En los siguientes días podrían salir libres Florence Cassez
y el general Tomás Ángeles. Un montaje fallido y la falta de pruebas contra el
militar, derrumban dos casos emblemáticos del sexenio calderonista.
POR PENILEY RAMÍREZ
Dos casos emblemáticos de cómo se manejó la procuración de
justicia en México durante el sexenio de Felipe Calderón están por resolverse.
Después de quedar demostrado el montaje hecho por el
exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para detener a Florence
Cassez la Suprema Corte de Justicia de la Nación regresará el caso a los
tribunales.
Y ahí es muy probable que quede libre o bien, en el
peor escenario, sea extraditada a Francia.
El otro caso es el de los militares encarcelados por el solo
dicho de “informantes” ligados al narcotráfico.
La PGR informó ayer que no tiene pruebas que confirmen las
declaraciones de los testigos protegidos que acusaron al General Tomás Ángeles
Dauahare de proteger al Cártel de los Beltrán Leyva.
Así que es su liberación es casi un hecho.
Conoce las dos historias.
Florence Cassez se enfrenta hoy al último recurso disponible
en la justicia mexicana para buscar su libertad.
Mientras, los protagonistas de la parte más oscura de su
historia amasaron estos años jugosos negocios.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá si le
concede un amparo a Cassez y se revisa nuevamente su juicio eliminando pruebas
que la incriminan, o le reitera su sentencia de 60 años de cárcel.
Al mismo tiempo y lejos de los reflectores, los personajes
claves en su detención se han ocupado de firmar contratos con el gobierno,
montar empresas en el extranjero y cobrar anticipos de eventos
cancelados.
La opinión pública está partida en dos.
Unos están convencidos de que ella es una víctima del sistema
que encarcela a presuntos culpables.
Otros creen que es una “francesa secuestradora” que busca
valerse de su nacionalidad para eludir a la justicia.
Sin importar el resultado de su proceso judicial, las
conexiones entre quienes la han incriminado son cada vez más visibles.
El proveedor
Eduardo Margolis es mucho más que el exsocio de Sebastien
Cassez, hermano de Florence, con quien terminó la sociedad en malos términos
antes de que ella fuera apresada.
Es también mucho más que el “mejor amigo en la comunidad
judía” de la activista Isabel Miranda de Wallace, quien durante años ha sido la
voz civil más insistente en la condena de la mujer gala.
Margolis, presunto agente del Mossad es, para Cassez, el
motivo principal por el que ella se encuentra encarcelada y sentenciada por
secuestro.
Lo dijo en entrevistas cuando dio a conocer su caso; lo
reiteró en su libro “A la sombra de mi vida”, publicado por editorial Océano.
Florence Cassez vive convencida de que había una relación
cercana entre Eduardo Margolis y sus principales acusadores, Genaro García Luna
y Luis Cárdenas Palomino.
Que esta relación permitió que ella fuera el vehículo para
que el empresario de origen judío se vengara de su hermano Sebastien, quien al
momento de su detención había regresado a vivir a Francia, lejos de la zona de
poder de su enemigo.
Margolis es un empresario especializado en blindajes, que
maneja a través de su empresa Epel, S.A. de C.V.
En esta condición ha sido el proveedor de los vehículos de
seguridad que han usado en los últimos años los funcionarios de más alto nivel
de la Secretaría de Seguridad Pública, del Cisen, de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Gobernación, los jefes de Estado,
reyes y personalidades que han visitado el país, de acuerdo con información
obtenida por Reporte Indigo a través del IFAI.
La empresa Epel, S.A. de C.V. fue constituida en 2003 y
tiene a Margolis como uno de sus socios, según publicó la revista Proceso en
octubre de 2011.
Sus primeros contratos con el gobierno se celebraron en
junio de 2005, seis meses antes de que Cassez fuera detenida.
Se trató de un contrato de adjudicación directa por 33 mil
850 pesos y otro por 40 mil pesos, firmados con la Secretaría de Gobernación
para el “mantenimiento al vehículo blindado (…) al servicio de la oficina del
C. Secretario”, que era entonces Carlos Abascal.
También el Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen) se sumó a las dependencias federales que confiaron a la empresa de
Margolis la seguridad de sus vehículos.
Una adjudicación directa por 290 mil pesos en abril de 2010
permitió a esta compañía hacerse cargo del mantenimiento y conservación de los
vehículos “terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales” de una de las
dependencias con información más sensible de todo el gobierno federal.
El año del Bicentenario fue particularmente bueno para el
empresario de seguridad.
Epel se convirtió en septiembre de 2010 en la receptora por
adjudicación directa de 484 mil 758 pesos provenientes de la Secretaría de
Relaciones Exteriores.
El objeto fue nada menos que el “transporte terrestre, a
través de unidades blindadas, para el traslado de jefes de Estado y/o gobierno,
casas reales, diplomáticos, invitados especiales y/o personalidades de alto
nivel, con motivo del programa especial de los festejos del Bicentenario de la
Independencia, Centenario de la Revolución y fiestas nacionales”.
En noviembre de ese mismo año, la Secretaría de Turismo le
pagó un millón 670 mil pesos por una camioneta blindada de ocho cilindros,
aunque no puede saberse si había mejores ofertas, ya que la compra no se hizo
mediante una licitación sino de una adjudicación directa.
Pero ninguna dependencia representó para Margolis ganancias
más repetidas y millonarias que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a
cargo de Genaro García Luna.
Lo contrataron por primera vez en julio de 2006, todavía en
el gobierno de Vicente Fox. Le fue otorgado por adjudicación directa un
contrato por 365 mil 700 pesos para “servicios de blindaje”.
Fuente http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/se-le-cae-el-teatro-garcia-luna#.UQANv969XuE.twitter
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