Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
Exigencia: indagar a Calderón
PGR investiga a ex funcionarios
Hambruna es vergonzosa: Lula
Defiende EPN a Rosario Robles
“¿Necesidad? Palabra cómoda con que el culpable se quita de encima la culpa, para arrojar en el vacío toda soberbia y traición”.-
E. De Geibel.
El sistema de administración y procuración de justicia de México está podrido, es corrupto y fue utilizado ilegalmente con fines eminentemente políticos en la administración de Felipe Calderón, cuyos funcionarios deben rendir cuentas, ante la barandilla del Ministerio Público, por estos hechos.
Esta es la principal conclusión que surge de los procesos y consumación de los casos del general Tomás Angeles Dauahare, y del subprocurador de la PGR, Noé Ramírez Mandujano, en los que estuvieron implicados altos funcionarios de la administración pasada, como Eduardo Medina Mora —actual embajador de México en EU-, Marisela Morales y Genaro García Luna, quienes deben ser investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de deslindar sus responsabilidades en la comisión de un cúmulo de delitos, entre los que destacan abuso de autoridad, contra la administración de la justicia y falsedad de declaraciones, entre otros.
Más que estar cómodamente instalado en Harvard, Felipe Calderón tendría que ser procesado por la justicia mexicana tan sólo por estos lamentables hechos. También Genaro García Luna, en lugar de estar disfrutando de las extraordinarias ganancias acumuladas ilegalmente como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, tendría que estar siendo investigado por una multitud de delitos.
Igual caso debería seguirse con los ex procuradores Marisela Morales y Eduardo Medina Mora. Es muy lamentable y desafortunado que durante el sexenio pasado se hiciera práctica común violar la ley, que el Ministerio Público no comprobara sus acusaciones y que los detenidos tuvieran que probar su inocencia y, en fin, que se dejara de lado el derecho constitucional de presunción de inocencia.
La investigación que ordenó un juez federal a la Procuraduría General de la República, a cargo de Jesús Murillo Karam, derivada del juicio al general Tomás Angeles, tendría que ir hasta la cúpula de la pirámide de corrupción en que se convirtió el sistema de administración y procuración de justicia de México, es decir, contra el ex presidente Felipe Calderón, para que no quede sólo en una simulación o una acción de carácter eminentemente mediático.
Las pesquisas tendrían que abarcar a los altos funcionarios mencionados para aclarar su participación en la fabricación de pruebas contra detenidos, de todos los niveles, y la manipulación de testigos que permitió la aprehensión y reclusión de personas inocentes, a quienes se les imputaron delitos que no cometieron.
En el caso del general Tomás Angeles, la investigación en contra del testigo protegido “Jennifer”, que presuntamente está detenido en Estados Unidos, cuyas declaraciones sirvieron como herramienta jurídica para la eliminación de funcionarios incómodos o personajes que pudieran contravenir intereses de amigos o incondicionales del grupo cercano al presidente de la República, tendría que ir hasta sus últimas consecuencias sin importar que caigan personajes relevantes de la administración pública del sexenio pasado.
Deberían ser investigados y castigados los montajes de Genaro García Luna, como el caso de Florence Cassez; la fabricación de culpables en la gestión de Marisela Morales al frente de la PGR; y lo que en su momento realizaron Arturo Chávez y Eduardo Medina Mora, por consigna de Felipe Calderón, que contribuyeron enormemente para que México fuera considerado como un “Estado fallido”.
FACCIOSA UTILIZACIÓN DE TESTIGOS PROTEGIDOS
Jesús Murillo Karam, actual procurador general de la República, habrá de trabajar prioritariamente para que la dependencia supere la grave crisis de justicia que prevalece en el país, así como la falta de profesionalismo, transparencia y credibilidad en la actuación de fiscales y agentes del Ministerio Público. La investigación en torno a los testigos protegidos en el caso del general Tomás Angeles puede ser el inicio de la comprobación de que la figura de “testigo protegido” se utiliza de manera facciosa y abusiva para meter inocentes a las cárceles y dejar a grandes culpables en las calles, partiendo de intereses extrajurídicos y coyunturales.
Una piedra fundamental en este proceso lo es sin duda la revisión de dicha figura de “testigo protegido” porque, como se ha demostrado fehacientemente, se ha prestado para cometer injusticias y prefabricar culpables, a partir de testimonios poco confiables, de personas que generalmente han sido miembros del crimen organizado.
Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la figura del “testigo protegido” debe ser revisada o incluso erradicada, porque este programa que permite a criminales ofrecer información a cambio de impunidad, no es confiable y se presta a abusos. Debería velarse por las plenas garantías de los procesados y evitar operativos en los que la gente no confiable “acuse de manera falsa y dolosa” con tal de recibir impunidad.
