Autor: Miguel Badillo*
Oficio de Papel
La noche se le vino al Ejército.
Nerviosismo, preocupación, intriga y miedo privan en las Fuerzas
Armadas. Todos desconfían de todos. Nadie está seguro. Cualquier general
de división y otros de menor rango pueden ser acusados de vínculos con
el narcotráfico, señalado por algún testigo protegido y capturado para
ser sometido a proceso penal por delincuencia organizada. Nadie está
seguro, ni siquiera el secretario de la Defensa Nacional.
Con las últimas detenciones de
varios generales de división en retiro, acusados por delitos de
delincuencia organizada, se ha trastocado a la última institución del
Estado que parecía estar a salvo de la corrupción galopante que domina
el escenario de la política nacional. Ahora cualquiera traiciona,
cualquiera acusa. Basta un señalamiento de algún testigo protegido o,
como sucedió con los tres generales capturados, fueron espiados y
grabados por el policía consentido de Los Pinos, quien tiene a su
disposición toda la tecnología y costosos aparatos para vigilar a
funcionarios, empresarios, luchadores sociales, periodistas y también a
los candidatos presidenciales.
Nadie escapa a las escuchas de la Secretaría de Protección Pública federal, desde donde endulzan
el oído al ocupante de Los Pinos, quien sólo necesita dar un nombre,
una dirección o un apodo para que las potentes computadoras arrojen sábanas
de información, verdadera o falsa, no importa, y se conviertan en
expedientes incriminatorios en contra de opositores, enemigos o
simplemente críticos al sistema.
Desde ahí salió la información que ahora tiene en jaque
a todas las Fuerzas Armadas. La venganza en contra del Ejército empieza
a tomar curso. Es en las Fuerzas Armadas, precisamente, en donde han
despreciado y descalificado el trabajo del policía de Los Pinos, a quien
inclusive le atribuyen “relaciones peligrosas”. Pero fue éste quien se
adelantó y ha reunido delicados expedientes acusatorios en contra de
generales de división. Ha empezado la noche de los cuchillos largos.
El secretario de Seguridad Pública,
Genaro García Luna, también tiene expedientes abiertos, como la
posesión de un lujoso restaurante en la ciudad de Cuernavaca, en manos
de su esposa, del que supuestamente se habrían pagado 8 millones de
pesos en efectivo al dueño Leopoldo Chelala. La operación se realizó el
18 de febrero de 2008 y quedó constancia ante el licenciado José Eduardo
Menéndez Serrano, titular de la Notaría número 7.
Esta propiedad se sumaría a otras de las que la prensa ha dado cuenta y respecto de las cuales no se explica el manejo líquido de millones de pesos; y mucho menos que el salario honesto de un secretario alcance para ello.
¿Quién sigue en el Ejército?
Cuando Felipe Calderón recibió hace
seis años su constancia de presidente electo de México, de inmediato
inició el proceso de revisión de quienes integrarían el primer círculo
de su gabinete. En ese importante grupo era prioritaria la selección del
que ocuparía el cargo de secretario de la Defensa. En ese entonces,
Calderón delegó esa responsabilidad a quien sería su secretario de
Gobernación, Juan Camilo Mouriño, mismo que se encargó de entrevistar a
los cinco generales que tenían aspiraciones y posibilidades de ocupar la
titularidad de esa dependencia.
Según la versión que Mouriño relató
tiempo después a un colaborador y amigo, el general Tomás Ángeles
Dauahare encabezaba dicha lista, e incluso Calderón se inclinaba por él
para designarlo secretario de la Defensa. Las entrevistas se sucedieron
una a otra, hasta que el último de la lista, el general Guillermo Galván
Galván, le hizo a Mouriño una cruda radiografía del Ejército, que
culminó en que esta Secretaría era sólo un cascarón. Le habló de las
debilidades de las Fuerzas Armadas, aunque también mencionó lealtades y
fortalezas. Eso gustó al joven Mouriño, quien meses después se
convertiría en secretario de Gobernación, y así lo transmitió a su jefe
Calderón, quien sin dudarlo hizo caso y tomó la decisión de que Galván
era el bueno.
