La oleada de violencia que afecta a Michoacán continuó durante la jornada de ayer, con al menos seis ataques contra elementos de la Policía Federal, que dejaron 22 muertos, y el bloqueo de carreteras y autopistas con vehículos presuntamente colocados por delincuentes.
En forma significativa, al referirse al ataque ocurrido el pasado lunes contra guardias comunitarios y civiles en el municipio de Los Reyes, Michoacán –en el que cinco personas murieron y ocho resultaron lesionadas–, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, atribuyó los hechos a
una respuesta (de la delincuencia) a los avances del gobierno de la República, y por supuesto del estado de Michoacán, en favor de los ciudadanos, de restablecer el orden, la paz y la seguridad.
Las declaraciones de Osorio Chong constituyen, en esencia, la recuperación de uno de los mayores despropósitos discursivos del calderonismo durante los pasados seis años, que consistió en presentar los numerosos hechos de violencia durante la pasada administración como pruebas de que el gobierno federal estaba ganando la
guerra contra la delincuencia organizada.
La falsedad de esos alegatos queda demostrada a la luz de la violencia incontrolable que persiste en Michoacán –entidad donde se inició la campaña policiaco militar del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico–; de la circunstancia de zozobra generalizada que se vive en regiones como la Tierra Caliente de Guerrero –varias de cuyas comunidades han experimentado un éxodo de habitantes por temor a las bandas delictivas– y en diversas entidades del norte del país, así como del elevado número de homicidios, secuestros, extorsiones y demás expresiones delictivas que se siguen suscitando en el territorio.
Dicha continuidad en los escenarios de violencia pone de relieve otra que resulta igual de preocupante: la que puede observarse entre los rumbos de acción de la pasada administración federal y de la actual en materia de combate a la criminalidad, que se ha mantenido sin cambios en lo esencial.
En efecto, a más de siete meses de iniciada la actual administración, los cambios más significativos en materia de seguridad se han producido precisamente en el ámbito de lo formal y lo discursivo: el deslinde inicial formulado por el presidente Enrique Peña Nieto, respecto de la desastrosa estrategia anticrimen de su antecesor; la enunciación del propósito de modificar la política de seguridad pública, combate a la delincuencia y atención a víctimas, e incluso los cambios de formato de presentación pública de presuntos criminales capturados por las autoridades, como pudo observarse recientemente con la detención de Miguel Treviño Morales, el Z-40.
Fuera de ello, las acciones gubernamentales no se han hecho acompañar de una estrategia integral que permita contener la violencia mediante el ataque a sus causas originarias en los ámbitos social, económico, educativo, institucional, además del estrictamente policial.
Ciertamente, los fenómenos delictivos que recorren al país son demasiado complejos para pretender solucionarlos en unos cuantos meses, pero sería deseable que la actual administración cuando menos diera los primeros pasos, en la dirección correcta, para lograr tal objetivo.
Un punto de arranque obligado es dejar de lado los desastrosos alegatos que caracterizaron a la pasada administración y reconocer los problemas sin regateos a la realidad.
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