En caso de no modificarse las tácticas acusatorias seguidas hasta la fecha, el sistema de administración y procuración de justicia sigue en entredicho, pues no puede generar confianza, al detenerse y juzgarse a inocentes, mientras que los verdaderos delincuentes siguen en libertad.
A lo largo de la administración de Felipe Calderón esas tácticas fueron prácticas comunes y sirvieron para procesar a actores sociales que le resultaron “incómodos”, como el propio Tomás Angeles Dauahare y el subprocurador Noé Ramírez Mandujano. La persecución a este tipo de personajes, que violentó el debido proceso y manipuló la acción de la justicia con testigos protegidos, fue perversa, inhumana, injusta y cruel, por lo que no deberían quedar sin castigo los responsables de la fabricación de esos procesos, y mucho menos debe quedar en “usted perdone” a los acusados sin pruebas e injustamente.
El general Tomás Angeles Dauahare y Noé Ramírez Mandujano tendrían que presentar las denuncias correspondientes para que las autoridades competentes no eludan su obligación de realizar las averiguaciones pertinentes para conocer con toda precisión quién o quiénes fueron los responsables del abuso de poder que les privó de la libertad sin derecho alguno, y puso en entredicho su honorabilidad, a fin de contribuir a que México deje de ser el reino de la impunidad.
En este contexto deben de conocerse también los nombres de los jueces de consigna que sometieron a proceso penal a personas que no tenían ninguna vinculación ni nexos con el narcotráfico.
Murillo Karam anunció el jueves pasado que ya iniciaron una investigación formal por el uso de declaraciones falsas de testigos protegidos y la posible fabricación de pruebas, como ya se los ordenó un juez que atendió el caso del general Tomás Angeles Dauahare.
El funcionario aseguró que las pesquisas se realizarán sin importar el nivel de los personajes involucrados y sostuvo que “la ley no tiene niveles, y lo último que ve son los nombres”.
Una de las primeras líneas de investigación que tendría que seguir la PGR es que la detención del general Tomás Angeles Dauahare se dio en el contexto de una lucha política por el poder y en el proceso de selección para ocupar el cargo de titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Incluso, otro de los aspirantes, el general Moisés García Ochoa, también fue acusado a través de los medios de comunicación por presuntos actos de corrupción.
TODAVIA FALTA
Debe aclararse qué funcionarios de la PGR en la pasada administración presionaron a los generales Roberto Dawe y Ricardo Escorsia, así como al mayor Iván Reyna, para que firmaran declaraciones que el Ministerio Público ya tenía elaboradas en contra del general Tomás Angeles Dauahare, como él mismo lo denunció y quien en los 79 días que pasó en las instalaciones de la PGR sólo dos ocasiones compareció ante el Ministerio Público Federal.
Llama la atención también el hecho de que el anterior titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, fue “omiso” en el caso del general Tomás Angeles Dauahare, pues no intervino para que el ex divisionario fuera juzgado en el fuero de guerra.
Nadie en la cúpula militar del calderonismo levantó la voz cuando el ex subsecretario de la Defensa Nacional fue arraigado, sometido a proceso y enviado al penal de máxima seguridad del Altiplano. Nada dijeron ni el secretario Galván, ni el procurador militar ni el encargado de la justicia militar.
Por lo que toca a los casos de los generales Roberto Dawe y Rubén Pérez Ramírez, así como del teniente coronel Silvio Hernández y el mayor Iván Reyna Muñoz, éstos se desistieron del desahogo de diversas pruebas que tenían pendientes para demostrar su inocencia, y solicitaron al juzgado federal donde son procesados el cierre de la instrucción de sus juicios.
En tanto, el general Ricardo Escorcia Vargas está en espera de que otro juzgado resuelva si le concede un amparo contra la formal prisión.
Como se recordara, esos militares enfrentan acusaciones de proteger actividades del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, por lo que enfrentan proceso en prisión por delincuencia organizada y otros cargos. Las imputaciones en su contra se basan únicamente en declaraciones del testigo protegido “Jennifer” y de Sergio Villarreal, alias “El Grande”, narcotraficante que trabajaba para los Beltrán Leyva, ambos presos en Estados Unidos, quienes sostienen que esos militares se confabularon para interceder o prestar a los hermanos Beltrán Leyva la protección necesaria para descargar aviones con cocaína en los aeropuertos de Cancún, Toluca y Cuernavaca.
Una vez cerrado el juicio se dará un plazo de 30 días a la PGR para que entregue al juez las conclusiones del caso y pida que los militares sean declarados culpables o inocentes, según sea la convicción de la dependencia a cargo de Murillo Karam.
