La audiencia inicial del juicio para los 18 presuntos trabajadores de la televisora, será el 18 de septiembre/ Los supuestos narcotraficantes son acusados de trasladar droga hasta México usando Nicaragua como puente
MANAGUA, Nicaragua, 1 de septiembre (Confidencial.com).- La Fiscalía de Nicaragua intentará demostrar en las próximas semanas que Raquel Alatorre Correa y sus 17 acompañantes, que se hacían pasar como periodistas y trabajadores de la empresa mexicana Televisa, conformaban una banda ligada al narcotráfico internacional cuyo trabajo era transportar droga desde Sudamérica hasta México, teniendo como ruta Nicaragua.
El fiscal especial del Caso, Javier Morazán, solicitó oficialmente el viernes al juez quinto del distrito de lo penal de Managua, Julio César Áreas, que ampliara la acusación contra el grupo, originalmente imputados por lavado de dinero y vinculación al Crimen Organizado internacional. Áreas aceptó la petición del Ministerio Público y fijó la audiencia inicial del juicio para el 18 de septiembre próximo.
Morazán leyó durante casi 20 minutos la acusación por narcotráfico contra los 18 detenidos, quienes lucían cansados en el juzgados, vestidos todavía con la misma ropa con la que fueron detenidos la zona fronteriza de Las Manos el pasado 20 de agosto (camisetas blancas y azules con el logo de Televisa), una acción que la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, calificó de un éxito en el trabajo que la institución realiza contra el narcotráfico.
Para la Fiscalía el grupo que lidera Raquel Alatorre es culpable de trasladar la droga hasta México usando Nicaragua como puente. Morazán se esforzará en probar esta hipótesis, desdeñada por los cinco abogados defensores del grupo, que exigieron al fiscal que presente pruebas suficientes para demostrar que sus defendidos conformaban una célula “narco”.
Acusación imprecisa
Ricardo Ramírez, abogado defensor de Juan Alfredo Rivera Vásquez, Julio César Alvarado Salas e Hiran César Pacheco Basurto, dijo que se oponía “rotundamente” a la ampliación de la acusación porque ésta “no es clara ni precisa y no individualizó a ninguno de mis representados”, es decir, que no señaló directamente a éstos.
Ramírez dijo que el fiscal tampoco fue específico en el valor ni la cantidad de la droga transportada, y que tampoco ofrece como prueba la cocaína que supuestamente trasladaban los acusados. “La ampliación está plagada de subjetividades, conjeturas y especulaciones”, dijo Ramírez. “Estamos ante delitos de defraudación aduanera y no los delitos que expone la Fiscalía. Pido que la acusación sea rechazada de plano”, expuso Ramírez.
El fiscal aseguró que los acusados entraron al país el 9 de julio pasado provenientes de Costa Ricas, y que salieron al día siguiente, por la zona fronteriza de El Espino, cargando droga que sería transportada a México.
Morazán dijo que los peritos de la Policía también hicieron pruebas a los comportamientos ocultos en los vehículos conducidos por los mexicanos, dando un resultado positivo de cocaína. Además, informó que los expertos encontraron en los vehículos bolsas plásticas y máquinas eléctricas para sellar, que presumiblemente eran usadas para lacrar los paquetes de drogas y evitar que las partículas salieran al exterior, donde podían ser detectadas por los canes de los oficiales.
¿Quién los protegía?
Según el fiscal, la ruta usada por esta red para transportar “grandes cantidades de cocaína”, iniciaba en la frontera con Costa Rica, en Peñas Blancas, seguía por Rivas y pasaba Granada, Masaya, Managua, Estelí hasta Las Manos, aunque algunas veces usaban El Espino.
El fiscal dijo que apoyará su acusación en los testimonios de oficiales y peritos de Auxilio Judicial que realizaron las investigaciones del caso, además de detectives de la Policía y dos testigos secretos cuya identidad prefirió proteger por temas de seguridad.
Estos serán solamente identificados como testigos uno y dos. También dijo que usará documentos aduaneros, los pasaportes que cargaban los acusados, los registros de movimientos migratorios, el acta de conteo del dinero incautado y los bienes y dinero ocupados.
