México se debate entre dos proyectos y programas de país completamente diferentes y encontrados. Por un lado están los programas de la clase política gobernante, no sólo la representada por los panistas que han administrado en los últimos 12 años, sino también la de los políticos priístas que permitieron y respaldaron la aplicación de políticas neoliberales y de subordinación de la Nación a los intereses del gobierno y la cúpula empresarial de los Estados Unidos, educados y adoctrinados en ese país y que ahora se aprestan a tomar las riendas en un retorno al poder nada extraño y presuntamente pactado desde principios de este siglo. Por otra lado, se encuentran los académicos y políticos nacionalistas, que postulan un proyecto propio, un modelo de desarrollo a la mexicana, con tintes estatistas y nacionalistas, educados principalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México y las universidades estatales del país. Un grupo que, por desgracia, es minoría en el Congreso de la Unión.
El grupo en el poder, con Felipe Calderón a la cabeza, y el que habrá de sucederlo, con Enrique Peña Nieto como nuevo inquilino de Los Pinos, tienen claro hacia donde debe ir México, hacia la complementación de la economía de Estados Unidos, con un papel de absoluta subordinación a sus intereses geopolíticos, por lo que han hecho hasta lo imposible por cumplir los dictados de Washington. Por eso no es extraño que en los últimos días de su gestión, Calderón insista en que Peña Nieto no tiene más opción que mantener el combate al crimen organizado. Precisamente en Washington, “el hijo desobediente” sostuvo en el influyente Consejo de Relaciones Exteriores que la otra alternativa es que el próximo gobierno “se eche para atrás” y le de mano libre a los criminales. Ahí, el michoacano también sugirió que Pemex (suculento bocado para las trasnacionales) se abra “un poquito” a la iniciativa privada y diga que Peña Nieto tiene una ventana de oportunidad para concretar la reforma a la paraestatal.
Tampoco extraña que el presidente electo, en su gira por Sudamérica, siga los dictados del Departamento de Estado de EU y trabaje a favor de “alianzas estratégicas” en Latinoamérica que garantice el desarrollo de los países en momentos de crisis financiera mundial, es decir que sigan en la misma orbita del sistema financiero internacional anglosajón y cancelen otros caminos y acercamientos con otros bloques económicos como Europa y China. O que confirme en Lima, Perú, que continuará el trabajo de la actual administración en materia de combate al crimen organizado, aunque con un replanteamiento de la estrategia; que sostenga que deben darse los consensos políticos para sacar adelante la reforma laboral y que manifieste su intención de llevar a cabo una reforma energética para “modernizar” a Pemex. No extraña porque es el mismo proyecto de Nación, es decir, el de la subordinación al capital estadounidense.
Del otro lado están políticos como Andrés Manuel López Obrador, cuyo plan alternativo de Nación es diametralmente opuesto a los de Calderón y de Peña Nieto, como se vio a lo largo de toda la campaña presidencial, y académicos tan sobresalientes como el rector de la UNAM, José Narro Robles, quien manifestó que en el tema energético y la renovación de políticas públicas en este sector, el Estado no debe renunciar a determinar el rumbo. En el Foro Internacional de Energía, lamentó también que a pesar de que en los últimos años la inversión pública –al menos en el papel- ha sido multimillonaria, aún hay pobreza, desigualdad e ignorancia que deben resolverse. Narro Robles sostuvo que en el país faltan reformas, no sólo la laboral –con un enfoque totalmente diferente al presentado por Calderón al Congreso- o fiscal, sino una social, de hecho, subrayó “la propia reforma del Estado nacional”, concepto éste último que parece desapareció de la mente de los tecnócratas que nos han gobernado los últimos treinta años. El colmo es que hasta el propio Francisco Labastida, integrante del mismo grupo político, considere los resultados de la gestión de Pemex en los últimos 12 años como un verdadero desastre.
El diario español “El País” informó que Estados Unidos controla datos de quienes viajan desde España a México, Cuba y Canadá, y sobrevuelan su espacio aéreo, aunque no hagan escala en su territorio. Con los datos facilitados por las aerolíneas, Washington bloquea directamente la emisión de tarjetas de embarque de los que aparecen en sus listas. El rotativo advirtió que esta práctica no está amparada por el acuerdo de entre la Unión Europea y Estados Unidos.
Lilia Arellano - Opinión EMET
No hay comentarios:
Publicar un comentario