La cúpula del PRI puede hacer cambios a sus estatutos y ponerlos de acuerdo con los nuevos tiempos. Desde luego, los cambios que los documentos básicos tengan no serán puestos a consideración de los cuadros medios, ni a la militancia general de ese partido, por tratarse de legitimar la violación a sus propios estatutos, causando después un mal mayor. No se trata de dogmatismo, sino de cuestión de principios en defensa de los recursos naturales, que en este caso sería el petróleo, la modernización, optimización y la permanencia rectora del Estado sobre Pemex.
Las reformas, tanto laboral como educativa, nos indican el preámbulo de lo que podría ser la energética; todo, amarrado por un pacto tripartito, ante el asombroso e hipnotismo de las fuerzas vivas que creen que todo será diferente a como la derecha tradicional manejaba los destinos de este país. La reforma de sus propios estatutos regidores de la vida interna de ese partido podría ser debatida en sus filas; lo que no se puede permitir es el autoritarismo que pudieran ejercer para cambiar las leyes secundarias de la Constitución de la República, para la apertura al capital privado y extranjero en materia de energéticos.
Las gasolinas, el gas y el combustóleo, entre otros, serían el valor agregado del petróleo que debe seguir siendo de la nación, con el Estado como interventor; la construcción de refinerías traería fuentes de trabajo, desarrollo e independencia nacional. Si esto no es así, entonces este valor agregado serviría a intereses ajenos y no nos serviría para nada a los mexicanos. Se requiere una amplia cruzada de las fuerzas progresistas para la defensa de los recursos naturales de México.
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