Ahora que legisladores, académicos y órganos garantes se han puesto de acuerdo para poner a discusión el tema de reformas al IFAI para otorgarle autonomía, sería bueno aprovechar la ocasión para modificar el sistema de sanciones que existe al día de hoy en México.
POR REDACCIÓN
En días pasados se reunieron en Oaxaca juristas, académicos e integrantes de los órganos garantes para expresarse a favor de una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Mientras, aquí en la ciudad de México escuchamos día a día que Enrique Peña Nieto, candidato ganador de las elecciones presidenciales, hablar en sus discursos de darle mayores atribuciones al IFAI y de promover la transparencia y el acceso a la información.
Sin embargo, está quedando fuera un detalle de esta gran discusión, que no es menor. Y es el tema de las sanciones. Hoy en día, si un funcionario público se niega a entregar la información que la ley le obliga, pocas son las consecuencias que se dan para que éste termine recibiendo un justo castigo por incurrir en desacato.
Pero vayamos por partes. Los funcionarios que se encargan de otorgar la información no siempre son los que deciden que ésta sea entregada o no. Me explico. Si alguien pide información de los números de teléfonos celulares de Presidencia, no es el titular de la Unidad de Enlace quien se encarga de decidir si se abre o no la información.
Sin embargo, aunque el funcionario tuviera la intención de entregar los documentos que comprueben estos datos, siempre habrá un superior jerárquico que le pueda incluso negar la información o argumentar que no puede entregarla porque es reservada o confidencial.
Ante este panorama, es difícil encontrar la cadena original de quién o quiénes se niegan a cumplir con la entrega de la información.
Estas inercias burocráticas siguen existiendo porque no hay ninguna sanción firme que obligue a los funcionarios públicos a cumplir con la ley y por el contrario, se atreven a incurrir en desacato. El ejemplo más claro es el que actualmente se da en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues el IFAI ordenó ya en tres ocasiones la entrega de documentos relacionados con la cancelación de los créditos fiscales desde 2007 a la fecha y esto no ha ocurrido.
¿Qué pasa cuando se niega un funcionario a entregar la información? Al solicitante le queda un camino: ampararse, para que, vía amparo, pueda exigir la entrega de la información. Y la otra es presentar una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, porque se está violando la Ley Federal de Transparencia así como el artículo 6 de la Constitución.
Si lee con atención, se dará cuenta que no es el IFAI quien puede emitir las sanciones directamente contra los servidores públicos que no acatan con la ley que les ordena entregar la información. Es la Secretaría de la Función Pública y si nos vamos a los números, no tiene ni 100 casos de funcionarios sancionados.
Pero ¿Qué pasa si se entrega la información y se da a conocer casos de corrupción, desvío de recursos, malversación de fondos, abuso de confianza, sobornos, entre otros delitos? Nuevamente es la Secretaría de la Función Pública la que deberá investigar y sancionar a estos funcionarios corruptos. Aunque ya entró en vigor la Ley Anticorrupción, todavía falta por ver cómo se aplican estas sanciones, que supuestamente aumentaron en cuanto a sanciones económicas.
Sin embargo, no se han eliminado dentro de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos los "castigos" a los que no cumplen con la ley. Hay sanciones tan absurdas como la amonestación privada o pública. Y si se emite una sanción económica o una inhabilitación, el funcionario todavía puede quejarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por considerar que no es merecedor a dicha sanción. Y sus resoluciones pueden tardar años.
Y por eso tenemos casos de funcionarios públicos que deben multas millonarias al SAT –porque además ahí hay otro problema. Función Pública sanciona pero el SAT es quien cobra las multas-- y que terminan convirtiéndose --¡Adivinó!-- en créditos fiscales.
Por eso vemos a funcionarios públicos tan campantes que no temen a nada. Y por eso, aunque ocurran casos como los sobornos de CFE con ABB, de lavado de dinero en Wallmart, de corrupción en contratos con BizJet, de lavado de dinero en HSBC, entre otros escándalos internacionales, en México, tal parece que no pasa nada.
Y así, con mayor razón, los que hacen las leyes en este país, lo legisladores, pueden gastar a manos llenas, pueden gastar millones en comisiones legislativas y aquí no pasa nada. Total. Yo pregunto ¿Cuántos senadores o diputados han sido sancionados por malversación de recursos públicos?
Por eso es necesario que de modificarse la Ley Federal de Transparencia o crearse una Comisión Anticorrupción, se cierre el círculo que permita sancionar con ejemplares castigos a quienes incurran en los diferentes delitos: aquellos que niegan el acceso a la información pero también aquellos que, al darse a conocer la información, fueron responsables por omisión o malversación.
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