Drones estadounidenses realizan actualmente labores de espionaje dentro el espacio aéreo mexicano. ¿Pretexto? La lucha contra el terrorismo y contra el tráfico de droga. Sin embargo, los parlamentarios mexicanos nunca han autorizado la apertura del espacio aéreo nacional a los vuelos de estos aparatos ni tampoco se les ha presentado ningún balance de estas operaciones. En la práctica, México no ejerce ningún control sobre esa labor de inteligencia que Estados Unidos realiza sobre el territorio mexicano e incluso depende de su poderoso vecino para saber lo que pasa en su propio suelo.
El
drone mexicano conocido como “El Gavilán” voló por primera vez en junio de
2008.
RED VOLTAIRE | CIUDAD DE
MÉXICO (MÉXICO) | 13 DE AGOSTO DE 2012
El gobierno que asuma la presidencia de México el 1º de diciembre de
2012 deberá, entre sus responsabilidades de seguridad nacional, definir el
alcance de su cooperación con Estados Unidos respecto al vuelo de vehículos
aéreos no tripulados (denominados en español VANT y en inglés UAV, porunmanned
aerial vehicles, o UAS, por unmanned aerial systems) en la
frontera binacional y dentro del espacio aéreo mexicano.
El temor a la escalada de violencia del crimen organizado mexicano en el
sur de Estados Unidos llevó a las agencias de seguridad de ese país a desplegar
efectivos de la Guardia Nacional, a levantar la valla fronteriza y a crear un
“cerco virtual” de 85 kilómetros. Ahora, lanzaron su flota de vant’s hacia
la frontera desde California a Texas y a territorio mexicano, cuando se les
solicita.
Nada escapa a las cámaras y equipos de detección de los drones (llamados
así por el zumbido de sus motores que semejan abejorros) de la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) estadounidense. LosGuardian, Global
Hawk, PredatorB y MQ-9Reaper cumplen
cabalmente su misión: transmitir en tiempo real la información de inteligencia
que recolectan a sus bases en California, Sierra Vista y Huachuca, en Arizona,
y a la estación naval aérea de Corpus Christi, en Texas.
Allí los monitores proyectan indistintamente la hilera de migrantes
indocumentados que corren en una brecha y el ingreso a territorio
estadounidense de autos sospechosos de traficar drogas. Según el Departamento
de Seguridad de la Patria (HSD, según sus siglas en inglés), en 6 meses los vant’s de
la CBP contribuyeron al arresto de casi 2 000 inmigrantes indocumentados y al
decomiso de 4 toneladas de marihuana. Sin embargo, esa agencia nada dice de la
incursión de sus drones en el espacio aéreo de México.
La primera noticia de la presencia de vant’sestadounidenses
en cielo mexicano se remonta a julio de 2009, cuando una nave de la CBP “ayudó”
en la investigación del asesinato del agente Robert Rosas, ocurrido cuando este
patrullaba cerca de San Diego. Así lo confirmó Juan Muñoz Torres, vocero de esa
agencia, quien aseguró el 16 de marzo de 2011, en una entrevista para el
periódico estadounidenses U.S.A. Today, que el sobrevuelo se respaldó
con “la solicitud del gobierno mexicano para ayudar en esa pesquisa”.
Ese mismo año se admitió formalmente que drones estadounidenses
realizaban misiones secretas sobre México y eran parte de la colaboración
antidrogas. Esto ocurrió tras el asesinato del agente Jaime Zapata, del
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés),
asesinato ocurrido el 15 de febrero, y trascendió que un Global Hawk ayudó
a capturar a sus asesinos. Días después, el 3 marzo, durante un encuentro en la
Casa Blanca, los presidentes de México y Estados Unidos acordaron mantener esa
colaboración aunque “nadie supo decir cuántos vuelos de drones ha conducido
Estados Unidos o cuántos se anticiparon con el nuevo acuerdo”, refirió
Ginger Thompson en su reportaje “Drones de Estados Unidos vuelan profundo en
México para combatir a las drogas” publicado en The New York Times el
16 de marzo de 2011.
Al divulgarse ese acuerdo, Alejandro Poiré, entonces secretario técnico
del Consejo de Seguridad Nacional, admitió el 16 marzo de 2011 el sobrevuelo
del territorio mexicano por parte de uav’s estadounidenses “a
petición del gobierno federal”. El funcionario reconoció que ignoraba
cuántas aeronaves estadounidenses estaban participando y aseguró que no se
violaba la soberanía del país. Un posterior comunicado del Consejo agregó: “Cuando
se realizan estos operativos, siempre se hacen con la autorización, vigilancia
y supervisión operativa de agencias nacionales, incluida la Fuerza Aérea
Mexicana”.
