Francisco Bedolla Cancino*
Desde hace varios días, y con especial intensidad desde que el affaire Veracruz escandalizó la opinión pública, he venido pensando en que si la realidad fuese más dócil con la clase política mexicana y lograran la complicidad de quienes les observamos, la recomendación sería que en lugar de uno suscribieran dos 'Pactos por México'. El primero para ser activado en los temas que sientan amplias oportunidades de cooperación interpartidaria y permitan a las cúpulas mandar señales públicas de civilidad y oficio político, mientras conservan sus privilegios y hacen más de lo mismo. Y el otro para ser usado en los temas que, como en el caso electoral, les convierten en adversarios o competidores, mientras todas ellas siguen empeñadas en el juego perverso del control por cuotas sobre las instituciones que desempeñan funciones estatales.
A la vista de los amagues del PAN de abandonar el Pacto y del apoyo solidario de la dirigencia del PRD y, más precisamente, del reclamo explícito de castigar a los presuntos delincuentes electorales implicados en los acontecimientos veracruzanos y de blindar los 14 procesos electorales locales a celebrarse próximamente, es preciso reconocer que la idea de los dos pactos cundió y, si al PRI no le parece mal, muy pronto será oficializada, con el beneplácito del PRD.
El detalle problemático y en duda es si el apartado que contempla el blindaje electoral respecto de los programas de combate a la pobreza se preserva como un apartado dentro de El Pacto, una especie de “subpacto para la competencia electoral”, o si éste da lugar a un nuevo instrumento, posiblemente “el pacto por la democracia electoral” o algo así. El actual curso de los acontecimientos, liderado por el PAN con el apoyo del PRD, apunta hacia la primera opción, caso en el cual las dinámicas e incentivos pactistas del ganar-ganar interpartidario se encontrarían perennemente amenazadas por las dinámicas e incentivos del ganar-perder interpartidario en las contiendas electorales.
Una opción distinta, en cambio, llevaría a desprender el capítulo del déficit democrático-electoral y darle un tratamiento diferenciado e incluso, si vale la expresión, a procurar un blindaje entre ambos pactos, una especie de consigna de racionalidad que aconseja procurar un estado de cosas tal en el que lo que hace la mano izquierda sea ignorado por la mano derecha y viceversa.
Al momento, el futuro del Pacto está en el aire. Cualquier previsión sobre la ruta por la que éste termine enfilándose depende de un factor crítico: la asimetría en el interés de las fuerzas políticas por preservarlo. Si el golpe de timón de 180 grados dado por EPN tras el “no te preocupes, Rosario”, puede ser entendido como una señal de que por ahora el mayor interés corresponde al PRI, muy probablemente estaremos en el escenario de un subpacto electoral dentro del Pacto por México, que le permitirá al PAN y el PRD inflar sus peticiones como competidores para preservar sus acciones de cooperación. Dicho en lenguaje coloquial: la oposición le exigiría al PRI perder electoralmente para hacerse digno de su apoyo en el Pacto.
Por el contrario, si el mayor interés sobre el Pacto está del lado de la oposición, el PRI tiene tres opciones: ceder a los reclamos del PAN, vía una estrategia compensatoria de los posibles daños electorales; pugnar por una estrategia que separe el tratamiento y la resolución de los temas electorales; o preparar el escenario para una ruptura del Pacto que minimice las pérdidas electorales y, a la vez, transfiera los mayores costos políticos posibles al PAN y al PRD.
Con independencia de las preferencias y estrategias políticas de los partidos políticos, el hecho es que resulta muy dudoso que existan las condiciones para que un arreglo cupular, cualquiera sea éste, pueda prosperar. La realidad social dista mucho de ser dócil a los afanes voluntariosos, comenzando por los relativos a que el hampa electoral generalizada, pomposamente llamada “estructuras de promoción del voto”, puede ser contenida con medidas de inteligencia financiera sobre el manejo de las cuentas bancarias de los gobiernos, idoneidad en la ocupación de los cargos en la SEDESOL, y la firma de compromisos de civilidad electoral por parte de gobernadores y presidentes municipales. De igual modo, dista mucho de ser cierto que los arreglos cupulares puedan concitar la complicidad unánime del público ciudadano. En franjas notables de la comunicación impresa y a distancia y, de modo especial, en las redes sociales son ostensibles los síntomas del hartazgo y el rechazo a los vicios de la política partidizada: corrupción, impunidad, nepotismo, etc.
¿Déficit democrático? Sí, sin duda, lo hay, como bien reconoce el PAN en el documento en el que establecen su posición de permanencia condicionada en el Pacto, pero eso no es todo. Sin duda, también existe un déficit de autocrítica, sensibilidad e inteligencia, aunque no de cinismo, por desgracia. Al buen entendedor, pocas palabras: en la asunción implícita de que ni el IFE, atrapado como está en la red de intereses partidocráticos, ni los organismos electorales locales, sujetos como permanecen a la voluntad del gobierno en turno, se significan como árbitros creíbles, optan por trasladar las responsabilidades en materia de democracia electoral hacia la Secretaría de Hacienda, para que no haya operación “maleta” ni manejos financieros raros; hacia los gobiernos locales y municipales, para que no desvíen recursos hacia las estructuras de promoción del voto; y hacia organizaciones selectas de la sociedad civil, para que avalen la idoneidad de los funcionarios de la SEDESOL y den fe del cumplimiento de los acuerdos electorales contemplados en el Pacto.
En tales circunstancias, es tiempo de admitir que, de raíz, hay un déficit histórico que no hemos querido reconocer y que tampoco hemos sabido enfrentar: el déficit del imperio de la ley sobre las voluntades, no siempre expresadas y casi nunca confesables, de los poderes públicos, los partidos políticos y los grupos de interés. En otras palabras, se trata del déficit de Estado de Derecho, que se expresa como crisis de las instituciones encargadas de la tutela del interés público-ciudadano en el largo plazo.
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