La renuncia de Jorge Luis Morán Delgado a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Coahuila por “motivos personales”, luego de las acusaciones del ex gobernador Humberto Moreira en el sentido de que hay narcoempresarios de la industria minera ligados a la muerte de su hijo José Eduardo, hechos que constatan el grado de penetración de las organizaciones criminales en los círculos político y económico del país, así como el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre el incremento de los homicidios dolosos en prácticamente todo el territorio nacional, desmienten anticipadamente las declaraciones de la procuradora general de la República, Marisela Morales, en el sentido de que “juntos hemos acotado los márgenes de maniobra de las organizaciones delictivas a través de una mejor coordinación en los tres órdenes de Gobierno”.
Las afirmaciones de la funcionaria -que protagoniza una violenta purga el interior de la propia PGR por la penetración de los cárteles en sus propias filas, al grado de que presuntamente utilizan incluso la flota aérea de la dependencia para el trasiego de drogas- carecen del mínimo fundamento cuando destacan los avances en el combate al narcomenudeo, tráfico de personas y bases de datos de perfiles genéticos de personas desaparecidas. En la Conferencia de Procuración de Justicia de la Zona Occidente, en la ciudad de Guanajuato, a la que asistieron los procuradores de Justicia y delegados de la PGR de los estados de Jalisco, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, Morales no hizo más que tratar de justificar la fallida estrategia seguida a lo largo del sexenio de Felipe Calderón que tan nefastas consecuencias ha traído para el país.
El caso de Coahuila es el último ejemplo de ese fracaso. Este viernes el secretario de Gobierno de esa entidad, Heriberto Fuentes Canales, informó sobre la renuncia de Jorge Luis Morán Delgado a la Secretaría de Seguridad Pública. El anunció se hizo una semana después, ya que el ahora ex funcionario tomó la decisión el 19 de octubre, pero al día siguiente de la denuncia del ex líder nacional del PRI, Humberto Moreira, de que hay narcoempresarios ligados al crimen de su hijo y su exigencia de que sean identificados, perseguidos, exhibidos y castigados por todo México. La renuncia de Morán Delgado no se trató de una destitución, sino de una “decisión personal”, insistió Fuentes Canales, quien no obstante no descartó la posibilidad de que el ex funcionario no haya acreditado los exámenes de control de confianza que aplica el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La renuncia de ese funcionario se da en medio de una severa crisis en materia de seguridad en Coahuila luego de la fuga de 131 reos del penal de Piedras Negras, el pasado 17 de septiembre, así como el asesinato de José Eduardo Moreira Rodríguez.
El ex gobernador Humberto Moreira no quita el dedo del renglón y ahora dijo temer por su seguridad y la de su familia ante la presunta venganza del narcotráfico por la muerte de un sobrino del llamado “Z-40”. Durante una entrevista radiofónica, destacó que en el caso de la muerte de su hijo sólo han sido aprehendido los policías vinculados con su asesinato, quienes no habían acreditado su examen de confianza, pero no se ha detenido a los asesinos materiales ni al autor intelectual. Moreira pidió ampliar las investigaciones a la incursión de la delincuencia organizada en la extracción de carbón en Progreso, Coahuila, para que se indague quién está comprando el mineral, porque Heriberto Lazcano Lazcano, alias “El Lazca”, quien pasaba como minero en el lugar, no podía vendérselo directamente a la Comisión Federal de Electricidad.
El ex mandatario manifestó que desconoce quienes son los empresarios mineros que están relacionados con el crimen organizado, pero advirtió que cuando tenga más pruebas dará a conocer los nombres, y pidió a las autoridades federales que realicen las investigaciones necesarias. Humberto Moreira también criticó la estrategia diferente que ha seguido su hermano Rubén en el combate a la delincuencia organizada. Dijo que hace dos año, cuando dejó el gobierno, entregó el mando de la seguridad a los militares, quienes daban “tiros certeros, no a lo loco”, mientras que ahora son policías estatales los que se encargan de la seguridad, en coordinación con la policía federal, la Marina y el Ejército.
A pesar de las pruebas, las evidencias y los hechos ocurridos todos los días en el país, la procuradora Marisela Morales, al igual que los integrantes del gabinete de seguridad de Felipe Calderón, mantendrán hasta el final el discurso de que se ha golpeado a los cárteles del narcotráfico y que ha dado resultados la estrategia seguida a lo largo del calderonato. Ni por equivocación pretenden discutir un cambio en dicha estrategia que les es dictada desde los Estados Unidos, quienes rechazan tajantemente propuestas de los gobiernos latinoamericanos para encontrar un nuevo enfoque para combatir el tráfico de drogas en el mundo, con consideración a “medidas regulatorias y de mercado”.
Lilia Arellano - Opinión EMET
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