Los beneficiarios
de un sistema político y económico sumamente injusto y depredador, siguen sin
entender que los problemas sociales tienen una causa y un efecto, y que cuando
se confunden se crean conflictos mayores, como lo demuestra la Historia. Ahora la
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), pidió
al Movimiento Progresista frenar los ataques contra las tiendas Soriana, cuando
en realidad debería exigir a los dueños de esta cadena comercial aclarar todo
lo concerniente a su participación en el asunto de las tarjetas con las que el
PRI compró votos a gente sumida en la miseria y la desinformación.
Es obvio que no fue gratis la componenda, sino un negocio que debe haberle
redituado cuantiosas ganancias. Pero como el PRI no cumplió plenamente su
compromiso, como se demostró cuando trascendió que algunas de esas tarjetas no
eran aceptadas por las cajas, empezaron las protestas de los supuestos
beneficiarios y la sucia maniobra quedó descubierta. Vista la situación por la
dirigencia priísta, se apresuraron a culpar a la izquierda y particularmente a
Andrés Manuel López Obrador, al mismo tiempo que echaban a andar una estrategia
de control de daños al estilo mafioso: se activó una escalada de violencia con
provocadores del propio partido a fin de culpar a las corrientes del Movimiento
Progresista.
Por ello en este momento es muy difícil precisar cuál acción contra las tiendas
Soriana es hecha por ciudadanos que fueron burlados por el PRI, y cuáles otras
son parte de la estrategia de provocación para culpar a la izquierda y al mismo
tiempo destacar la noción de que ésta es violenta por naturaleza. Dice Pedro
Joaquín Coldwell que “es una ofensa para los mexicanos decirles que se compró
su votó”. La burla es manifiesta, pues lo verdaderamente ofensivo es haber
incurrido en esa y otras prácticas lesivas de la dignidad del pueblo. El colmo
fue que ni siquiera hubo la intención de cumplir plenamente con la cifra
prometida, como lo demostraron los hechos, motivo por el que la gente burlada
se indignó.
El compromiso ahora es para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), el cual cometería un desacato extraordinario a la
Constitución si no anula los comicios por la Presidencia. Cada día surgen
nuevas pruebas de las ilegalidades cometidas por el PRI, las cuales se pretende
nulificar con palabras y con actitudes de “enojo” y de sorna. Tal es el caso
con los documentos probatorios de la triangulación de fondos realizada por Luis
Videgaray a través de una cuenta de Scotiabank cuyo titular es el gobierno del
estado de México, por un monto que supera los 8 mil millones de pesos.
La propia institución bancaria, con tal de quedar bien con su poderoso
cliente, hizo un desmentido revelador: negó en un escueto comunicado que
Videgaray sea el titular de la cuenta de referencia, cuando existen documentos
que demuestran lo contrario, mismos que fueron entregados a la prensa. Ricardo
Monreal informó que dichos documentos probatorios fueron entregados durante las
asambleas distritales para recabar evidencias de la compra de votos. Esto
demuestra que hay ciudadanos que están hartos del cinismo de los tecnócratas
priístas, y están contribuyendo a que las cosas cambien en el país.
Tal situación patentiza el gran riesgo que se corre si las autoridades
electorales se prestan, de manera indigna y contraria incluso al espíritu y la
letra de la ley, a los designios infamantes del grupo en el poder. Otro sexenio
igual o peor como los vividos en los últimos treinta años, no lo resiste más la
población mayoritaria. Así lo demuestra el renovado interés ciudadano en
ofrecer pruebas de las prácticas ilegales del PRI. Cada vez más gente está
comprendiendo, incluso la menos informada, que el sistema político y económico
está armado para beneficiar a unos pocos a costa del empobrecimiento de cada
vez más población indefensa.
Así lo demuestran los hechos y datos duros, como los que acaba de dar a conocer
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): en el primer semestre del
año, los 42 bancos comerciales que operan en México, casi todos extranjeros,
obtuvieron utilidades por un monto de 43 mil 500 millones de pesos, 24.2 por
ciento superior al del mismo periodo del año anterior, que fue de 35 mil
millones de pesos. La mayor parte de ese dinero fue a parar al extranjero,
donde se ubican las casas matrices de estos bancos. Lo más lamentable de
esta situación es que los mayores beneficios los obtuvieron de los créditos
personales y de nómina, que son mucho más caros que los de las tarjetas de
crédito. ¿Adónde vamos a parar por este camino de depredación y agio, protegido
por el Estado neoliberal?
Guillermo Fabela - Opinión EMET
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