Ayer, a menos de 24 horas del cierre de las casillas electorales y
sin que haya aún resultados definitivos para los comicios del pasado domingo, el
candidato presidencial de los partidos Revolucionario Institucional y Verde
Ecologista, Enrique Peña Nieto, anunció que integrará un equipo de trabajo,
compuesto por
profesionales y expertos en el ámbito de las políticas públicas, para redactar las iniciativas de reforma que el político mexiquense planea enviar al Congreso de la Unión en materia hacendaria, laboral, energética y de seguridad social.
Las declaraciones del priísta, en conjunto con la premura de las autoridades
electorales, de los medios de comunicación y del propio titular del gobierno
federal, Felipe Calderón, por declararlo vencedor de los comicios del pasado
domingo, abonan a la percepción de que se busca crear un ambiente propicio para
su declaratoria como presidente electo, por más que el proceso electoral vigente
diste mucho de haber concluido. Como recordó ayer el aspirante presidencial de
las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, dicho proceso tiene que recorrer
aún un largo camino institucional y legal –que pasa por la realización, a partir
de mañana, de los llamados cómputos distritales y concluye con la calificación
de la elección por el tribunal electoral y con la emisión del fallo
correspondiente–, durante el cual tendrán que investigarse el cúmulo de
denuncias por prácticas ilegales y antidemocráticas que han salido a la luz
pública en días y horas recientes.
Las sospechas o certezas sobre prácticas fraudulentas antes y durante los
comicios de este primero de julio motivaron ayer mismo una masiva marcha del
movimiento #Yosoy132 en repudio a la
suciedad electoral, así como el anuncio, formulado por el propio López Obrador, de que el Movimiento Progresista impugnará la elección y agotará todos los cauces legales para transparentarla.
Pero más allá del aspecto formal, la alocución del abanderado del
tricolor desnuda sus pretensiones de encabezar un gobierno volcado a la
profundización de las llamadas reformas estructurales que vienen siendo
aplicadas desde hace cinco sexenios: apertura del mercado interno,
adelgazamiento del Estado, liquidación de las estrategias de bienestar social y
de subsidios a la economía popular, privatización masiva de bienes públicos,
transferencia de los fondos de jubilación de los trabajadores a las
corporaciones financieras privadas, políticas de contención salarial y de
hostigamiento oficial a los sindicatos independientes, desregulación
indiscriminada y aplicación de criterios fiscales que exoneran de la mayor parte
de sus obligaciones a los grandes capitales y se encarnizan con los causantes
cautivos. En el momento presente, el candidato presidencial favorecido por las
tendencias oficiales anunció su pretensión de centrarse en las reformas
hacendaria, laboral, energética y de seguridad social.
De consolidarse y concretarse la anunciada victoria en las urnas de Peña
Nieto, el grupo gobernante deberá tomar en cuenta no sólo a la parte de la
ciudadanía que considera inaceptable tal victoria por los métodos inequitativos
y oscuros puestos en práctica para lograrla, y que se moviliza por su
esclarecimiento, sino también al sector social que se ha opuesto en forma
sistemática a la orientación política y económica de las recientes
administraciones federales y a la aplicación local del llamado consenso de
Washington, y que hace cuatro años se mostró como mayoritario y logró detener el
intento oficialista de privatizar los sectores más redituables de la industria
petrolera nacional.
En suma, incluso si se confirman los datos proporcionados por los conteos
rápidos del IFE, se determina la validez de la elección y se oficializa la
victoria electoral de Peña Nieto, sería un grave error de éste y de su equipo
creer que los sufragios obtenidos el pasado domingo equivalen a un mandato para
continuar y ahondar reformas antipopulares y lesivas para el interés nacional.
Si la convocatoria del abanderado priísta a
deponer diferencias y ocuparse de construir a favor de Méxicoes algo más que mera retórica, deberá abstenerse de revivir elementos de división y discordia como las citadas modificaciones al marco legal vigente.
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