Desde aquel año, cuando el general
Ángeles pudo alcanzar la gloria y convertirse en secretario de Estado y
principal responsable de la seguridad nacional del país, las cosas han
cambiado y ahora con su detención por acusaciones de vínculos con el
narcotráfico se dispone a vivir un infierno del que nunca podrá salir,
bajo acusaciones de delitos de delincuencia organizada.
Otro general de menor rango,
Roberto Dawe González, también está acusado de los mismos delitos y fue
detenido simultáneamente a Tomás Ángeles para enfrentar la justicia
federal. Días después, un tercer general de división en retiro, Ricardo
Escorcia Vargas, fue presentado ante el Ministerio Público Ffederal responsable de delitos por delincuencia organizada.
Sean o no culpables los tres
generales de tener algún vínculo con cárteles de la droga y haberles
proporcionado información o protección, lo cierto es que el poder
corruptor del crimen organizado ha penetrado todas las estructuras de
las corporaciones policiales del país, pero lo más grave es que esta
embestida de flujos de dinero sucio ha llegado también a las Fuerzas
Armadas desde hace varios años y ahora se vuelve a confirmar el riesgo
que tiene el país al implicar e involucrar a militares en la lucha
contra el narcotráfico.
Desde el momento en que el gobierno
federal decidió que efectivos militares asumieran responsabilidades
policiales y fueran el Ejército Mexicano y la Armada los que encabezaron
el combate contra el crimen organizado, principalmente en lo que se
refiere a bandas del narcotráfico, se dejó vulnerable a la principal
fuerza de protección del país y de la seguridad nacional.
El poder corruptor del crimen
organizado ha tocado gravemente a las Fuerzas Armadas a través de altos
mandos militares, comandantes de zonas y grupos especiales responsables
de combatir a jefes de la mafia mexicana, quienes se han visto
involucrados en sobornos, chantajes y complicidades con bandas del
narcotráfico, lo que confirma, una vez más, la equivocada política de
“guerra” del gobierno de Felipe Calderón. Éste será recordado como el
presidente de los 70 mil muertos que ha dejado esta “guerra” sin
cuartel.
Esa decisión de sacar a la calle a
las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de la población –que no
se ha logrado en cinco años y medio de gobierno calderonista– ha
provocado abusos y excesos de militares en contra de la población. Esto
se ha traducido en quejas y recomendaciones de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos en contra del Ejército. Además, algunos militares
de alto rango en activo, otros en retiro y unos más en funciones de
jefes policiacos, han sido acusados y procesados por delitos de
delincuencia organizada, como protección a bandas del narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de drogas.
Ahora tocó el turno a los generales
Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia
Vargas. El primero con un historial militar impresionante que incluyó
haber ocupado la única Subsecretaría de la Defensa.
Para evitar especulaciones, la
Procuraduría General de la República (PGR), responsable de la
investigación en contra de ambos generales, aseguró en un comunicado que
la captura y acusación penal de Ángeles y Dawe nada tienen que ver ni
están relacionadas con el proceso electoral de julio para designar
presidente de la República.
La PGR adelantó la aclaración
porque el general Ángeles Dauahare participó hace unas semanas en una
mesa de análisis convocada por el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), para fijar agenda y programa de trabajo en caso de que su
candidato, Enrique Peña Nieto, pudiera asumir la Presidencia.
Sin embargo, sabemos que el
candidato del PRI ha sostenido encuentros y reuniones de trabajo con
varios generales en activo y otros en retiro. Entre ellos destacan el
mismo Tomás Ángeles, exsubsecretario de la Defensa; el actual
subsecretario general de división Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, y el
oficial mayor general de división Salvador Cienfuegos Zepeda. Estos dos
últimos con deseos de convertirse en secretario de la Defensa,
aspiración que los convierte en blanco de investigaciones federales para
determinar si no tienen algún nexo con el crimen organizado y bandas
del narcotráfico, las cuales andan muy activas para cooptar a quienes
puedan asumir algún cargo en la próxima administración federal y esto
les asegure impunidad y protección en el siguiente gobierno.
En el caso de la detención de
Ángeles Dauahare, las indagatorias de la procuraduría apuntan a posibles
nexos con el cártel que comandaban los hermanos Beltrán Leyva, grupo
socio de los Zetas y enemigo del cártel de Sinaloa que comandan Joaquín
Guzmán Loera y Juan José Esparragoza.
*Periodista
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