Congresos
y drones
Sin embargo, ese mismo día, Gustavo González, secretario de la Comisión
Bicameral de Seguridad Nacional, estimó que el Ejecutivo “no consideró la
voz del Senado para solicitar tal intervención”. Por coincidencia, ese
mismo día el Huffington Post publicó: “Aunque por ahora
esos vehículos no atraen la atención –ni las críticas– de ninguna institución
del país vecino, ha llegado el momento de decidir qué política debe seguir el
gobierno mexicano”.
Y precisamente con la intención de conocer la posición del Congreso, una
vez que han transcurrido más de 17 meses de esos hechos sin que el gobierno
mexicano haya mostrado ningún documento que apoyara su manifiesta solicitud a
Estados Unidos para que sus naves no tripuladas realizaran misiones de
vigilancia en territorio de México, se consultó al diputado Gustavo González
Hernández para conocer si la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional posee más
información al respecto. El legislador explicó que, después de los
acontecimientos ya mencionados, los miembros de la Comisión se reunieron con el
entonces Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, quien les
informó que esa acción se enmarcó “en el Convenio de Chicago de 1945 en su
artículo 3º”.
Al consultar el artículo 3º del Convenio de Chicago Sobre Aviación Civil
Internacional (del 7 de diciembre de 1944 y al que México se adhirió el 25 de
junio de 1946), se comprobó que el inciso A) establece que su competencia es
para aeronaves civiles, no de Estado, ya que éstas (según el inciso B) son las
aeronaves “que se usan para servicios militares, aduaneros o policiales”.
De ahí que la única posible referencia a la autorización de vuelo de naves
extranjeras sobre territorio mexicano estaría en el inciso D) que establece: “ninguna
aeronave del Estado perteneciente a un Estado contratante volará sobre el
territorio de otro Estado, o aterrizará en éste, sin autorización otorgada por
acuerdo especial o de otro modo, y de conformidad con las condiciones estipuladas”.
En tal virtud, el diputado del Partido Acción Nacional estima que la
próxima Legislatura deberá analizar, a través del Senado, todas las variantes
relacionadas con la seguridad de la frontera para ambos países. Y este tema
–precisa– debe ser “soportado por personas conocedoras y bajo el principio
de que el problema del narcotráfico es bilateral y regional, por lo que se
requiere la estrecha colaboración de ambos gobiernos”. Por último, estima
que la rendición de cuentas en cuanto a la materia y naturaleza reservada de la
información resultante debe ventilarse en la Comisión Bicameral de Seguridad
Nacional.
Al respecto, Iñigo Guevara, máster en seguridad internacional de la
Georgetown University, señala que tampoco conoce el documento oficial que sustentó
la solicitud a Estados Unidos para que sus drones ingresaran en México y
explica que la cooperación en materia de seguridad entre ambos países tiene dos
dimensiones: el intercambio de inteligencia, particularmente con respecto a la
seguridad fronteriza y la Iniciativa Mérida. De ahí que aprecie que
los vuelos de aeronaves estadounidenses en territorio mexicano se realizan “a
partir del intercambio de inteligencia con fines, tanto de prevención como de
investigación ante hechos consumados”.
Guevara infiere, apoyado en sus conocimientos, que dada la cooperación
México-Estados Unidos esos sobrevuelos “se realizan mediante protocolos
establecidos que permiten a los servicios de inteligencia mexicanos tener
conocimiento total y constante sobre cada uno de los vuelos”. De esa forma,
la información que generan esos sobrevuelos multiplica las capacidades de las
fuerzas en tierra para mejorar su eficiencia y salvaguardar sus vidas, pues se
dispone de información en tiempo real, lista para ser explotada por un sistema
de comunicación seguro y confiable sin necesidad de hacer inversiones
multimillonarias en equipo, entrenamiento e infraestructura.
Y ese es un aspecto “innovador y positivo, siempre y cuando se busque
subsanar, y eventualmente reemplazar esta capacidad prestada mediante medios
nacionales capaces”, detalla el también graduado del Centro de Estudios
para la Defensa Hemisférica de la National Defense University. En cuanto a la
actuación del Poder Legislativo estima que “debe estar en un nivel superior,
estratégico” que comprenda la reglamentación de la cooperación “mas no
debe bajar al nivel táctico-operativo”.
