Guerra y violencia

Lilia Arellano

EPN: el Ejército seguirá en las calles 
Ningún cambio en combate a narcos
Contradicciones del nuevo gobierno
Anuncia Murillo “firmeza implacable”

“Para los historiadores, los príncipes y los generales son genios; para los soldados siempre son unos cobardes”.- 
León Tolstoi

Craso error es pensar que solamente con el cambio del titular del Ejecutivo Federal la ola de violencia generada por la “guerra” contra los cárteles del narcotráfico bajaría de intensidad o que desaparecería. Las ejecuciones y homicidios dolosos del fin de semana pasado y el inicio de la presente, sobre todo en el norte de la República, desmienten categóricamente esta apreciación. La euforia y la esperanza provocadas por el fin de la pesadilla que representó para el país el régimen calderonista no hizo sino ocultar momentáneamente la continuación de la serie de asesinatos y desapariciones que se perpetran, un día sí y otro también, en diversas regiones del territorio nacional, sin que hasta este momento se haya anunciado el tan prometido cambio de estrategia en el combate a las organizaciones criminales.

Ya quedó más que demostrado el fracaso de las tácticas aplicadas durante seis años contra los capos de los principales cárteles, toda vez que subsisten sus mandos, se han hecho más poderosos; la producción, el tráfico y el consumo de estupefacientes en el país se ha elevado, así como las ganancias de los narcotraficantes, sin que se haya hecho ninguna acción contundente contra el lavado de dinero y la corrupción en las filas de las organizaciones policíacas y de gobierno que han sido penetradas hasta la médula. Incluso, el ex secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, fue cobijado por la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara alta, al grado de que el senador priísta Omar Fayad, cercano al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sostuvo que ni el Senado de la República ni la dirigencia nacional de su partido han pedido investigar a ese funcionario calderonista por los señalamientos del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, lo que indica que los acuerdos entre priístas y panistas llegan hasta la complicidad. 
Aún se desconoce hasta cuándo los ciudadanos mexicanos seguiremos esperando para cambiar las estrategias en el combate al crimen organizado, mientras tanto seguimos padeciendo los estragos de su actividad en nuestro patrimonio y en nuestra propia seguridad. Tan sólo al arrancar este sexenio, el mismo sábado 1 de diciembre, autoridades de diversas entidades, como Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Guerrero, Nuevo León y el Distrito Federal, reportaron al menos 20 ejecuciones, entre ellas las de cuatro policías en Torreón, y uno más en la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de México.
Mientras se vivía la euforia del cambio en la capital de la República, el domingo siguiente fueron localizados siete cadáveres desmembrados dentro de bolsas negras abandonadas en la colonia Obispado de Torreón; ese mismo día, un comando armado atacó las instalaciones de Seguridad Pública del municipio de Asientos, en Aguascalientes, y logró asesinar al jefe de la corporación, Alberto Silva, además que se llevaron las armas de cargo y un vehículo; en Chihuahua, un grupo de hombres armados acribilló a un policía federal y a dos mujeres en las calles de la ciudad de Parral; en Jalisco, tres personas fueron ejecutadas en la zona metropolitana de Guadalajara; y en Sinaloa, un hombre de 50 años fue ejecutado sobre la carretera Navolato-La Pipima, al norte de Culiacán; en Durango, un elemento de la policía federal fue ejecutado por hombres armados en el Parque Industrial Lagunero de Gómez Palacios. 
El lunes 3 de diciembre, fueron localizados los cadáveres de cuatro mujeres, de entre 16 y 18 años, atadas de pies y manos, con signos de tortura y ultimadas con armas de fuego, en la carretera Jerez-Fresnillo, a la altura de la comunidad zacatecana de El Durazno. Sobre los cuerpos había un mensaje que advertía: “Esto les va a pasar a todos los que colaboren con los Cárteles Unidos y el CDG”; en esa misma entidad, cuatro personas más fueron asesinadas en distintos municipios. Y este martes, al cierre de estas líneas, ya se tenía el reporte de siete ejecuciones en diversos municipios de Coahuila y el Estado de México, entre ellos una persona calcinada cuyos restos fueron localizados en la colonia San Rafael, del municipio de Tlalnepantla.
A pesar de que la ola de violencia sigue creciendo en el país, lo peor es que el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a las Fuerzas Armadas mantenerse en actividades de seguridad pública, aunque eso sea ilegal y todavía anticonstitucional, en tanto se define, determina y aplica la nueva estrategia contra la inseguridad. Los mandos superiores del Ejército, de la Marina-Armada de México y de la Fuerza Aérea del país fueron instruidas, por su nuevo comandante, a conducirse con lealtad y cumplir su misión que es lograr un México en paz siendo respetuosos de los derechos humanos. Durante un desayuno que los militares ofrecieron en su honor, también se preocupó por señalar su confianza en que éstos mantendrán una “lealtad absoluta” al gobierno legalmente constituido. 
Durante el acto, en el que estuvo acompañado por los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, y de la Marina-Armada de México, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Peña Nieto ordenó al conjunto de las fuerzas armadas del país apoyar a las dependencias del gobierno federal para cumplir con los cinco grandes ejes de su gobierno, con el propósito de lograr una mejor calidad de vida de los mexicanos, pero no hizo referencia alguna a la nueva estrategia que habrá de aplicarse para tener resultados positivos en la inútil y estúpida guerra contra el narcotráfico que declaró y decretó hace seis años Felipe Calderón, con el único propósito no de acabar con las organizaciones criminales, sino de lograr un poco de legitimidad que no le fue otorgada en las urnas y que, a pesar de todo, hasta el final de su mandato, no logró.
A lo más que llegó Peña Nieto, en esta ocasión, fue exhortar a los integrantes de las fuerzas armadas a conducirse en esta guerra ilegal e irregular con apego a los derechos humanos. El titular del Ejecutivo sí dejó claro que bajo su mando, las fuerzas armadas seguirán siendo “factor de estabilidad y confianza social”, y les ofreció mayores recursos para su equipamiento e ingresos económicos, así como reconocimiento y estímulos. 

Fuente http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=15&idTitulo=209048