TRAMPOSA Y MEDIOCRE TRANSPARENCIA

Lilia Arellano

La pretensión mediática del nuevo gobierno federal de “transparentar” el patrimonio y los ingresos de su alta burocracia fracasó totalmente, al ponerse en evidencia, ante la opinión pública, que los sueldos y gastos en servicios personales aumentan permanentemente en el sector público, mientras que 6.7 millones de trabajadores en el país ganan apenas un salario mínimo y la tercera parte de la Población Económicamente Activa (PEA) tiene que refugiarse en la economía informal para sobrevivir. Los reportes que pretendía “transparentar” los ingresos de los altos burócratas federales, incluyendo al propio presidente Enrique Peña Nieto, obligaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a precisar que todos los secretarios integrantes del gabinete presidencial gozan de una percepción mensual bruta por concepto de sueldos y salarios de 205 mil 122 pesos.

La SFP tuvo que explicar que una vez que se realizan las deducciones aplicadas por ley, la percepción ordinaria mensual neta de todos los secretarios de Estado es de 145 mil 284 pesos, aunque puede variar el monto que reciban por diversas razones. La dependencia aclaró que además de la percepción ordinaria mensual, algunos servidores públicos reciben un pago por riesgo, en términos de lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Dicho monto es determinado por la propia SFP y no puede exceder del 30 por ciento de la percepción ordinaria mensual por concepto de sueldos y salarios. En un comunicado, la SFP precisó que los servidores públicos federales, incluyendo a los integrantes del gabinete, tienen derecho a participar en el programa de seguro de separación; en función de ello, explicó, deciden que un porcentaje de su percepción ordinaria mensual se les retenga del pago de nómina y se aporte directamente a dicho programa.
Además, a los integrantes de las fuerzas armadas se les autorizan pagos adicionales a los que tienen derecho, de acuerdo con su antigüedad en el servicio. El comunicado de esa dependencia subraya que el rubro del sueldo mensual que los servidores públicos indican en sus declaraciones iniciales de situación patrimonial tienen un carácter exclusivamente informativo, es decir, únicamente mediático, toda vez que la autoridad tiene la obligación de llevar a cabo el análisis de variación de situación patrimonial considerando los pagos efectivamente realizados al servidor público durante el periodo de consideración. 
Las precisiones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) son totalmente insuficientes para ocultar el hecho de que en el país hay más de 25 mil servidores públicos, cuyo ingreso supera el millón de pesos anuales, lo que representa una erogación casi de 40 mil millones de pesos anuales, mientras que el 13.5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) recibe menos de un salario mínimo, de acuerdo con un estudio desarrollado por el Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, plantel Estado de México. 
El hecho es que en el país predomina la opinión de que los funcionarios públicos están “sobrepagados”. Si se lograra realizar una disminución del 10 por ciento del presupuesto destinado a remuneraciones de los funcionarios públicos, que ganan al menos un millón de pesos al año, alcanzaría para pagar 178 mil salarios mínimos (3,948 mdp, aproximadamente) de acuerdo con estimaciones referidas en el estudio “2012: los retos de México ante el cambio de Gobierno”, realizado por José Luis de la Cruz, quien subraya que si se recortara el 15 % del pago a los funcionarios que perciben más de un millón de pesos al año, más de 800 mil mexicanos alcanzarían un salario mínimo.
Lo escandaloso de estos datos es inocultable: en este año, 2013, 31 funcionarios federales ganarán un sueldo base superior al que recibirá el presidente Enrique Peña Nieto (2.5 mdp), pero si se toman en cuenta las prestaciones de ley que recibirán los burócratas, la cifra crece a mil 315 servidores públicos con un salario bruto superior al del titular del Ejecutivo Federal (3.3 mdp), a pesar del decreto emitido en 2009 que prohíbe que los trabajadores de los tres poderes del gobierno ganen más que el Presidente de la República. El diferencial se mantiene a pesar de la reducción de 5 por ciento determinado por el decreto de austeridad firmado el pasado 10 de diciembre.
La mayoría de los servidores que tendrán un salario superior a los 3.3 millones de pesos, de acuerdo con el Análisis de Plazas del Proyecto de Egresos de la Federación 2013, corresponden al poder Judicial y sólo uno al Legislativo. Este año hay en esta privilegiada situación 21 funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mil 251 del Consejo de la Judicatura, 42 del Tribunal Electoral y uno de la Cámara de Diputados. Un total de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 6 consejeros de la Judicatura Federal y 8 magistrados del Tribunal Electoral percibirán un salario mayor al del titular del Ejecutivo Federal. 
El salario anual base de esos funcionarios asciende a 4.2 millones de pesos, más otros 1.9 millones repartidos entre prestaciones de ley (pagos por riesgo, seguros a la persona, fondos de ahorro, seguridad social y otros derivados de los contratos colectivos de trabajo), lo que resulta en un salario bruto de 6.1 millones de pesos, casi el doble que el del presidente de la República (3.3 millones).
El escándalo por las elevadas percepciones de la burocracia mexicana rebasa nuestras fronteras, pues los ingresos de los secretarios de Estado en México son superiores a las de sus homólogos en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de acuerdo con datos de ese organismo que confirma que el salario promedio de los secretarios mexicanos supera el de los ministros de las mismas carteras en naciones como Estados Unidos, Bélgica Austria e Islandia. Los funcionarios mexicanos ganan en promedio 205 mil 122 dólares anuales, casi el doble que sus contrapartes suecos, cuyo ingreso al año es, en promedio, de 110 mil dólares. 
La diferencia se aprecia mejor si tomamos en cuenta que el nivel de los salarios de la alta burocracia mexicana representa 21 veces el Producto Interno Bruto PIB per cápita nacional, mientras que en Suecia equivalen a 2.3 veces. Incluso en Estados Unidos, las percepciones de los titulares de los departamentos de Estado llegan a 155 mil dólares anuales en promedio, lo que representa 3.3 veces su PIB per cápita. 
Todos estos datos, lo menos que provocan es el encabronamiento de los trabajadores mexicanos, cuyo poder adquisitivo se ve cada día disminuido debido a las políticas neoliberales aplicadas desde hace al menos cinco sexenios. Y todavía a lo anterior tenemos que sumarle que, según declaraciones del encargado de la Función Pública, hay tres tipos de declaraciones patrimoniales: la que no tiene montos y se revela, la que sí los tiene y se guarda y una más que se usa cuando hay necesidad, significando lo anterior que, mientras para todos los mexicanos que pagamos los sueldos de los funcionarios sólo existe una declaración y es Hacienda la que determina su validez, los que nos son impuestos gozan también de este muy marcado e ilegal privilegio.

Fuente http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=15&idTitulo=218470