El análisis político de Guevara y Moyano sostiene que será sano
transparentar ciertos datos de tales vuelos, siempre cuidando de proteger las
condiciones de seguridad para no poner en riesgo la efectividad de las
misiones. Para lograrlo, el ex asesor de la Secretaría Técnica del Consejo de
Seguridad Nacional propone que el gobierno publique un informe anual sobre el
número total de misiones, horas de vuelo y algunos resultados, mientras que “datos
más específicos deben ser información reservada para las unidades de
inteligencia”.
No es ocioso prever cómo actuará la próxima Legislatura mexicana cuando
se sabe que el Congreso estadounidense tiene un interés “activo” en la
frontera con México en tres temas que dominan su agenda: antinarcóticos,
seguridad fronteriza y comercio, según cita la investigación Mexico:
Issues for Congress (15 de febrero de 2012) de Clare Ribando Seelke,
especialista en estudios de América Latina del Servicio de Investigación del
Congreso.
Ribando afirma que el Congreso estadounidense seguirá financiando la Iniciativa
Mérida (IM), y la Administración Obama ya pidió 269 mil millones y
medio de dólares para el Año Fiscal 2013, que incluyen 234 millones de la IM.
Asimismo, la analista prevé que la violencia ligada al narcotráfico en el norte
de México “mantendrá la seguridad fronteriza en la agenda de los comités
congresionales”.
Ese interés tiene eco en las acciones de congresistas estadounidenses
como el republicano Michael McCaul, quien percibe la frontera sur de Estados
Unidos como una potencial puerta de acceso de terroristas. En marzo de 2011,
McCaul lanzó una iniciativa para que el Departamento de Estado designara como “organizaciones
terroristas extranjeras” (FTO según las siglas en inglés) a los carteles de
drogas mexicanos. Argumentó para ello que esos grupos “usan carros-bombas,
exhiben a individuos asesinados, mutilan y decapitan cuerpos y cometen ataques
indiscriminados contra civiles, como el incendio provocado contra el Casino
Royale el 25 de agosto de 2011 en Monterrey”. Y concluyó recordando que, en
el aquel entonces, el presidente mexicano Felipe Calderón afirmó: “Enfrentamos
a verdaderos terroristas”.
Aunque la propuesta de McCaul no cristalizó en el Senado, el Ejecutivo
estadounidense reforzó su compromiso de hacer “más segura que nunca” la
frontera con México. Seis días después de la iniciativa del legislador, un Predator
B de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza emprendió su vuelo
inaugural desde su base en Corpus Christi, Texas hacia la frontera con México.
Esa aeronave, que según The Christian Science Monitor vuela
hasta 30 horas seguidas, se integró a la flota de 9 drones de la CBP en la
frontera suroccidental.
El estudio Drone, sweet drone de Micah Zenco, publicado
en Foreign Policy, describe que desde 2005 la CBP desplegó sus
drones para vigilar toda la frontera. Con su ayuda, en 2011, se incautaron más
de 21 toneladas de droga y se detuvo a 7 500 sospechosos de actividades
ilegales, según la Oficina de Contabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas
en inglés). Sin embargo, ese resultado no es proporcional a los más de 250
millones de dólares que ha invertido en los últimos 6 años el estadounidense
Departamento de Seguridad de la Patria –del que depende la CBP. En ese lapso de
tiempo, la agencia estadounidense pagó 18 millones de dólares por cada Predator y
cada hora de vuelo cuesta 3 234 dólares, lo que representa casi un gasto de 65
000 dólares por cada misión de 20 horas.
Para definir su cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad,
al próximo gobierno mexicano le conviene considerar el poder del llamado “lobby
de los drones” (y de la tecnología que los impulsa) en el Congreso
estadounidense. Para el analista Alex Bronstein-Mofty, de la organización The
First Street Research Group que investiga el comportamiento de los
cabilderos en Estados Unidos, ese “es uno de los lobbies más poderosos”.
Ese grupo está codirigido por el republicano Howard P. “Buck” McCleon y por el
demócrata texano Henry Cuéllar y reúne a 58 legisladores.
Bronstein-Moftu afirma que todos ellos recibieron contribuciones para
sus campañas por 2,3 millones de dólares del sector aeroespacial, muy poderoso
en Estados Unidos, según “The drone makers and their friends in Washington”,
reportaje de Jill Reploge transmitido el 5 de julio de 2012 por la emisora KPBS
de San Diego State University. Esa información se basa en la investigación delCenter
for Responsive Politics, de Fronteras Desk y porInvestigative
Newsource, del sur de California.
