Carlos Barragán Salvatierra, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, aseveró por su parte que desde 2010, año en que se presentó la iniciativa de ley de Calderón, ya podían identificarse muchas deficiencias y limitaciones de la norma, entre ellas que persigue más a los ciudadanos comunes que a los grupos del crimen organizado.
“A través del concepto de ‘actividades vulnerables’, todo el mundo podría ser vigilado por la policía, porque todos seríamos proclives a realizar operaciones sospechosas. Lo que están haciendo es mandarle a la gente la carga de la prueba de su inocencia para manejar el problema que el Estado no puede resolver”, dijo el académico.
"Es importante tener una ley que golpee los recursos de la delincuencia, pero ésta no llega al fondo, sino a la mitad del fenómeno, y va a afectar más a la población. Se trata de una legislación confusa que crea temores en la sociedad y puede afectar el comercio", puntualizó el académico de la UNAM.
Redacción EMET
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