MANAGUA, Nicaragua, 1 de septiembre (Confidencial.com).- La Fiscalía de Nicaragua intentará demostrar en las próximas semanas que Raquel Alatorre Correa y sus 17 acompañantes, que se hacían pasar como periodistas y trabajadores de la empresa mexicana Televisa, conformaban una banda ligada al narcotráfico internacional cuyo trabajo era transportar droga desde Sudamérica hasta México, teniendo como ruta Nicaragua.
El fiscal especial del Caso, Javier Morazán, solicitó oficialmente el viernes al juez quinto del distrito de lo penal de Managua, Julio César Áreas, que ampliara la acusación contra el grupo, originalmente imputados por lavado de dinero y vinculación al Crimen Organizado internacional. Áreas aceptó la petición del Ministerio Público y fijó la audiencia inicial del juicio para el 18 de septiembre próximo.
Morazán leyó durante casi 20 minutos la acusación por narcotráfico contra los 18 detenidos, quienes lucían cansados en el juzgados, vestidos todavía con la misma ropa con la que fueron detenidos la zona fronteriza de Las Manos el pasado 20 de agosto (camisetas blancas y azules con el logo de Televisa), una acción que la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, calificó de un éxito en el trabajo que la institución realiza contra el narcotráfico.
Para la Fiscalía el grupo que lidera Raquel Alatorre es culpable de trasladar la droga hasta México usando Nicaragua como puente. Morazán se esforzará en probar esta hipótesis, desdeñada por los cinco abogados defensores del grupo, que exigieron al fiscal que presente pruebas suficientes para demostrar que sus defendidos conformaban una célula “narco”.
Acusación imprecisa
Ricardo Ramírez, abogado defensor de Juan Alfredo Rivera Vásquez, Julio César Alvarado Salas e Hiran César Pacheco Basurto, dijo que se oponía “rotundamente” a la ampliación de la acusación porque ésta “no es clara ni precisa y no individualizó a ninguno de mis representados”, es decir, que no señaló directamente a éstos.
Ramírez dijo que el fiscal tampoco fue específico en el valor ni la cantidad de la droga transportada, y que tampoco ofrece como prueba la cocaína que supuestamente trasladaban los acusados. “La ampliación está plagada de subjetividades, conjeturas y especulaciones”, dijo Ramírez. “Estamos ante delitos de defraudación aduanera y no los delitos que expone la Fiscalía. Pido que la acusación sea rechazada de plano”, expuso Ramírez.
El fiscal aseguró que los acusados entraron al país el 9 de julio pasado provenientes de Costa Ricas, y que salieron al día siguiente, por la zona fronteriza de El Espino, cargando droga que sería transportada a México.
Morazán dijo que los peritos de la Policía también hicieron pruebas a los comportamientos ocultos en los vehículos conducidos por los mexicanos, dando un resultado positivo de cocaína. Además, informó que los expertos encontraron en los vehículos bolsas plásticas y máquinas eléctricas para sellar, que presumiblemente eran usadas para lacrar los paquetes de drogas y evitar que las partículas salieran al exterior, donde podían ser detectadas por los canes de los oficiales.
¿Quién los protegía?
Según el fiscal, la ruta usada por esta red para transportar “grandes cantidades de cocaína”, iniciaba en la frontera con Costa Rica, en Peñas Blancas, seguía por Rivas y pasaba Granada, Masaya, Managua, Estelí hasta Las Manos, aunque algunas veces usaban El Espino.
El fiscal dijo que apoyará su acusación en los testimonios de oficiales y peritos de Auxilio Judicial que realizaron las investigaciones del caso, además de detectives de la Policía y dos testigos secretos cuya identidad prefirió proteger por temas de seguridad.
Estos serán solamente identificados como testigos uno y dos. También dijo que usará documentos aduaneros, los pasaportes que cargaban los acusados, los registros de movimientos migratorios, el acta de conteo del dinero incautado y los bienes y dinero ocupados.
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