Los Moreira y el abandono a mineros

Por: Redacción / Sinembargo 

Si algo hay que agradecer a Humberto Moreira Valdés es que, con sus declaraciones sobre la presunta presencia del narco en el negocio de los pocitos de carbón en Coahuila, las autoridades federales y de esa entidad comenzaron a dar la cara e investigar a empresas y empresarios, que tienen una presunta relación con el crimen organizado. Lo que no debe pasar de largo es que el ex gobernador de ese estado se haya pronunciado sobre el tema sólo hasta después del pasado 3 de octubre, cuando fuera asesinado su primogénito José Eduardo Moreira Rodríguez. Se habla ahora de empresarios coludidos con los narcos, quienes controlan la minería de los pocitos, en una actividad de “blanqueo del carbón” que, según los expertos, les está dejando unos 6 millones de pesos a la semana como mínimo. La Secretaría de

Gobernación, a través de su titular Alejandro Poiré Romero, y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, que encabeza Homero Ramos Gloria, aceptaron que investigan a por lo menos tres compañías mineras que podrían tener relación o son explotadas por miembros de la delincuencia organizada. Insistimos: sólo hasta ahora que el también ex presidente nacional del PRI ha arremetido contra los “narcoempresarios”, a quienes hace días llamó “cerdos” por negociar con el narco y darles a ganar el dinero con el que compran armas, las mismas que sirvieron para asesinar a su hijo, es que se pone la lupa sobre esa región del desierto coahuilense, abandonada por décadas. Humberto Moreira fue gobernador de ese estado del 4 de marzo de 2005 al 3 de enero de 2011 y, claro, debió advertir antes de esa situación. Pero no lo hizo sino hasta que la tragedia enlutó a su familia. Su hermano Rubén Moreira Valdés, quien hoy es el mandatario estatal, también debió tener conocimiento del asunto. Y negarlo ahora sería increíble, pues ambos hermanos han dominado por completo la política y los asuntos públicos de la entidad desde hace más de una década. Lo que resulta inadmisible es que en esta discusión ni los hermanos Moreira ni el gobierno federal, que tan preocupado se muestra ahora por indagar la relación de los empresarios con los narcos, no se hayan referido a los trabajadores del carbón, a los miles y miles de mineros que, históricamente, han muerto o quedado incapacitados ante las condiciones inhumanas en las que trabajan. El 19 de septiembre pasado, SinEmbargo.mx publicó un revelador reportaje de la periodista Sanjuana Martínez: Mineros de Pocitos: abandonados y a su suerte en Coahuila. (OJO SANDY, ÉSTA ES LA LIGA PARA ESA NOTA: http://www.sinembargo.mx/19-09-2012/370289 ) Dicha investigación muestra que la tragedia humana que envuelve a esa actividad es pan de todos los días en la Región Carbonífera. Además del riesgo al que se someten esos trabajadores, se agrega la nula responsabilidad de las empresas en materia de seguridad social, los salarios de hambre y la corrupción de funcionarios estatales y federales que han permitido que los dueños de las minas operen a sus anchas y sin exigencia alguna. Luego del desastre minero de Pasta de Conchos, ocurrido el 19 de febrero de 2006 en San Juan de Sabinas y que dejó 65 trabajadores sepultados por una explosión en una mina de Grupo México, propiedad de empresario Germán Larrea Mota Velasco, los gobiernos de los panistas Vicente Fox Quesada, primero, y de Felipe Calderón Hinojosa, después, se comprometieron a revisar y corregir las condiciones laborales en la zona. También ofrecieron castigo ejemplar para los dueños. Ninguna de esas promesas se cumplieron. Para colmo, al iniciar octubre, los diputados tuvieron la oportunidad de modificar la Ley Federal del Trabajo y otorgar a los mineros de México mejores condiciones laborales. Pero no, no lo hicieron. Pasaron la minuta de la Reforma Laboral al Senado de la República sin alterar una coma al Artículo 343-A, que planteaba la prohibición de la explotación minera en pozos verticales. “Queda prohibido el trabajo en tiros verticales para la extracción de carbón, a profundidades menores de 100 metros o mediante el empleo de botes, en este caso, la extracción de carbón deberá realizarse mediante tajos a cielo abierto y tiros inclinados. Asimismo queda prohibido el trabajo en minas conocidas como cuevas o pozos carboneros, entendiéndose por esto los trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, en donde las actividades mineras se llevan a cabo sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras, no contando con las medidas de seguridad que correspondan de acuerdo a la normatividad vigente, para proteger la vida de los trabajadores”, decía textualmente la propuesta de cambio a la Ley Federal del Trabajo. Todos los representantes de los partidos en el Congreso de la Unión se lavaron las manos. Igual que lo han hecho por décadas Presidentes de la República, Gobernadores y Secretarios de Estado, entre otros… Todo bajo la presión de los empresarios mineros a los que la justicia nomás no los alcanza.

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