Sombrío panorama

Después del fatal sexenio de Felipe Calderón que dejó a los migrantes en un estado de mayor vulnerabilidad, el obispo Raúl Vera y el sacerdote Alejandro Solalinde alertan sobre el endurecimiento de la política migratoria con Enrique Peña Nieto / Cuestionan la propuesta del nuevo gobierno de colocar a Monte Alejandro Rubido García, mano derecha del nefasto Genaro García Luna, como responsable del Sistema Nacional de Seguridad Pública


MÉXICO, DF, 25 de febrero (APRO).- El obispo Raúl Vera López y el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra alertaron sobre el endurecimiento de la política migratoria en el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como de los riesgos que enfrentan los defensores de indocumentados por parte de grupos paramilitares.
En rueda de prensa en la que se presentó el informe Situación general de los defensores de derechos humanos de migrantes en México, ambos religiosos manifestaron su preocupación por la presunta protección de los órganos del Estado a las bandas del crimen organizado que extorsionan y secuestran a indocumentados centroamericanos.
Ante integrantes de la misión internacional que realizó el reporte, los prelados también cuestionaron que el gobierno de Peña Nieto haya propuesto a Monte Alejandro Rubido García como responsable del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Rubido García “era la mano derecha de Genaro García Luna (exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón), ¿cuál cambio en el gobierno?”, cuestionó Solalinde Guerra, luego de denunciar la presencia de efectivos de la Policía Federal (PF) en áreas administrativas del Instituto Nacional de Migración (INM), justo cuando personal de la corporación ha sido señalado por migrantes y defensores de colaborar con grupos del crimen organizado para secuestrar a indocumentados
Para Vera López, corporaciones policiacas y fuerzas armadas “son uno mismo” con integrantes del crimen organizado que atacan a migrantes y a sus defensores.
Los integrantes del crimen organizado “le están haciendo un servicio al gobierno, que está comprometido para que los migrantes no lleguen a Estados Unidos, y a nosotros los defensores nos ven como sus enemigos”, acusó el obispo de Saltillo, Coahuila.
Vera López señaló que hasta esa ciudad fronteriza han llegado denuncias de migrantes, quienes acusan a grupos paramilitares que custodian el tren que conecta la frontera sur con la norte.
“Es lo mismo que pasó en Chiapas con el levantamiento armado, en aquellos años el Ejército entrenaba a grupos paramilitares para acabar con la organización social y ahora están estos grupos de paramilitares que lo que hacen es procurar que los migrantes no lleguen a Estados Unidos, donde han ido a parar los salarios que no son pagados por las trasnacionales en Centroamérica”, resaltó.
Fray Tomás González, director de la casa del migrante Los 72, de Tenosique, Tabasco, denunció que desde que se interna el tren, conocido como La Bestia, a México, “hay bandas que se trepan y cobran a cada migrante unos cien dólares, y van cobrando esa cantidad en cada parada que se hace, así que un migrante llega a pagar hasta 800 dólares por estar arriba del tren y, si se les acaba el dinero, los avientan a las vías; todo esto ocurre frente a los ojos de todas las autoridades federales, estatales y municipales sin que se detenga a nadie”. 
Los integrantes de la misión de observación, entre ellos el colombiano Agustín Jiménez, de Project Counseling Services (PCS), y la estadunidense Jennifer Johnson, de Latin America Working Group (LAWG), quienes visitaron el país del 10 al 14 de junio pasado, manifestaron su preocupación por el estado de vulnerabilidad en que se encuentran las casas del migrante en México, pese a que algunas cuentan con medidas cautelares.

Sin señales de cambio
Para defensores de derechos humanos de Mexicali, el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha dado señales de que la situación migratoria va a cambiar.
Un indicativo de ello es la drástica reducción del gasto destinado a los programas de apoyo a los migrantes, especialmente para los repatriados, bajo argumentos eficientistas y poco humanitarios.
El investigador José Moreno Mena, representante de la Coalición Prodefensa del Migrante, dijo que el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue fatal en materia de migración porque la política de seguridad del gobierno federal los dejó en un estado de mayor vulnerabilidad.
Esta política, prosiguió, puso a los migrantes en medio de una guerra que dejó cientos de muertos, desaparecidos, secuestrados, amenazados, y múltiples violaciones a los derechos humanos y “la matanza de Tamaulipas puso en evidencia la capacidad del Estado Mexicano para garantizar la seguridad de las personas en su territorio”.
Todas estas situaciones obligaron a crear una Ley migratoria federal que “si bien tuvo avances en algunos aspectos, en otros se quedó corta y lo cuestionable es que no tomó en cuenta las demandas de organizaciones civiles defensoras de migrantes que reclamaban la instauración de una política migratoria de Estado”, dijo en el Foro Regional sobre Migración organizado en Mexicali por los diputados federales Fernanda Shoeder, Davd Pérez Tejada y Benjamín Castillo.

Fuente http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=15&idTitulo=226469