La demanda por el delito de “conspiración para defraudar”
interpuesta en Estados Unidos contra colaboradores del círculo íntimo de
Enrique Peña Nieto desnuda una compleja trama corrupta –en la que
incluso habrían tomado parte los cárteles de la droga– que amenaza la
campaña del candidato priista. Entrevistado por Proceso,
el demandante, el mexicano-estadunidense José Luis Ponce de
Aquino,
propietario de la empresa Frontera Television Network, no sólo ratifica
sus acusaciones; también anuncia que ampliará los términos de su
demanda, luego de haber sido desacreditado públicamente por los
peñanietistas Luis Videgaray y Roberto Calleja.
Un nuevo
frente de conflicto se abrió para el aspirante presidencial del PRI,
Enrique Peña Nieto, ya que sus principales operadores políticos y
mediáticos –Luis Videgaray, David López, Luis Enrique Miranda Nava,
Roberto Calleja y Edwin Lino– están demandados ante una corte federal de
Distrito Central de California, Estados Unidos, por el delito de
“conspiración para defraudar” a un empresario mexicano-estadunidense y
utilizar sus documentos para justificar gastos millonarios de la
campaña.
El costo total del proyecto iba a ser de 56 millones de
dólares, que presuntamente provendrían del narcotráfico y de otros
“amigos” del PRI, según le hicieron saber posteriormente para
intimidarlo.
A las investigaciones emprendidas desde Estados
Unidos en contra de funcionarios y empresarios vinculados a tres
exgobernadores del PRI (Tomás Yarrington, Humberto Moreira y Fidel
Herrera) se suma esta demanda civil presentada el 7 de junio pasado por
José Luis Ponce de Aquino, conocido como Pepe Aquino y propietario de la
empresa Frontera Television Network (FTN), a quien –como él ha
relatado– los priistas contactaron en noviembre de 2011 para difundir y
posicionar la imagen de Peña Nieto entre la comunidad de origen mexicano
en Estados Unidos.
Aquino sostiene que FTN perdió 15 millones de
dólares, ya que a pesar de haber firmado dos contratos y entregar la
documentación de su empresa, los acusados no le entregaron los fondos
para operar ni le devolvieron los papeles originales. Cuando exigió a
los acusados que cumplieran el trato o lo cancelaran debidamente, éstos
lo amenazaron y le dijeron que “más le valía ser muy cuidadoso para no
hacer cualquier ruido porque de lo contrario su vida estaría en
peligro”.
En la página tres de la demanda EDCV12-920-VAP (DTBx),
presentada ante la corte federal con sede en la ciudad de Riverside se
lee: “Frontera Television Network, por medio de sus agentes autorizados,
fue amenazada. Se les indicó que el dinero se originó y fue transferido
(a la campaña de Peña Nieto) por compañías que pertenecen a los
cárteles de la droga”.
Entrevistado vía telefónica por Proceso,
después que el escándalo detonara en el noticiero radiofónico Carmen
Aristegui en MVS, Aquino se congratula: “Gracias a Dios, a la virgen de
Guadalupe, les pedí que el contrato tenía que ser bajo las reglas del
estado de California. Por eso los he podido demandar”.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1859, ya en circulación)
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