El coordinador del albergue para migrantes "La 72",Tomás González Castillo, ubicado en Tenosique, Tabasco, acusó que al cierre de la Administración panista de Felipe Calderón la violencia en contra de migrantes por parte del crimen y de las propias autoridades se recrudeció sin que se hayan establecido mecanismos para atender el problema.
Al participar en el Seminario "Migración, refugio y Derechos Humanos", organizado en la frontera México-Guatemala por el Centro de Derechos Humanos "Fray Matías de Córdova" e Iniciativas para la Identidad y la Inclusión (Inicia), calificó la política sexenal como antimigrante y persecutora de defensores.
Argumentó que una prueba es que han cerrado y complicado su labor varios albergues para migrantes como el de Lechería en el Estado de México y la suspensión de apoyo alimentario para el albergue de Tenosique.
"(Al final de la administración) han aumentado los desaparecidos, los muertos en fosas y en la ruta migratoria. Miles de niños quedaron huérfanos en Centroamérica y mujeres buscando a sus hijos. Desde hace seis meses se han acentuado las violaciones.
"No hay política migratoria que respete los derechos humanos", acusó.
Indicó que lo más graves es que nadie, ninguna organización y mucho menos las autoridades tanto en México como en Centroamérica, puede dar una cifra exacta de cuantos desaparecidos y muertos hay.
"Hay posiblemente estadísticas de los que salen, pero de cuántos mueren no lo sabemos", comentó.
También dijo que ese panorama revela la omisión de las autoridades e incluso actos de colusión para permitir la operación de los criminales.
"(Los migrantes) siguen siendo extorsionados por las autoridades", aseveró.
Agregó que también se ha modificado la operación de los delincuentes, y aunque ya no se dan secuestros masivos, mediante secuestro hormiga.
Con información de Reforma
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