Los secuestros de migrantes permanecen en total impunidad y van al alza debido a que autoridades federales y estatales se muestran negligentes y hasta cómplices en dicha problemática, reprochó ayer la organización civil México Unido contra la Delincuencia (MUCD).
"Muchos delitos son cifra negra y son delitos que se cometen, que se perpetuaron y que no figuran en registros, pero no quiere decir que no hayan existido, lo que quiere decir es que la autoridad no hizo nada al respecto.
"Todas las autoridades abusan de estas personas (migrantes) porque saben que son frágiles y por lo mismo este tipo de secuestros pasan altamente desapercibidos en el radar de averiguaciones previas justamente porque las personas están atemorizadas y las personas que las extorsionan se encargan de exacerbar este temor para que no haya posibilidad de denuncia", sostuvo Francisco Torres Landa, secretario de la asociación.
Los integrantes de MUCD quisieron conocer las cifras oficiales del plagio de indocumentados y las acciones que éstas implementaron a partir de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las cuales acusaban a servidores públicos de ser cómplices de delincuentes o autores de abusos.
Sin embargo, en los requerimientos vía Transparencia que les fueron hechos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Nacional de Migración (INM) y los gobiernos de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz, todos deslindaron su responsabilidad asegurando que ignoraban las cifras en este ilícito e incluso mintieron para aminorar la problemática.
En su último informe sobre la problemática, la CNDH reveló que de septiembre de 2008 a febrero de 2009, 9 mil 758 migrantes fueron plagiados, mientras que de abril a septiembre de 2010, la cifra se ubicó en 11 mil 333.
"No es novedad que estos casos existan y que los números sean apabullantes, tampoco es novedad que tenemos un problema humanitario que es realmente muy preocupante, lo que sí es novedad es que ante requerimientos específicos a autoridades de los tres niveles de gobierno tengamos una respuesta raquítica y prácticamente inexistente.
"Pone de manifiesto que las autoridades brillan por su ausencia en algo que nos está atacando a todos. Vemos así una situación que es alarmante, no vemos ningún tipo de acción que sea proporcional, congruente o consistente por parte de las autoridades que tienen legalmente a su cargo a abatir este tipo de fenómeno", criticó Torres Landa.
En tanto, Mauricio Farah, ex visitador de la CNDH, y quien participó en la elaboración de informes sobre migración, sostuvo que las dependencias aludidas se muestran apáticas por colaborar con el Organismo para atender a las víctimas.
"No nada más se debe a la negligencia de las autoridades, sino también a la participación activa de agentes del Estado de los tres órdenes de gobierno... ellos mismos se delatan, encontramos que simplemente no ven lo que ocurre en territorio nacional y mucho menos lo atienden, de tal suerte que llegan a decir "no veo", "no sucede", "aquí no pasa", "no registro", "no me compete" y antes esta respuesta de negar la realidad difícilmente podemos encontrar que se garantice el derecho de las víctimas a la justicia", enfatizó.
Con información de Henia Prado
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