LOS
DRONES AZTECAS
En contraste, el crecimiento del sector de drones se mantiene en
silencio, a pesar de su vertiginoso crecimiento en el mundo, por lo que no se
descarta que su influencia política y económica sea proporcional a la que
ejerce en otros países. Esa cuestión, ligada a la seguridad aérea del país,
también es responsabilidad del próximo Ejecutivo federal y del poder
legislativo. Entre tanto, la mayoría de mexicanos ignora que México posee y
opera sus propios vehículos aéreos no tripulados.
Algunos se enteraron de manera fortuita, cuando el 13 de diciembre de
2010 un drone mexicano se desplomó en el patio de un domicilio
en El Paso, Texas. Se presume que era un Skystar 300, que fue
recogido de inmediato por investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del
Transporte y elementos de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza,
quienes lo llevaron a “un puente internacional” donde fue devuelto a
funcionarios mexicanos, según la crónica del diario El Paso Times,
publicada el 17 de diciembre de 2011.
A esa anécdota se sumó la revelación, este año de 2012, de la compra de
drones Hermes 450 por la Secretaría de la Defensa Nacional a
la firma israelí Elbit Systems por 25 millones de dólares, compra realizada
entre el 30 de abril y el 30 de julio de 2009. Eso se conoció cuando WikiLeaks publicó
los correos electrónicos de la firma de inteligencia Stratfor,
mensajes que citaban a una “fuente militar mexicana” que aseguraba que
los drones hebreos eran menos efectivos que los de la empresa Hydra
Technologies. Según la fuente secreta deStratfor, la adquisición se
habría concretado por un presumible pago de sobornos.
Pese a esos actos fallidos, México ya produce sus propios drones, entre
ellos el S4Ehécatl, que hizo su vuelo inaugural el martes 19 de
junio de 2007, en la Feria Internacional de Aeronáutica y el Espacio, de Le
Bourget, en Francia. El 9 de agosto, la Asociación Internacional para Sistemas
de Vehículos No Tripulados (AUVSI) le otorgó el reconocimiento Al
Contribuyente Sobresalientea este vant fabricado por Hydra
Technologies de México, que tiene 8 horas de autonomía, vuela a toda hora y
realiza misiones militares y civiles, dispositivo que ya adquirieron la SSP y
la FAM.
El
drone mexicano conocido como “El Gavilán” voló por primera vez en junio de
2008.
Le sigue El Gavilán, con 90 minutos de autonomía, que voló
por primera vez el 10 de junio de 2008 en San Diego, California, durante la
exposición de la AUVSI. Otro más es el S5 Kukulcán, que debutó en
2010, en la Feria de Farnborough, y cuyo esquema se aproxima al del Hermes
450 y el mini drone E2 Colibrí, eficaz en labores de
vigilancia y reconocimiento aéreo.
Ese es el potencial tecnológico que el futuro gobierno mexicano debe
examinar y decidir si alienta su desarrollo o si mantiene su dependencia de los vant’s extranjeros.
Los analistas estadounidenses insisten en que la frontera con México es un
escenario peligroso a corto plazo. Uno de ellos, Brian Michael Jenkins asesor
del presidente de la Rand Corporation, así lo sostiene en su estudio titulado:Nuevos
desafíos para los esfuerzos antiterroristas de EU: una actualización de la
actual amenaza terrorista (11 de julio de 2012). Refiere este analista
que la “insurgencia criminal” de los cárteles de las drogas que se vive
en México es un peligro para Estados Unidos y anticipa que los estados
fronterizos mexicanos seguirán siendo “caóticos, violentos e ingobernables”.
Esa perspectiva anticipa que el próximo gobierno de México mantendrá la
dependencia tecnológica en su cooperación antidrogas con Estados Unidos. Así se
deduce de la respuesta de Emilio Lozoya, el Coordinador de vinculación
internacional de la campaña del candidato presidencial del Partido
Revolucionario Institucional, a Dolia Estévez cuando afirmó que no se trata de
dinero: “Somos la decimocuarta economía del mundo, dinero es lo que menos
necesitamos. Lo que más necesitamos es cooperación en materia de inteligencia y
entrenamiento” (“La Cooperación antidrogas”, Poder 360, julio
de 2012).
Fuente
Sin Embargo (Mexico)
Sin Embargo (Mexico)
No hay comentarios:
Publicar un comentario