Escrito por Jenaro Villamil
A pesar de las múltiples irregularidades, de indicios de corrupción y desfalco al erario público por más de 12 mil millones de pesos, Pemex Refinación prepara para el próximo 22 de agosto aprobar los estados financieros de Mexicana de Lubricantes de 2001 a 2009 y “decretar la reducción del capital social por la cantidad de 399 millones de pesos y su reembolso a los accionistas por un monto de 100 millones de pesos”, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir del acuerdo.
Así se establece en el documento interno titulado “Presentación de la Propuesta de la Administración de Pemex y Pemex Refinación para la restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas con Mexicanas de Lubricantes”, al cual tuvo acceso Proceso,y que fue elaborado en febrero de este año por “la Oficina del Abogado General y Pemex Refinación”.
De aprobarse esta propuesta, tal como ha anunciado también el propio director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, se concretaría uno de los capítulos de desfalco más claros en el área de Pemex Refinación (ver Proceso, No. 1866).
El documento de más de 90 cuartillas hace una apretada síntesis de muchas de las irregularidades detectadas por la administración calderonista en Mexicana de Lubricantes –una sociedad formada por Pemex Refinación y el empresario Salvador Martínez Garza, de Impulsora Jalisciense- que durante los últimos doce años sólo reportó pérdidas, evadió al fisco, impidió la competencia en el área de lubricantes y representó un quebranto de 12 mil 87 millones de pesos.
Entre esas irregularidades destacan las siguientes:
-El empresario Salvador Martínez Garza, director general de Mexicana de Lubricantes y su secretaria se embolsaron desde marzo de 1997 hasta septiembre de 2001 un monto total de 10 millones de pesos por concepto de “sueldos”, a pesar de que era socio mayoritario de la empresa y nunca generó ganancias.
-Mexicana de Lubricantes reembolsó a Impulsora Jalisciense un total de 22.9 millones de pesos por concepto de honorarios a despachos de abogados y consultorías. El más beneficiado fue Jorge Humberto Chavira, quien recibió 9.8 millones de pesos por “la suspensión definitiva del amparo promovido por Pemex Refinación por el juicio relacionado con el vencimiento anticipado de los contratos de maquila, suministro y exclusividad”.
Con dinero del erario público, también le pagaron 1.5 millones de pesos a la firma Global Emerging Markers LTD por un “proyecto de capitalización” para Mexicana de Lubricantes realizado entre noviembre de 1999 y diciembre de 2000. También pagaron 2 millones de pesos a Spirito Santo Bank por la “gestión” de una línea de crédito a favor de Mexicana de Lubricantes por 6 millones de dólares.
-Tan sólo entre 2001-2009, Mexicana de Lubricantes tuvo gastos por “asesoría legal” por 173 millones de pesos, de estos gastos, el 68 por ciento, 117 millones de pesos fueron para pagarle a varios despachos en el litigio ante la Comisión Federal de Competencia por prácticas monopólicas relativas a Pemex Refinación, debido a la cláusula de exclusividad de venta en las gasolineras de los productos de Mexicana de Lubricantes, que acabó perdiendo Pemex Refinación en julio de 2003.
Los dos despachos que más honorarios cobraron en este litigio fueron González Fernández Abogados S.C y Barrera Siqueiros y Torres Landa, según la relación de “honorarios en juicios y litigios” de la página 63 del documento. También se pagaron 5.9 millones de pesos en pagos de defensa ante Banorte y 36 millones de pesos en otros despachos.
-El propio informe de un Comité Especial de Evaluación acredita que la desastrosa administración en Mexicana de Lubricantes, de la cual Pemex Refinación tiene el 49 por ciento de las acciones, representa un daño patrimonial por 12 mil 642 millones de pesos para la paraestatal. Los documentos lo llaman de manera eufemística: “menoscabo en su patrimonio”.
El “Arreglo” y el “Perdón”
El documento propone que Pemex Refinación se desista de la demanda presentada contra Salvador Martínez Garza, cuya averiguación previa es la UEIDFF/FINM11/2006, a cambio de que el socio de Impulsora Jalisciense “renuncie a cualquier acción legal” en contra de Pemex.
“Para materializar el compromiso previsto en el párrafo anterior, Pemex Refinación suscribirá y presentará y ratificará un escrito de perdón ante el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, de la Subprocuraduría de Investigaciones Federales de la PGR de manera simultánea a la firma de este convenio”, establece la propuesta de “arreglo”.
Además, se aprobarán los estados financieros de Mexicana de Lubricantes por los ejercicios fiscales de 2001 a 2009 y se decretará la reducción del capital social de la empresa “por la cantidad de $399, 999, 991.25 (trescientos noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y un pesos) y su reembolso a los accionistas, por un monto mínimo de 100 millones de pesos, en un plazo máximo de 30 días naturales contados a partir de que éste se acuerde. El resto, en la medida en que el flujo de efectivo de Mexicana de Lubricantes lo permita, no debiendo exceder de 3 meses”. Es decir, antes de que termine el sexenio de Calderón.
