero público en este órgano de impartición de
justicia, que después del 1 de julio resolverá las controversias en
materia electoral y las impugnaciones que presenten los actores
políticos por la elección del presidente, de gobernadores, de jefe de
gobierno, de diputados federales y de senadores, va más allá. Los siete
magistrados, cuyo presidente es el doctor José Alejandro Luna Ramos,
tienen asignado para su servicio otros dos automóviles con su respectivo
gasto de gasolina; su ingreso mensual neto fluctúa entre los 230 mil y
250 mil pesos, el mismo salario que gana el presidente del país; cuentan
con un seguro de separación individualizado contratado con la empresa
MetLife, consistente en que el magistrado aporta 10 por ciento de sus
ingresos y el Tribunal otro 10 por ciento con dinero público, y el total
lo recibirá cada magistrado cuando termine su gestión.
Además, dicho órgano de “justicia” le otorga a los magistrados un
seguro de vida y uno de gastos médicos mayores, con cero coaseguro, es
decir, que cualquier gasto que genere su internamiento en algún hospital
de cinco estrellas el magistrado no desembolsará un sólo centavo de sus
ingresos, pues todo estará cubierto por el seguro pagado con dinero
público de los mexicanos.
Como estos siete magistrados son los responsables del cómputo final
de la elección presidencial y de calificar su legalidad para declarar
quién es el presidente electo, necesitan más estímulos económicos que
los alejen de tentaciones de corrupción o de componendas políticas; por
ello, votaron a su favor para asignarse esta misma semana un “bono de
riesgo” por 500 mil pesos para cada uno, lo que representa para ellos
“apenas” dos meses de salario.
Seguro que con tanta protección, blindaje y bonos económicos extras
para su “protección”, los magistrados del Tribunal Electoral deben
saber algo que los más de 100 millones de mexicanos ignoramos, y que
puede ocurrir en las próximas elecciones. No encuentro otra
justificación para tal despilfarro, abuso de poder y tráfico de
influencias en beneficio de ellos mismos.
Más bonos para los “humildes” magistrados: el dispendio continúa y
todos los trabajadores de ese órgano electoral recibieron hace unos días
un “bono de apoyo al proceso electoral”, correspondiente a uno o dos
meses de salario, dependiendo del cargo del funcionario; otro bono de la
misma dimensión les será entregado después del 1 de julio, nuevamente
por “apoyo a las elecciones presidenciales” y, por si lo anterior fuera
poco, los magistrados han dispuesto que cada cuatro meses se les pague
un bono equivalente a un mes de salario. Son tantos bonos que
prácticamente trabajar en dicho órgano del Poder Judicial les permite
duplicar su ya de por sí oneroso salario.
El TEPJF ha dispuesto también que sus siete magistrados no gasten
su salario en el consumo de alimentos, por lo cual les otorga 15 mil
pesos mensuales, dinero equivalente al salario mínimo que recibirían
ocho trabajadores mexicanos. Si los 15 mil pesos no son suficientes para
sus costosas comidas, tienen derecho a presentar facturas que el
Tribunal paga como “atención a magistrados”.
Entre los gastos “menores” en beneficio de sus magistrados está la
disposición de más de 100 mil pesos para comprarle a cada uno su iPod;
también una moderna cafetera a un “mínimo” costo de 20 mil pesos; o la
lujosa camioneta para el presidente Luna Ramos: una Toyota Sequoia, que
tiene un precio de alrededor de 800 mil pesos.
Pero los siete magistrados no sólo están interesados en su
bienestar económico, su seguridad y alimentación, también en participar
en la recomendación de su personal y de amistades y compadres en cargos
de mandos superiores y medios dentro del Tribunal. Por ejemplo, Rolando
de Lasse Cañas, coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública,
despidió al director de Proyectos, René Alvarado, y en su lugar entró
Valentín Rosas García, quien entre pasillos presume su amistad con uno
de los hijos del doctor Luna Ramos.
Lo más grave de esa remoción del ingeniero Alvarado, y que por lo
menos debería preocupar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, es que se dio porque el funcionario se negó a firmar y
aceptar las nuevas estimaciones económicas para una obra de remodelación
y ampliación de la Sala Regional del Tribunal en Monterrey, Nuevo León,
que tuvo un desembolso del erario de entre 55 millones y 60 millones de
pesos, con deficiencias de tiempo y costo. Dicha obra estaba planeada
para concluirse en marzo, pero demoró cuatro meses más y tuvo un
sobrecosto de 15 millones. El encargado de vigilar el buen uso de los
recursos es Rolando de Lasse Cañas.
Otro despido injustificado fue el del ingeniero Roberto Healty,
quien tuvo que dejar la Jefatura de Unidad de Control de Obras y
Conservación del TEPJF para que su lugar llegara Ricardo Zetina, también
recomendado de De Lasse Cañas, quien procura siempre estar atento a las
peticiones del presidente Luna Ramos y de los magistrados Manuel
González Oropeza, Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo y Nava
Gomar.
Nuevamente el espacio me ha ganado y queda pendiente seguir con el
tema de las presiones a la primera mujer procuradora general de la
República. Hasta el próximo domingo y felices elecciones, señores
magistrados.
*Periodista
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