Escrito por Salvador del Río
En torno al petróleo nacionalizado por Lázaro Cárdenas en 1938, los partidarios de la defensa de ese recurso natural no renovable en manos del Estado y bajo su pleno control, preparan una batalla frente al intento de una nueva reforma al sector energético del país, que el futuro presidente Enrique Peña Nieto se niega a llamar privatización e insiste en que sólo se trata de un modelo de asociación con capital principalmente extranjero.
La confrontación entre los partidos de izquierda en las cámaras legislativas, acompañada por un amplio sector de la población, ha comenzado ya y se agudizará a partir de que el aún presidente electo presente una iniciativa de modificaciones jurídicas, que de implicar reformas a la Constitución requerirá del voto aprobatorio de dos tercios de la representación en el Congreso de la Unión y de la mayoría de los congresos de los estados de la Federación. En los círculos políticos se apunta la posibilidad de que la iniciativa sea enviada al Congreso con el carácter de preferente, la nueva figura que obliga a los legisladores a pronunciarse a favor o en contra en el perentorio plazo de treinta días.
La lucha por el dominio del petróleo empezó en 1988 cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari decidió cerrar las principales refinerías de Petróleos Mexicanos y recortar al mínimo los recursos procedentes de las utilidades de la empresa estatal destinados a la prospección y localización de nuevos yacimientos, lo que convirtió a la industria petrolera mexicana en importador neto de gasolinas y en productor de petróleo crudo para una creciente exportación, dirigida principalmente al mercado de Estados Unidos.
A la vez, el gobierno de Salinas de Gortari y los siguientes mantuvieron y acrecentaron un régimen fiscal que constituye una exacción a la empresa nacionalizada, que debe pagar al erario federal impuestos cercanos al 90 por ciento de sus utilidades brutas. Como resultado de esa política, las reservas probadas de hidrocarburos del país han descendido de 72 mil millones de barriles contabilizados en la última década del siglo pasado, a sólo 13 mil millones de barriles en la actualidad, cifra apenas suficiente para mantener la extracción por espacio de diez años.
Usando el argumento de esa situación, los gobiernos que siguieron –los panistas de Vicente Fox y el de Felipe Calderón que está por terminar-- promovieron modificaciones al régimen jurídico de Petróleos Mexicanos que no obstante la oposición de una buena parte de la población permitieron una relativa apertura del petróleo al sector privado, con el argumento de que la empresa estatal no tiene el capital ni la tecnología requeridos para la explotación de los yacimientos petrolíferos, que después de más de un siglo de extracción se localizan en aguas marinas y en pozos de tierra a profundidades cada vez mayores. Sólo la empresa privada tiene los elementos para la explotación de esa riqueza, se aduce.
El proyecto de la administración que a partir del próximo 1 de diciembre estará en funciones propone una nueva política de aprovechamiento de los recursos energéticos. En lo que hace al petróleo, se habla de una modificación del precepto constitucional que lo excluye, lo mismo que a la energía eléctrica, del concepto de monopolio por ser bienes estratégicos del dominio y para beneficio de la nación. Para ello, la nueva legislación autorizaría a la administración a aplicar un modelo, se afirma, semejante al de Brasil, que ha permitido a su empresa Petrobras establecer asociaciones con corporaciones del exterior sin perder el carácter de nacional y estatal.
No se menciona en los planes de una nueva legislación algunas diferencias fundamentales con el régimen de Brasil, entre ellas lo referente a los contratos con empresas privadas, que si en el caso de Petrobras son meras asociaciones, en el de México tienen la característica de concesión a largo plazo. En efecto, a partir de las modificaciones que bajo el concepto de privatización se obtuvieron en el gobierno de Fox, Petróleos Mexicanos ha venido celebrando contratos llamados incentivados para la explotación por parte de empresas privadas, según los cuales el beneficiario dispone de las utilidades por plazos de hasta más de veinticinco años, renovables indefinidamente.
Los contratos incentivados con un sucedáneo de los llamados contratos riesgo, que por lesivos a la economía de Petróleos Mexicanos fueron suprimidos y prohibidos en 1964. Otras diferencias son los resultados de las industrias de otros países en América Latina. Venezuela, cuyo gobierno reafirmó la nacionalización y siguió el camino de asociaciones; Venezuela posee ahora la reserva de hidrocarburos considerada la más alta del mundo, con 80 mil millones de Barriles. Brasil mantiene asociaciones con otras empresas, pero diversifica sus mercados con exportaciones a los más diversos y alejados países, en tanto que México se sujeta al monomercado de la Unión Americana y ve la reducción de sus reservas, inexorable, se dice, si no acude en su ayuda el capital privado.
Ésas y otras disposiciones previstas en el proyecto de una nueva reforma petrolera serán combatidas por los sectores que se oponen a lo que consideran una privatización y no una mera alianza estratégica entre el estado y el capital. En el terreno legislativo la oposición a la nueva reforma será encabezada por el senador Manuel Bartlett, secretario de gobernación y de educación, gobernador del Estado de Puebla y senador en una larga carrera política por muchos años bajo las siglas del PRI. Disidente de su partido original desde el tránsito de éste del nacionalismo revolucionario hacia el neoliberalismo, Bartlett ocupa una vez más un escaño, esta vez postulado por el Partido del Trabajo, desde el que espera librar otra batalla como la que hace seis años sostuvo por la permanencia del petróleo como la empresa expropiada en 1938 y que por décadas se mantuvo como una palanca del desarrollo del país.
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