Los abogados de los militares esperan que la PGR siga la misma línea que utilizó en el caso del general Angeles y que presente conclusiones “no acusatorias”.
INCONCEBIBLE HAMBRUNA MEXICANA
Una gran lección le dio en Chiapas el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva al presidente mexicano Enrique Peña Nieto al señalarle que “el hambre no existe por falta de dinero, producción agrícola o tecnología, el hambre existe por falta de vergüenza de gobernantes” y asegurarle que “sí se puede erradicar el hambre en el mundo, pero necesitamos gobiernos comprometidos con los pobres”.
En el municipio de Zinacantán, destacó que “el pueblo pobre no tiene porqué tener paciencia, debe tener esperanza y confianza en su gobierno, y nosotros como gobernantes tenemos que decirle a quien quiera escucharnos que hay sólo una razón por la cual queremos gobernar, que es terminar con el hambre de la población”.
Por su parte, al echar andar la “Cruzada contra el Hambre”, Peña Nieto señaló que su gobierno tiene como prioridad y razón más importante de su quehacer, el combate al hambre. Sin embargo, el mexiquense se desvió para defender a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, a quien dijo: “Rosario no te preocupes, hay que aguantar, porque han empezado las críticas y descalificaciones de a quienes preocupan las elecciones, pero este gobierno tiene una tarea comprometida, que es acabar con el hambre… que no tiene partido, no tiene color ni intereses partidarios”.
DE LOS PASILLOS
Dzhokhar A. Tsarnaeven, de 19 años de edad, fue detenido en el área de Watertown, tras un extraordinario despliegue policial, pues está considerado como presunto coautor de los atentados en el Maratón de Boston. Ya se encuentra bajo custodia en un hospital.
Por la mañana de ayer se informó de la muerte durante un tiroteo de Tamerlan Tsarnaeven, su hermano de 26 años, y también sospechoso del ataque del pasado lunes que dejó tres muertos y 176 heridos.
La madrugada de este viernes y a toda prisa, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, sin que legisladores de oposición pudieran modificar, a última hora, el dictamen. De hecho, ninguna de las 24 reservas propuestas por los panistas Javier Corral, José María Martínez y Jorge Luis Preciado, y de los perredistas Alejandro Encinas, Dolores Padierna y Armando Ríos Piter, fueron aprobadas. Las reservas fueron rechazadas sin siquiera discutirse en un proceso de absoluto fast track.
En tanto, en Veracruz, el dirigente estatal del PAN, Enrique Cambranis Torres, exigió a las autoridades judiciales que se investigue a fondo a funcionarios de alto nivel del gobierno o candidatos que pudieran estar vinculados con el crimen organizado. La declaración del líder panista se dio luego de que se dieran a conocer declaraciones de un presunto contador del Cártel del Golfo en el sentido de que en 2004 había enviado 12 millones de dólares a la campaña del PRI a la gubernatura de Veracruz.
El próximo martes la minuta de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones llegará a la Cámara de Diputados y se discutirá ante el pleno el viernes 26 de abril, donde se espera que se apruebe en sus términos toda vez que los 18 cambios que le hicieron los senadores son de forma y no de fondo.
Integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) llegaron a acuerdos con diputados locales y liberaron la sede del Congreso de la entidad así como un tramo de la Autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco. Los 23 legisladores de izquierda se comprometieron a aprobar la iniciativa de reformas a la Ley Estatal de Educación… Por otro lado, en su cuarto día de movilizaciones, estudiantes normalistas se apoderaron de todas las casetas de peaje de la Autopista Siglo 21 en Michoacán, en exigencia de que el gobierno del estado les autorice la entrega de plazas automáticas para todos los egresados.
Mientras que en Chiapas, alrededor de ocho mil maestros del llamado bloque democrático de la Sección 7 del SNTE marcharon por calles de Tuxtla Gutiérrez, para exigir la abrogación de las reformas laboral y educativa. Adelfo Alejandro Gómez, secretario general del bloque, advirtió que si los gobiernos federal y estatal no establecen un diálogo para la construcción de acuerdos, los maestros continuarán con las movilizaciones, incluido un paro de labores indefinido, consensuado con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
El INEGI reportó que el desempleo sigue subiendo en el país. La tasa de desocupación en marzo aumentó 0.27 puntos porcentuales respeto al mes previo, a 5.01 por ciento de la Población Económicamente Activa… El Instituto Federal Electoral (IFE) localizó un millar de “errores y omisiones” en los informes de los partidos políticos correspondiente a la contienda de diputados y senadores.
Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com, en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable.
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