Asimismo, el “arreglo” incluye que Impulsora Jalisciense renuncie “en forma definitiva e irrevocable” al cobro de los gastos y costos a que fue condenada Pemex Refinación en el litigio 222/2006 mediante el cual Pemex Refinación ejerció el derecho a la opción de compra del 51 por ciento de las acciones en poder del empresario Salvador Martínez García.
Ambas partes también se comprometen a suspender todos los procedimientos judiciales y administrativos y a no ejercer acciones legales adicionales, “otorgándose los finiquitos recíprocos más amplios que en derecho procedan”.
Entre los asuntos comerciales se propone:
-“Un contrato de ventas de primera mano de aceites básicos. Pemex Refinación se obliga a suministrar a Mexicana de Lubricantes 4.5 millones de litros mensuales por un periodo de diez años.
“-Extinción de la obligación de exclusividad de ventas de lubricantes. Una apertura ordenada (sic) del mercado de estaciones de servicio de la franquicia Pemex.
“-Terminación de los contratos de maquila.
“Suscripción de un nuevo contrato de licencia de uso de marcas. Lo cual permitiría una apertura ordenada del mercado”.
Para el socio Salvador Martínez García el “arreglo” es ampliamente beneficioso porque no sólo se finiquitan los juicios sino que también no se le solicitará la devolución de los salarios cobrados de manera irregular por él y su secretaria, que ascienden a 10 millones de pesos.
Deliberación del Comité de Auditoría
Estas propuestas fueron formuladas y aprobadas en una sesión del Comité de Auditoría y Evaluación de Pemex, presidido por José Fortunato Alvarez Enriquez, con la presencia de los vocales Fluvio César Ruiz Alarcón y Héctor Moreira Rodríguez, ambos consejeros profesionales de Pemex, nombrados a raíz de la reforma de 2008.
El acta, cuya copia obtuvo Proceso, tiene fecha del 15 de febrero de 2012 y consta de 20 fojas, más el anexo de la propuesta de “arreglo” en Mexicana de Lubricantes.
Entre las conclusiones que llegaron los asistentes, incluyendo al ingeniero Gustavo Ernesto Ramírez, titular del Organo Interno de Control de Pemex, y el comisario suplente de la Secretaría de Energía, Federico Millán Portillo, están las siguientes:
“a) Aceptar las propuestas de Impulsora Jalisciense en los términos señalados llevaría a realizar las actividades tendientes a reactivar la vida corporativa con los beneficios en los aspectos comercial, corporativa y legal.
“B) No aprobar ni aceptar la propuesta de Impulsora Jalisciense en los términos señalados, llevaría a replantear la estrategia legal y comercial. Siendo necesaria la defensa de las acciones que Impulsora Jalisciense intente contra Pemex Refinación”.
En la sesión Fortunato Alvarez Enríquez, presidente del Comité de Auditoría comentó que “después de haber analizado y revisado toda la información presentada, así como las propuestas y sus anexos, y considerando la gran cantidad de recursos que ha destinado Pemex Refinación para esta asunto, estimó conveniente establecer un convenio con Impulsora Jalisciense con la orientación a que Pemex Refinación no tenga desventajas, más de las que ya ah obtenido, reconociendo que ha habido una administración en Mexicana de Lubricantes, si bien no reconocida como fraudulenta, sí irresponsable y ventajosa al actuar de manera unilateral sin tomar en cuenta al socio minoritario”.
Después de una breve deliberación, acordaron “recomendar al Consejo de Administración de Pemex la autorización de la propuesta” que permita lo siguiente:
-Celebración de Asamblea General de Accionistas para la aprobación de los estados financieros y reparto de dividendos.
-Desistimiento de todos los juicios, sin reserva de acción alguna de las partes.
-Firma de un nuevo contrato de ventas de primera mano y terminación del contrato de maquila.
-Apertura del mercado de estaciones de servicio que obligaría a modificar el contrato de licencia de uso de marcas.
-Restablecimiento de la vida corporativa bajo parámetros de “transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno”.
En la discusión olvidaron el propio diagnóstico de la Secretaría de la Función Pública al inicio de este sexenio: el origen de este fraude radicó en la privatización de un negocio que dejó utilidades netas a Pemex por 225 millones de dólares en 1991, pero que un año después fue vendido en menos de 50 millones de dólares a una empresa, Impulsora Jalisciense, que ni cumplió con los requisitos mínimos establecidos en el Contrato de Coinversión, del 19 de enero de 1993 (verProceso No. 1866).
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